Los autónomos pierden once días al año por trámites administrativos

Revisar el 'stock' normativo para identificar las trabas administrativas y cargas burocráticas que se imponen a los trabajadores por cuenta propia en su relación con la administración es el principal objetivo del convenio de cooperación firmado entre la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) y el Ministerio de Economía y Administraciones Públicas, según afirmó ayer la presidenta de ATA Castilla y León, Soraya Mayo, en una jornada que tuvo lugar en el hotel Felipe IV, en Valladolid.

Se trata de un compromiso electoral del Partido Popular, que quiere reducir las trabas y trámites de las administraciones públicas. En este sentido, «es tan importante bajar impuestos como eliminar trabas administrativas», porque a los autónomos se les hace perder de media 11 días al año, por cuestiones de trámites que exige la administración para poner en marcha su negocio, argumentó Soraya Mayo.

Para que las quejas y sugerencias de los trabajadores autónomos lleguen a la administración, ATA ha puesto en marcha una serie de jornadas que se celebran por toda España. También se ha creado un buzón de sugerencias al efecto. De modo que, lo importante no es que ATA cuente cuál es la mejor fórmula para interactuar con la administración, sino que los autónomos cuenten qué problemas tienen y dónde están las trabas administrativas que se pueden eliminar. De este modo, la Federación de Trabajadores Autónomos puede identificar esas dificultades para resolverlas o bien trasladarlas al ministerio competente o, en su caso, a las comunidades autónomas, para que las estudien y adopten una solución.

La reivindicación genérica por parte de los trabajadores autónomos «es siempre la de simplificar», según afirmó la vocal asesora de cargas administrativas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Rocío Pérez de Sevilla. Simplificar en el sentido de hacer la vida más fácil a los empresarios, porque en numerosas ocasiones los autónomos se sienten perdidos, no saben a cuál administración dirigirse y qué procedimiento le afecta. Así, «hay que hacer nuevas leyes pensando en el empresario», matizó.

Política regulatoria

En este contexto de crisis económica, una buena política regulatoria es uno de los pilares básicos de la política económica, porque «cuando hay buenas leyes se crean mejores condiciones sociales», tanto para los ciudadanos como para las empresas, indicó la vocal Rocío Pérez. En este sentido, apuntó que «cuanto menos tiempo y dinero pierda el empresario con la administración, más tiempo y dinero podrá dedicar a su negocio». En el año 2008 se firmó un convenio entre el Banco Mundial y los bancos centrales y se valoró cual era la carga económica que suponía al empresario las cargas administrativas. Un año después, un estudio reveló que la carga económica suponía el 4,5% del PIB. De forma que, se han tomado medidas para reducir la burocracia administrativa en 2009. De hecho, para ese año España tenía como objetivo reducir el 30% de las cargas burocráticas, que en términos absolutos supone 15.000 millones de euros, el cual se superó con creces al conseguir reducir más de 20.000 millones de euros, según expresó Rocío Pérez.

Desde 2012 hasta ahora las medidas que se han tomado no han supuesto un ahorro como en los años precedentes. El principal ahorro se concentra en la administración electrónica, según indicó la vocal.

Las trabas administrativas son por ejemplo las cuatro inspecciones a las que están sometidos los taxistas de Madrid, dos nacionales, por parte del ministerio, y dos municipales, por parte del ayuntamiento. También las quejas relacionadas con la administración electrónica que es ineficaz en las zonas rurales.