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Vox ve posible un salario para todos los procuradores recortando sueldos actuales y dinero de los gruposCapítulo siguiente al pulso continuado entre PP y Vox en las Cortes de Castilla y León con la regulación de las incompatibilidades de fondo y ... el estudio para analizar la extensión de sueldos a todos los procuradores. Vox sigue adelante con los dos asuntos. Entiende que Carlos Pollán, presidente de las Cortes, tiene respaldo de los reglamentos de funcionamiento del parlamento para hacer propuestas en ambos temas a la Mesa de las Cortes, órgano en el que se sientan también PP y PSOE.
El de Castilla y León es el único parlamento que tiene sin regular las actividades privadas prohibidas a los procuradores o sometidas a autorización y control para atajar posibles conflictos de intereses con la actividad legislativa que realizan en las Cortes, lo que permite casos de doble retribución continuada como el del exportavoz del PP, Raúl de la Hoz, que sumaba a sus casi 100.000 euros de retribución bruta anual parlamentaria por tener dedicación exclusiva otros 40.000 de labores de abogacía. Y es también el único hemiciclo que mantiene a más de 50 parlamentarios sin nómina, cobrando dietas de 220 euros por asistencia a plenos y comisiones.
Tras ese choque PP-Vox, David Hierro, portavoz del grupo ultraconservador, tachó de «anómalo» y «poco transparente» este sistema y volvió a defender que «a los procuradores no hay que pagarles por asistir, hay que pagarles por trabajar y aquellos que hacen su trabajo tienen que cobrar» y apuntó el camino que puede recorrerse para lograr ese objetivo: unir al dinero que ahora se presupuesta para dietas, el afeitado de los retribuciones de los 25 procuradores con dedicación exclusiva y que oscilan entre los 95.551 y los 99.871 euros brutos anuales, y el recorte de las asignaciones que reciben los grupos políticos, que suman 3,71 millones de euros. A ello habría que sumar, posiblemente, las dietas que reciben el presidente de la Junta y los consejeros que son procuradores, que cobran esos 220 euros cada vez que acuden a un pleno o una comisión, ingreso que se sitúa en el entorno de los 7.000 euros anuales y que suman a su salario en el Junta.
La línea roja que Hierro dibujó para extender los sueldos a todo el hemiciclo es «que no signifique más gasto que ahora».
-¿Incluso reduciendo las nóminas de los que ahora sí cobran?, se le preguntó.
-«Lo que haga falta», respondió.
La mañana de este jueves ha sido movida a nivel institucional en las Cortes, con la celebración una reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces horas después de que el PP diese por acabada su participación en el grupo de trabajo creado oficialmente en noviembre para avanzar en la regulación de las incompatibilidades, y en el PSOE reclamaran volver al planteamiento de que se regulen a través de la Comisión de Reglamento, algo que pidieron en 2021. «Ya no hay grupo de trabajo, esa vía está muerta», precisó Luis Tudanca. El socialista recordó que «durante años el PSOE ha estado solo» defendiendo esta regulación, «dándose primero contra el muro de Cs y PP y luego de PP y Vox». Hasta en ocho ocasiones tuvieron que reclamar los socialistas que los letrados hicieran el informe sobre la situación de posible incompatibilidad del popular De la Hoz.
Tudanca ha augurado que si Pollán convoca esa Comisión de Reglamente, la regulación de las incompatibilidades políticas en las Cortes puede «resolverse en una semana», porque sería trasladar lo que ya funciona en el resto de parlamentos. «Cortar y pegar», ha explicitado el socialista, que ha urgido al presidente de las Cortes a darse prisa en convocar la comisión.
