De la Hoz, su conexión con el bufete Villanueva y cómo aprovechó un vacío legal en las Cortes

La doble retribución que ha percibido regularmente Raúl de la Hoz Quintano (Palencia, 1973) como portavoz en las Cortes del PP con «dedicación exclusiva», de alrededor de 100.000 euros a los que sumaba por asesoramiento privado como abogado otros 40.000, extiende una niebla política por falta de transparencia en el funcionamiento institucional de las Cortes de Castilla y León y la actividad de sus procuradores que podría anticipar cambios regulatorios en la cámara.

El caso De la Hoz, como se verá más adelante, hunde su historial en una estrechísima relación del político y del Grupo Parlamentario, que dirigió hasta junio, con la conocida familia de abogados Villanueva, con quienes comparte dirección y teléfono como abogado y, al menos en el pasado, actividad y negocios.

Esa 'niebla' que ha aprovechado De la Hoz para ingresar 40.000 euros al año en 2021, 2022 y 2023 como abogado, según defiende, mientras dirigía el grupo del PP surge de tres déficit de control. Primero existe un vacío legal en la regulación de las incompatibilidades para evitar conflictos de intereses. Segundo, por las declaraciones de actividad y bienes de sus señorías, que se hacen públicas solo si lo autoriza el interesado y cuyo contenido no se audita oficialmente. Y por último, por la discrecionalidad en el empleo de las subvenciones que los grupos parlamentarios reciben de las Cortes, con justificaciones de 'trámite': el PP despacha en la cara de un folio el gasto de 1,39 millones de euros del año 2023 y el PSOE, 1,64 millones en un documento con tres cuadros.

Esa doble retribución de un procurador al que se le paga por su «dedicación exclusiva» al trabajo del escaño no es ilegal porque los sucesivos responsables del parlamento autonómico han dejado pasar los años sin desarrollar un régimen de incompatibilidades que sí tienen otras cámaras, tal y como refleja el informe entregado el 7 de noviembre por los Servicios Jurídicos de la Cámara.

Este análisis pone de manifiesto que las actuales Cortes amparan un sistema con procuradores profesionales, con sueldo, y otros de a pie que compatibilizan escaño y trabajo. La situación es atípica en España, solo la comparte la cámara parlamentaria de La Rioja. Con todo, allí sí existe un estricto régimen de incompatibilidades que hubiese hecho imposible la doble actividad de De la Hoz con una dedicación exclusiva.

Aquí, sin embargo, «miembros de las Cortes podrán ejercer cualquier actividad privada, incluidas aquellas referidas a la gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualquier organismo o empresa del sector público estatal, autonómico o local, respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos», remarca el informe. Una situación «a todas luces, indeseable», puede leerse en el informe, que atañe por igual a parlamentarios sin sueldo, con menos peso en el trabajo diario de las Cortes, y a parlamentarios con nómina pública.

Sin ir más lejos, hasta en cinco ocasiones eludió el actual portavoz del Grupo popular, Ricardo Gavilanes, este jueves la pregunta de si le parecía o no ético el doble sueldo de su predecesor en el cargo. Él también es abogado y aún sigue como ejerciente, según expresa el Colegio de Abogados de León en su web. A preguntas de El Norte, no ha respondido si sigue compatibilizando su actividad profesional con el cargo en exclusiva en Las Cortes.

El documento del letrado Edmundo Matía hecho público ahora se pidió en abril de 2021 y, ante la demora en su elaboración, fue reclamado desde el PSOE en seis ocasiones, la última en septiembre pasado, con Raúl de la Hoz ya fuera de las Cortes como parlamentario en Bruselas. La aplicación del código ético y las normas de transparencia obligan a hacer pública la declaración de intereses de los eurodiputados. Por esa exigencia que De la Hoz cumplió en el Europarlamento para tomar posesión de su nuevo escaño es como en Castilla y León se tiene conocimiento, a toro pasado, de que junto al sueldo de portavoz con dedicación exclusiva (99.871 euros anuales actualmente, que incluyen nómina y 1.800 euros al mes para gastos) declara sucintamente (lo hizo en inglés y con una palabra, 'lawyer') haber sumado otros 40.000 euros en cada uno de los últimos tres años por actividades particulares como abogado: en 2021, 2022 y 2023. En total, 120.000.

Raúl de la Hoz no autorizó a hacer pública en la web de las Cortes su declaración de bienes y actividades. No es el único. Hoy hay once procuradores con sueldo que las mantienen en secreto. Todos los del PP, Fátima Pinacho y Juan García-Gallardo (Vox), que sí la publicó como vicepresidente de la Junta, y Pablo Fernández (Unidas Podemos). Desde las Cortes aseguraron hace una semana que no estaban en disposición de poder garantizar que no hubiera más casos de doble remuneración, situación que sí descartaron PSOE y Vox. Del Grupo Popular, pese a reiterados intentos de contrastar este extremo, este diario no ha recibido respuesta.

