Sueldos en las Cortes y zonas de niebla cerrada

Esa nómina mensual debería ir acompañada de un sistema accesible de rendición de cuentas en el que se pudiera comprobar con facilidad en qué emplea el tiempo cada procurador, qué preguntas hace, que iniciativas registra, en qué debates participa y qué defiende en ellos. Esto último, en la era de la Trasparencia, es hoy una quimera en la página web de las Cortes. También urge un régimen de incompatibilidades riguroso que en 42 años de andadura autonómica, perdonen la ironía, no ha dado tiempo a regular en nuestras Cortes.

Los posibles sueldos de los procuradores son asunto de actualidad informativa después de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox) planteara, en un grupo de trabajo para regular esas incompatibilidades con integrantes de PP y PSOE, pedir una valoración económica del doble sistema de retribuciones y dietas en 2024 y otra de lo que costaría un modelo con todos los procuradores en nómina.

El de Castilla y León es un parlamento atípico en algunas cosas. Que tenga procuradores sin sueldo es una de ellas, algo impensable entre diputados, senadores y en el resto de comunidades. Que carezca de un régimen de incompatibilidades siquiera para los 25 parlamentarios con retribución por dedicación exclusiva es otra.

Las dos cuestiones, sobre todo esta última, dan lugar a asuntos poco aseados, como que haya tenido que ascender un portavoz a eurodiputado en Bruselas para conocer que a los 100.000 euros que le pagaban las Cortes por su dedicación exclusiva al escaño sumaba otros 40.000 en labores de abogado. Era el caso de Raúl de la Hoz, con esa doble retribución. Como en el hemiciclo regional no es obligatorio que sus señorías hagan públicas sus declaraciones de bienes y actividades, era algo que permanecía tapado, en zona de sombra. En Bruselas se vio obligado a darlo a conocer y salió a la luz.

En las Cortes hay 25 parlamentarios liberados, con remuneración que oscila entre 95.551 euros brutos anuales y los 99.871. Los otros 56 reciben dietas y kilometraje cada vez que asisten a un pleno o una comisión. Son procuradores a tiempo parcial y compaginan esa labor con su trabajo. Algo complicado en el ámbito privado. Los funcionarios lo tienen más fácil. Ahí entra el primer efecto perverso del sistema de dietas, el efecto filtro. Es una utopía en muchas empresas que un empleado falte de continuo para ir a plenos y comisiones con viajes, en algunos casos, de más de cuatro horas entre llegar a Valladolid y volver a casa. Eso sin contar que debería documentar esa labor, consultar a expertos o colectivos, una tarea que hoy no está remunerada. Algo que suelen pagar los grupos parlamentarios por la puerta de atrás, con la asignación que reciben de las Cortes.

Ese es otro punto ciego en el manejo del dinero público. Las cuentas que rinden los partidos de esos 3,71 millones de euros anuales son, por lo general, como números garabateados en servilleta de bar. Lo mismo podrían haber pagado bolígrafos que abonos en el Santiago Bernabéu. La barra libre en el gasto de esas subvenciones públicas es total. Es otro asunto que pide luz a gritos y en el que se puede meter la tijera para extender sueldos.

Incluso repensar las cuantías del cogollito actual que sí ingresa nómina, a la que suman (solo ellos) un abono mensual de 1.440 o 1.800 euros para gastos exentos de tributación.

Si se despejan todas esas zonas de niebla quizá no sea tan complejo normalizar las nóminas. Y lo que urge es regular las incompatibilidades. Atajar zonas de sombra es siempre aconsejable. En lo público, mas.