Coto a la violencia en el baloncesto: protección a menores, multas a padres y suspensión de partidos

Los insultos y la violencia gestual y verbal hacia los colegiados son una práctica al alza, que ha propiciado que la federación regional tome cartas en el asunto y haya aprobado un protocolo antiviolencia para la presente temporada.

El plan eleva la potestad del colegiado para parar, expulsar, incluso suspender un partido cuando entienda que se está produciendo un episodio violento, y aunque está focalizado en su persona y los ataques que están recibiendo semanalmente, también contempla otro tipos de agresiones de tinte machista, xenófoba o racista. «En el momento que se aplique el protocolo, el árbitro lo reflejará en el acta, y el club local recibirá una multa», agrega el director general de la FBCYL, que explica que a todos los clubes se les ha invitado a que repercutan estas a los agresores –en la mayoría de los casos padres o familiares de los propios jugadores–. «Esto solo funciona si los clubes se involucran, y logran que los propios padres hagan lo propio», admite el representante federativo.

«Quizá la primera multa de 300 euros... se asuma, pero ya veremos cuando se acumulen. Son esos padres que van a una cancha a vivir un partido tranquilo y en convivencia con los demás los que tienen que denunciar al de al lado que está actuando de forma incorrecta», analiza José Alberto Martín. «No creo que haga mucha gracia que haya grupos de padres que tengan que pagar multas a escote, porque uno o dos la estén liando», subraya.

El protocolo es la respuesta a una «normalización del odio». «No es normal que se de por usual que en partidos de niños de diez años, los padres hablen de robo, aunque solo digan esta palabra. Eso no sucedía hace quince años», lamenta Martín, quien asegura que esta corriente viene derivada de otros deportes y el bombo mediático que se dan a las actuaciones de los árbitros. «Es inaudito que se piense que un árbitro de 14 años va con una idea preconcebida a partidos de benjamines».

En este sentido, desde la FBCYL se pondrá especial celo a la hora de proteger a los menores, y los árbitros y jueces de mesa que sean menores llevarán un brazalete que les identificará. «Así el público sabrá que ante una denuncia en un tribunal tendrá toda las de perder».

Los insultos y vejaciones hacia los colegiados además han derivado en una falta de árbitros que amenaza a todo el entramado deportivo en Castilla y León. «Vienen al curso y duran menos de un año... Ven el panorama y no vuelven», admite el director general, quien admite que ya hay problemas en provincias como Zamora, Ávila o Palencia. «Van a arbitrar de otras provincias, con lo que eso conlleva a nivel de gastos para las propias competiciones».