«Un país que no controla lo que come su gente es un estado fallido»

Brasil es el segundo país con mayor concentración de tierras en menos manos del mundo. El 1% de grandes latifundistas posee casi la mitad del suelo cultivable. En ese escenario germinó hace más de 30 años la más importante fuerza social de América Latina: el Movimiento sin Tierra (MST). Sus ocupaciones de fincas han logrado la comprensión de millones de personas que han exportado el fenómeno a otros países. Pero solo ha sido la base de un trabajo global que les permite estar en 68.000 escuelas rurales y abrir cientos de centros de formación agraria. Un modelo que se ha exportado a otros países. Todo con el objetivo de hacer frente a lo que Simone Silva llama «agrocapitalismo global». Coordinadora Pedagógica en las escuelas agrarias de MST, Silva visitó Valladolid una gira invitada por la ONG Entrepueblos.

¿Cuál es el papel hoy de un movimiento como el suyo?

Sigue siendo emblemático. Porque la tierra en Brasil está en manos de grandes capitales y latifundistas. Piense que el 1% de los propietarios poseen el 46% de todas las tierras. Para nosotros, la producción agrícola es un derecho y se enmarca en la lucha de clases y el esfuerzo por asegurar la seguridad alimentaria. A los gobiernos, su control les sirve como forma política para ganar elecciones.

La lucha por la tierra va mucho más allá de lo que produce.

La lucha por la tierra es también el derecho a estar en los mercados, a saber qué productos llegan y a reclamar también el derecho a los alimentos producidos de forma saludable.Los países importan una gran parte de lo que comen. Cada vez somos más dependientes del capitalismo agrario. No se puede construir un país sin luchar por ese proceso, que cumple su función social. Y no solo en el papel de los campesinos sino de toda la sociedad. Un país que no controla lo que come será siempre un estado fallido.

Llevan más de 30 años en este proceso en Brasil. ¿Qué balance hacen de estos años?

En ese tiempo nos hemos convertido en el movimiento social más importante de América. Somos 1,5 millones de personas y más de 400.000 familias que participan del desafío a la realidad. Que siguen luchando por una auténtica reforma agraria creando redes de formación, apostando por producciones familiares. Enfrente, nuestros gobiernos apostaron por facilitar el control a las grandes empresas. Muchas tierras se han expropiado o vendido y ahora se usan en monocultivos con los mayores niveles de pesticidas del mundo o en la producción de combustibles ecológicos.

Por eso tratan de llevar el debate a toda la sociedad. Afecta a todos lo que llega a su mesa.

Sí, siempre pensando en el derecho a la soberanía alimentaria. En Brasil somos 200 millones de personas pero todavía 40 viven bajo el umbral de la pobreza y hay al menos 10 millones de hambrientos. En un país tan rico como el nuestro estos datos no son tolerables.

En los últimos 12 años está gobernando el Partido de los Trabajadores (PT). ¿Ha mostrado comprensión o apoyo a su labor?

Algunos dicen que han cambiado más cosas en estos 12 años que en 500. Pero el progreso se ha basado mucho en el acceso al consumo y no en cómo mejoramos nuestras condiciones de vida. Nosotros nunca entregamos nuestra autonomía frente al poder porque ningún gobierno va a ceder. Sin lucha no hay conquistas. Eso nos ha fortalecido todavía más en estos años de progreso real. Estamos aquí para reclamar atención hacia los más pobres y hay mucho que hacer aún.

Están en 24 de los 27 estados de Brasil, pero su influencia está centrada en el norte y el nordeste. ¿Qué pasa en las zonas urbanas?

Como todo movimiento social, hay momentos de efervescencia y otros de parón. Tenemos una alianza con las clases trabajadoras de los grandes asentamientos urbanos. Tanto cuando hay conflictos en las fábricas como en protestas de los indígenas, siempre estamos allí.

También han liderado las campañas mundiales por el derecho a esa soberanía alimentaria.

Hoy día, más de 80 países luchan en la plataforma mundial de Vía Campesina. El acceso a una alimentación sana y vigilada por los ciudadanos solo puede alcanzar un nivel de presión en los grandes foros con la unión de todos. Incluso hemos logrado una conferencia alternativa a las cumbres de la FAO (Fondo para la Alimentación de Naciones Unidas). Incluso en Europa y, por supuesto en España, países ricos, hay grupos de lucha contra las políticas agrarias. Ustedes son cada vez más dependientes de los grandes productores de productos básicos.

En España, el Sindicato de Jornaleros del Campo ha ocupado grandes fincas en Andalucía y Extremadura. Pero aquí acaban en los juzgados. ¿Qué sucede en Brasil cuando ocupan una finca?

La Constitución brasileña contempla que la tierra que no está ocupada o en producción se puede ocupar y explotar. Actuamos en estas condiciones desde la legalidad, con gabinete jurídico. Pero también actuamos y denunciamos cuando es usada por un latifundista que se dedica a monocultivos dañinos.

¿Cuál es el efecto práctico de su lucha en la alimentación diaria?

En las zonas en las que tenemos más presencia hemos logrado que el 75% de los alimentos que llegan a los hogares provengan de los productores locales, aunque solo tienen el 18% de las tierras. Algo que no consigue el 46% de control que tienen los terratenientes. Y que demuestra hasta qué punto se podrían transformar las cosas.

En Europa crece poco a poco la demanda de productos biológicos. ¿Ocurre igual en su país?

Ya existe un gran debate sobre la producción local. Mucha gente que tiene algo de dinero prefiere comprar en la agricultura orgánica porque no se fía de los grandes mercados. Todo el mundo debería tener derecho a elegir qué quiere comer.

¿Ese debate también llega a los alimentos transgénicos? Brasil es uno de los grandes introductores.

Es un terreno en el que hemos tenido pocas victorias. De hecho, nuestro Congreso ha aprobado nuevas licencias de maíz y soja transgénicas cuando en otros países se ha prohibido. Hemos hecho acciones de protesta en varios laboratorios para fomentar el debate. A todo esto hay que sumar los graves daños ambientales que está generando ya esta política en Brasil, que tiene la mayor biodiversidad del mundo.