Algo que, en principio, Pollán no va a hacer. El presidente de las Cortes citará la próxima semana a los miembros de PP y PSOE del grupo de trabajo inicial (Rosa Esteban y Diego Moreno). Si allí se constata lo ya anunciado y no acuden, el dirigente de Vox avanzará en una propuesta, lo primero en regulación de incompatibilidades, que elevará a la Mesa de las Cortes para que populares y socialistas decidan si la apoyan o la rechazan. Es el camino que consideran más rápido. En ello insistía David Hierro. «¿Si lo podemos agilizar, porqué lo impiden? ¿Qué es lo que tienen que proteger con tanto ímpetu?», se preguntaba el portavoz de Vox, que reconoció que el pacto con el PP frenó el celo de su grupo en esta regulación en la primera mitad de la legislatura.
La hoja de ruta de Carlos Pollán será el estudio económico sobre el coste real de las retribuciones y la dietas y, en paralelo, otro estudio sobre las implicaciones para los procuradores de esa situación. A eso sucederá una propuesta de regulación del artículo 8 del Reglamento, que aborda las asignaciones económicas que perciben los procuradores, y una propuesta de regulación de las incompatibilidades de los procuradores con dedicación exclusiva y sanciones.
Desde el PP, Miguel Ángel García Nieto, que ha ejercido de portavoz en ausencia de Ricardo Gavilanes, ha defendido que la regulación de las incompatibilidades requiere un debate «sereno» y «tranquilo», en la Comisión del Reglamento, «con luz y taquígrafos» y empleando «el tiempo que haya que ocupar y las sesiones necesarias». Nieto no ve posible ese plazo de una semana que fijaba Tudanca para solventar la laguna legal, adaptando a las Cortes de Castilla y León la regulación que aplican otros parlamentos.
El dirigente popular eludió confirmar o desmentir si hay compañeros de escaño que puedan verse en la misma situación que Raúl de la Hoz, algo que, insistió, no sería nada ilegal porque «si no hay un régimen de incompatibilidades nadie en este momento está incumpliendo nada, nadie». Minutos antes, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, había apuntado que el actual portavoz del PP podría estar en esa situación. «¿Por qué no se convocó la comisión hace dos años? Porque PP y Vox estaban juntos y era una cuestión que afectaba al anterior portavoz del PP y hoy estaría afectando al actual portavoz», expresó Pablo Fernández.
El popular García Nieto fue preguntado después en la rueda de prensa por la que desfilaron los representantes de los grupos parlamentarios.
-¿Pero hay algún procurador en su grupo con dedicación exclusiva pagada por las Cortes que esté percibiendo una retribución por una actividad privada?
-«No lo sé, lo desconozco... Desconozco si hay alguien que cobra, no cobra o deja de cobrar. No lo sé... Estamos volviendo a dar vueltas a la misma cosa, yo lo que creo es que hay que avanzar en hacer ese régimen de incompatibilidades, claro, conciso y que se apruebe en el Parlamento y, a partir de ahí todo el mundo tendrá que atenerse al régimen que se establezca, que en este momento no existe», respondió el procurador abulense.
-¿Más allá de la incompatibilidad considera ético que un procurador que cobra por su dedicación exclusiva pueda tener salario por una ocupación en el ámbito privado?
-«Si es legal, podrá tener un salario privado. Yo no lo tengo, pero de momento, mientras no se impida a través de un régimen de incompatibilidades que apruebe la Cámara, posible es», zanjó el parlamentario popular.
Este sería el resumen de las urgencias actuales de los diferentes grupos políticos en regular actividades privadas de procuradores que pueden colisionar con su esfera pública y en abordar el asunto de las retribuciones, en si optar por nóminas para todos a las claras o el sistema en el que hay grupos que por la vía de atrás pagan a los procuradores no liberados una asignación mensual con el dinero de la subvención que reciben de las Cortes para funcionamiento interno.
Pablo Fernández lanzó aquí la propuesta que hace años planteó Podemos. Sueldos para todos y que no superen en ningún caso las tres veces el SMI, con tope de 3.552 euros mensuales en 14 pagos. Eso implicaría una rebaja contundente de las retribuciones que perciben ahora los 25 'liberados' del hemiciclo.
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