UPyD acusa a la cúpula de Caja Duero de causar un agujero de 160 millones

UPyD se ha querellado en la Audiencia Nacional contra la excúpula de Caja Duero -hoy Banco Ceiss-, en la que se encuentra el expresidente de la entidad Julio Fermoso, por cuatro operaciones inmobiliarias «de escasa racionabilidad financiera» con las que se pudo provocar un agujero de 160 millones, informa Efe.

El responsable de Regeneración Democrática de UPyD, Andrés Herzog, y los candidatos del partido a la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, y al Ayuntamiento de Zamora, José Miguel Mateos, han registrado su escrito en el que acusan a cuatro exresponsables de un delito de estafa agravada, administración desleal y otro de estafa a inversores. Se trata de Fermoso, el exdirector de Infraestructura Juan Marcos Marín; el de Inversiones del Grupo Negocio Duero Juan Ramón Sagarmínaga y el exdirector adjunto de Caja Duero Antonio Sánchez.

UPyD detalla cuatro operaciones relativas a la financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles y/o participaciones en sociedades promotoras, cancelación de deudas, «pago de altas comisiones a intermediarios» por la compra de los mismos o inversión en sociedades de «precaria situación económica».

Engaño

En concreto, se refieren a la compra de los edificios Marqués de Villamagna en Madrid, María La Brava en Salamanca, la de un local en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y la de participaciones sociales de la empresa Alqlunia Duero, que causaron «importantes pérdidas» de alrededor de 160 millones.

Dichas operaciones fueron realizadas «con una inusual rapidez» y siempre con la participación de los cuatro querellados los cuales, usando una información financiera no fiable, «engañaron a los órganos internos de Caja Duero con el fin de obtener el visto bueno».

En el caso de la compra de la sede de Caja Duero en Madrid, acusa directamente a Fermoso -imputado en la Audiencia Nacional por las preferentes de la entidad y por un Juzgado de Madrid por el caso Nozar- de haber causado un perjuicio de 55 millones en mayo de 2007, cuando las condiciones «desaconsejaban, en términos de lógica financiera, la operación».

La siguiente operación denunciada, en la que la caja pagó un sobrecoste, el agujero asciende a 18 millones, cuando la compra debía haberse cargado al presupuesto de la obra social y cumpliendo una serie de trámites legales previos que no se siguieron.

También se engañó a los miembros de la Comisión Ejecutiva y del Consejo para que aprobasen la adquisición del local valenciano, con lo que se originaba un «perjuicio patrimonial real de más de 15 millones».

Sobre anónimo

Por último, en la compra del 60 % del capital social de Alqlunia, que causó un perjuicio de 25 millones, se ocultó a los órganos internos de la entidad que existía una tasación independiente que valoraba el precio de ese porcentaje hasta en un 70 % menos.

Herzog ha explicado que esta nueva querella tiene su origen en un sobre anónimo que recibió el partido con documentación oficial sobre estas cuatro operaciones inmobiliarias que fueron objeto de revisión por parte de Banco Ceiss -fruto de la fusión de Caja Duero y Caja España- siguiendo las instrucciones del FROB.

Con ella, el partido pretende «una investigación exhaustiva de la gestión del Banco Ceiss« y «combatir la impunidad», porque «no puede ser que mientras los ciudadanos siguen deslizándose por la pendiente de la pobreza, estos señores queden impunes».

En este sentido, ha recordado que los hechos están próximos a la prescripción, al tiempo que ha lamentado que «el proceso de depuración de las cajas de ahorros se esta haciendo con enorme opacidad».