Cuando salió a la luz esa doble retribución, tras el informe de los letrados y la solicitud del PSOE de que se convoque la Comisión de Reglamento para regular las incompatibilidades en las Cortes, Raúl de la Hoz ha rehusado atender a este periódico y responder a sus preguntas, en varias ocasiones.

Procurador desde 1995 por la 'cuota' de Nuevas Generaciones, dos años antes de colegiarse como abogado, De la Hoz simultaneó el escaño con esa labor profesional en el ámbito jurídico, con especialización en asuntos relacionados con el mundo urbanístico y bancario, hasta 2015. A partir de ese momento pasó a cobrar sueldo abonado por las Cortes como procurador con «dedicación exclusiva» al asumir responsabilidades en la dirección del Grupo Parlamentario Popular. Hasta que en 2017, tras la victoria en las primarias autonómicas de Alfonso Fernández Mañueco y los cambios que el ya presidente del PP de Castilla y León introdujo en la dirección del grupo, ascendió a portavoz. Él fue el coordinador que dirigió aquellas primarias y desde entonces forma parte del reducido grupo de dirigentes que acompaña a Mañueco en el puesto de mando del partido.

Hasta en estos últimos años 2016, 2018, 2019 o 2021 pueden encontrarse sentencias en las que Raúl de la Hoz, ya parlamentario con dedicación exclusiva, figura como el letrado de una de las partes: por la 'okupación' de viviendas en Peñafiel o apelaciones de litigios por cláusulas suelo o hipotecas multidivisas... Con pleitos con la Sareb, el Banco Ceiss, Bankinter, el Santander.

Colegiado en Valladolid en septiembre de 1997, el dirigente del PP ha sido profesional 'ejerciente' hasta junio pasado, según ha constatado este diario. La fecha de paso a 'no ejerciente' coincide con la salida de las Cortes y la entrada en la Eurocámara. Una búsqueda en el organismo profesional arroja que como abogado comparte teléfono de referencia con Jaime Tomás Villanueva, hijo del fallecido Tomás Villanueva, exvicepresidente y exconsejero de la Junta, además de expresidente del PP de Valladolid, que falleció de forma repentina en septiembre de 2017, semanas antes de tener que declarar como investigado ante los jueces que indagaban sobre posibles delitos de corrupción bajo su gestión en los casos de la Trama Eólica y la Perla Negra.

Ese teléfono compartido es el último eslabón de una conexión política y profesional entre De la Hoz y Villanueva –exvicepresidente e hijo– en torno al bufete de la calle Veinte de febrero, en el centro de Valladolid, en el que también trabajó otro dirigente del PP, José Ferrández Otaño. Este último fue vicepresidente de la Diputación de Valladolid, senador y secretario del PP de Valladolid y ha defendido a varios excompañeros en procesos judiciales. El último, el que fuera vicepresidente de la Diputación y alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, condenado a inhabilitación en la reciente sentencia de Meseta Ski.

La relación profesional entre De la Hoz y Jaime Villanueva queda pormenorizada en un informe que la Agencia Tributaria elaboró en el marco de las investigaciones judiciales del caso de la Perla Negra, ya juzgado y todavía pendiente de sentencia. El ahora eurodiputado del PP figura de cotitular en una cuenta con el hijo de Tomás Villanueva, al menos entre 2012 y 2016, que es el tiempo que abarca la investigación. Con saldo en cuatro de los cinco años que abarca un documento en el que De la Hoz es, junto con el Grupo Norte y la sociedad Avoda Consulting, el principal pagador de Jaime Villanueva. El procurador por Valladolid ya le abonó a título particular casi 5.000 euros en 2012. Después fueron cuantías que oscilaron entre los 21.568,62 euros de 2016 (año en el que ya tiene dedicación exclusiva) y los 29.752 euros de 2013, ejercicio en el que compatibilizaba el escaño con su actividad de abogado. En cinco años, 105.000 euros. La Agencia Tributaria refleja también ingresos a Villanueva hijo desde el Grupo Parlamentario Popular de unos 6.000 euros anuales: en cuatro años, 25.000 euros.

Jaime Villanueva ha declinado explicar qué tipo de relación profesional ha mantenido con De la Hoz y si esta persiste. Sobre que figure el mismo teléfono para los dos en la información accesible en el Colegio de Abogados, invita a que sea el europarlamentario quien explique por qué tiene ese número.

–¿Sigue usted percibiendo ingresos por asesorar al Grupo Parlamentario Popular?

–«Me debo a mis clientes, no puedo informar al respecto», zanjó educadamente Villanueva hijo.

La relación política y la relación profesional discurren en paralelo con las de Tomás Villanueva. De la Hoz había sido ponente en más de 40 leyes cuando asume en 2017 la Portavocía del PP en las Cortes, según destaca el currículum remitido entonces desde el partido. Y hasta entonces, había sido portavoz en comisiones parlamentarias de Educación, Cultura y Turismo, Economía, Industria y Comercio, áreas que gestionó como consejero en la Junta de Castilla y León Tomás Villanueva.

