Castilla y León

Las Cortes piden un informe para saber cuánto costaría que todos los procuradores cobren un sueldo

¿Y el resto de procuradores? Pues esos cobran dietas por asistencia a plenos y comisiones y kilometrajes. Durante el año 2024 hubo 52 procuradores que percibieron esas dietas durante todo el año, ya que algunos han pasado a ocupar portavocías, como el popular Ricardo Gavilanes. Entre todos ellos, en dietas, cobraron un promedio de 22.355 euros en un año. Un gasto total por plenos y comisiones de 1.140.150 euros a los que hay que sumar las percibidas por otros parlamentarios que, o bien ya no están en el hemiciclo o son miembros del Gobierno (el propio Alfonso Fernández Mañueco, por ejemplo) o han sido designados portavoces en algún momento. En total, otros 98.880 euros.

A partir de estos números, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha pedido un informe para conocer cuánto supondría que todos los parlamentarios del hemiciclo autonómico tuvieran dedicación exclusiva. Esto es, un sueldo político. Algo que ocurre en todos los parlamentos nacionales y autonómicos españoles, en los que en muchos casos, eso sí, percibir ese salario es una opción personal. Si alguien prefiere continuar con su profesión, porque puede ser empresario o autónomo o ganar más, por ejemplo, como notario, puede hacerlo. No tiene sentido, explican fuentes parlamentarias, que la brecha entre una dedicación exclusiva y un procurador raso sea tan abismal como esos 95.000 o 99.000 euros al promedio de 22.355.

Los procuradores rasos añaden a sus percepciones por asistencia los kilometrajes. A unos 7.600 euros de media entre los que vienen de fuera de Valladolid.

Un detalle relevante es que todas las dietas, las de los parlamentarios con sueldo y las de los que solo cobran esa remuneración, están exentas de cotización. Son netas. Así que el salario más alto, el de los 11 que cobran el equivalente a miembro de la Mesa de las Cortes, es de 78.271 euros brutos y otros 21.600 netos.

Pero además hay otra asignación, la de los grupos parlamentarios, que se utiliza para redondear los salarios de quienes no están liberados. Lo ha demostrado Vox con la exposición pública de sus cuentas. Un ejercicio de transparencia que, por contraposición, deja en evidencia a PP y PSOE, los dos mayoritarios y los que más dinero perciben por ese concepto. Vox abona a sus procuradores rasos dos mil euros mensuales, al margen de las dietas, en concepto de rendimientos del trabajo. Así, también se hace cargo de las cotizaciones. Así, en le segundo trimestre del año pasado abonó 52.500 euros a los parlamentarios José Antonio Palomo, Javier Carrera, Marisa Calvo, Ana Hernando, Susana Suárez, Miguel Suárez y Javier Teira. Y en su contabilidad figuran 9.975 euros como «retención dineraria».

Gracias a este sueldo del grupo parlamentario, ninguno de los procuradores de Vox desarrolla otra función que la de político a tiempo completo. Y aquí entra la otra clave de la propuesta de Carlos Pollán en la primera reunión de la comisión que intentará regular las incompatibilidades. A raíz del caso del ex portavoz del PP, Raúl de la Hoz, que facturó 40.000 euros a un bufete de abogados mientras cobraba 99.000 euros anuales (sueldo más dietas) como portavoz parlamentario, Pollán ha impulsado que se regule ese régimen. Castilla y León es la única comunidad autónoma en la que su parlamento no contempla que un sueldo de político autonómico a tiempo completo sea incompatible con desempeñar otra función.

Pero es que Pollán quiere ir más lejos. Intentará que ese régimen afecte también a los procuradores rasos. Fuentes parlamentarias exponen el caso de un miembro de una comisión que llevó preguntas relacionadas con la empresa en la que trabaja, lo que fue censurado por su propio grupo parlamentario por considerarlo poco ético.

La propuesta de Vox supone un cambio de modelo completo respecto a lo que se estila ahora en las Cortes de Castilla y León. Y un primer cálculo aproximado parece indicar que no supondría un mayor gasto. Eso sí, a costa de recortar de algún modo, o al menos equilibrar, esa brecha salarial entre exclusivos y no exclusivos. La apuesta es establecer un salario medio suficiente, atendiendo a lo que se cobra en otros parlamentos, y reducir la distancia con los más altos.

El hecho de no cobrar un sueldo exclusivo es, además, un mecanismo que sirve para entorpecer la labor de control de la oposición, con procuradores que están obligados a mantener su vida laboral al margen de la política y compatibilizarla con el escrutinio de las decisiones del Gobierno. En los albores del parlamentarismo, la decisión de establecer un sueldo profesional para los políticos tuvo que ver, precisamente, con el hecho de que, sin sueldo, solo los grandes señores podían dedicarse a la cosa pública y por tanto la legislación quedaba casi exclusivamente en manos de quienes ostentaban el poder económico.