Cortes de Castilla y León

El choque PP-Vox por el sueldo de los procuradores se lleva por delante regular incompatibilidades

En la práctica, sin este régimen de incompatibilidades, cualquier procurador con salario abonado por las Cortes puede dedicarse, además, a lo que considere oportuno, desde dar clase a asesorar a empresas o contratar obras, al no estar reguladas las actividades que implican conflictos de intereses entre el ámbito público y el privado. El de Castilla y León es el único parlamento que tiene un vacío legal sobre ese asunto y esa laguna salió a la luz en un informe jurídico que analizaba la doble retribución de Raúl de la Hoz, entonces portavoz del PP, que sumaba a los casi 100.000 euros brutos anuales que percibía como procurador con dedicación exclusiva otros 40.000 por su actividad como abogado. Ahora, el asunto vuelve al punto de partida, a terreno empantanado en un Parlamento que reconoció oficialmente en noviembre que no puede garantizar que haya más casos De la Hoz.

También es un caso aislado entre los parlamentos españoles que los parlamentarios no puedan optar a una dedicación exclusiva. Y eso implica, al regular incompatibilidades, la dificultad de tener que establecer un doble régimen de prohibiciones y autorizaciones de actividades privadas, acorde al doble régimen retributivo que tienen los procuradores en las Cortes de Castilla y León. Ese es el argumento de Pollán para solicitar el informe de los sueldos.

Los populares dan por finiquitado el grupo de trabajo porque dicen que no se fían de presidente de las Cortes (Vox), al que acusan de hacer un «uso partidista», y ese panorama entre los exsocios de Gobierno autonómico lleva en el PSOE a Nuria Rubio, aún fuera de la dirección del grupo parlamentario pero con galones de vicesecretaria del partido en Castilla y León desde hace apenas dos semanas, a considerar ese instrumento de interlocución liquidado.

El grupo de trabajo, encabezado por el presidente de las Cortes y completado por los secretarios que en la Mesa del Parlamento autonómico sientan PP y PSOE (Rosa Esteban y Diego Moreno), apenas ha tenido actividad y quedaba tocado tras los últimos encontronazos del mes de febrero que han protagonizado Vox y PP. El grupo se creó el 12 de noviembre por un acuerdo de la Mesa de las Cortes y se circunscribía desarrollar el artículo 31.1 del Reglamento de las Cortes para regular las «incompatibilidades de los miembros de la Mesa y aquellos procuradores con dedicación exclusiva». Estos son 25 del total de 81 políticos que se sientan en el hemiciclo. El grupo debía plantear una propuesta que, para aprobarse, tenía que contar después con «el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces».

Desde los despachos del PP señalan que el objetivo de la encomienda era conciso, que el 18 de febrero se reunió el grupo de trabajo con abundante documentación sobre cómo regulan las incompatibilidades el Congreso de los Diputados y otros parlamentos y se pidió elaborar un análisis comparado. «Fue una reunión de apenas 15 minutos, con más tiempo casi de saludos que de debate», remarcan, antes de criticar que el día 28, en el acto institucional de celebración del Estatuto de Autonomía, el presidente Pollán abriera, «por cuenta propia, sin comunicación y sin ningún rigor» el 'melón' del informe sobre extender las nóminas a los más de 50 parlamentarios que ahora compaginan el escaño con su actividad laboral, una situación singular entre los parlamentos españoles. El enfado fue tal que el PP no asistió al pincho posterior al acto institución, al entender que Pollán confunde el ámbito institucional y el del partido.

El encontronazo de la celebración del Estatuto de Autonomía estuvo abonado por el cruce de reproches entre PP y Vox ante la iniciativa (no tramitada oficialmente) por la que los de Abascal querían proponer para una medalla parlamentaria a Javier Carrera, procurador de su bancada recientemente fallecido. Una propuesta que no tenía precendentes entre la amplia nómina de parlamentarios que han muerto desde 1983 hasta ahora.

Eso lleva a los populares a resituarse. Vetan abordar ampliar los sueldos a los procuradores actualmente 'no liberados' para la labor del escaño. «Es un asunto que no se ha tratado en el grupo y no hay posición al respecto», apuntan. Y circunscriben cualquier avance a la regulación de las incompatibilidades de los 25 procuradores con dedicación exclusiva, pero no ya en el grupo de trabajo, sino en la Comisión de Reglamento, porque entienden que es un cauce oficial 'vacunado' contra las tergiversaciones de parte porque todo queda registrado en los Diarios de Sesiones. La convocatoria de ese órgano fue lo primero que en noviembre, tras censurar la doble retribución del popular De la Hoz, urgió el Grupo Socialista para regular las incompatibilidades. Nuria Rubio confirmó este martes que ese es el camino que vuelve a plantear el PSOE y que también Carlos Martínez, nuevo secretario general de los socialistas en la comunidad, ha tendido la mano a Alfonso Fernández Mañueco para abordar temas parlamentarios en la reunión que tienen pendiente.

La Comisión de Reglamento es una vía que se abre a todos los grupos de las Cortes, en la que queda constancia de todo lo que se debate, pero más lenta y donde cualquier asunto puede atascarse, lo que implica que la situación de las incompatibilidades corre más riesgo de quedar como está. Sin regular.