A partir de 2015, la conexión que la Agencia Tributaria corrobora entre Raúl de la Hoz y el despacho de Jaime Villanueva coincide en el calendario con su papel como representante del PP en la comisión de investigación que abordó en las Cortes la gestión del equipo de Tomás Villanueva en los expedientes de la compra de la Perla Negra, los parones en las licencias de parques de aerogeneradores que conforman la investigación sobre la Trama Eólica, la compra de terrenos del fallido (todavía es hoy un barbecho) polígono de Portillo y los alquileres de las oficinas de la Junta en el extranjero. Hubo un momento en el que la negativa del grupo popular a convocar esa comisión, y por elevación de la entonces presidenta del Parlamento autonómico, Silvia Clemente, llegó hasta el Tribunal Constitucional, que condenó a las Cortes de Castilla y León.

El coejercicio de una actividad privada percibiendo sueldo por una dedicación exclusiva de las Cortes no es ilegal. En el caso de Castilla y León se debe a un vacío normativo, que el experto en Derecho Administrativo y ex rector de la Universidad de Salamanca, Enrique Rivero, ha definido como «premeditado». Otros parlamentos cuentan con un régimen de incompatibilidades, se analiza cada caso y se autoriza o no valorando el riesgo de posibles conflictos de intereses.

En Bruselas, los europarlamentarios que desarrollan otras actividades están sometidos a una rigurosa exposición a través de su «declaración de intereses privados». No vale con citarlo de pasada (usando 'lawyer' simplemente, por ejemplo). Si el pago sobrepasa los 5.000 euros anuales deben explicar quién paga y por qué de forma «pormenorizada y precisa», según recoge 'El Código de Conducta de los Diputados al Parlamento Europeo en Materia de Integridad y Transparencia'. De la Hoz no podrá compatibilizar ahora sendas labores, como viene haciendo desde hace años en Castilla y León, entre otras cosas porque ha renunciado al ejercicio de la abogacía.

Someterse al escrutinio de la transparencia es imprescindible para acceder a un escaño entre Bruselas y Estrasburgo que implica un sueldo de 10.377,4 euros mensuales, más 4.950 euros al mes en dietas, billetes de avión, gastos de viaje y kilometraje, gastos de viajes en su país y en otros y dietas de 350 euros diarios en periodos de sesiones si el parlamentario acredita que firma en el registro. A eso suma cada parlamentario, según consta en el portal oficial de la Eurocámara, otros 29.557 euros mensuales para gastos de asistentes.

Ese es el terreno de retribución reforzada, pero con exigentes compromisos de transparencia, en el que ha aterrizado Raúl de la Hoz, al que el PP ha confiado en Bruselas tareas de calado político, como el marcaje a la socialista Teresa Ribera, exvicepresidenta y exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y nueva vicepresidenta para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea.

De la Hoz deja atrás casi 30 años en unas Cortes de Castilla y León por las que no ha pasado el tiempo en lo que a regular incompatibilidades se refiere, en las que las obligaciones de transparencia que en otros parlamentos obligan a publicar declaraciones de bienes, actividades e intereses particulares de los políticos aquí son cosa voluntaria y que regalan a los grupos parlamentarios una permisividad enorme a la hora de justificar las subvenciones que reciben, dejando a los 'gastadores' que elijan el grado de opacidad de esta partida: 1,39 millones de euros año para el PP; 1,26 para el PSOE; 605.640 euros para Vox, 298.200 para UPL-Soria ¡YA! y 152.568 para el Grupo Mixto.

La discrecionalidad en el empleo de ese dinero es total por la tibieza en el control. De ahí salen fondos para asesoramiento de todo tipo. Jurídico también. Aportaciones económicas a los procuradores, pago de alquileres o hipotecas de sedes... En 2020 se contrató al exgerente del PP regional, Pedro Viñarás, despedido por la dirección nacional de entonces, bajo el mando de Pablo Casado. Percibiría 5.300 euros brutos al mes. Entre las funciones de Raúl de la Hoz como portavoz ha estado la gestión de esta partida en una época dura, porque la pérdida de escaños del PP a partir de 2019 implicó ajustes selectivos contundentes, incluso despidos, para el personal del grupo.

Esos fondos tienen una fiscalización mínima por parte de las Cortes. Con una exigencia nimia que sonrojaría, es un poner, al ciudadano que tramita la ayuda para cambiar una caldera de calefacción, que debe aportar una decena de formularios, facturas e informes técnicos y hasta el de achatarramiento del aparato antiguo. Eso no aplica en las Cortes ni con las subvenciones a los grupos.

PP, sobre todo, y PSOE tramitan la justificación de ese dinero en apenas una hoja. Vox se extiende más y UPL, Soria ¡YA! y las formaciones del Grupo Mixto aportan mayor precisión en una rendición de cuentas que está a años luz de las auditorías a las que somete, por ejemplo, la Asamblea de Murcia a estos gastos, con reflejo expreso de facturas de hasta centros florales, comidas, autobuses, aportaciones a sus partidos...

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