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El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, en una imagen de archivo. Rubén Cacho/Ical

Castilla y León

Los sindicatos se concentran este jueves por el convenio colectivo de personal laboral

Urgen al consejero de Presidencia a poner en marcha la necesaria reorganización de las distintas categorías profesionales en los grupos correspondientes

E. N.

Martes, 10 de junio 2025, 11:19

UGT, CCOO y CGT anunciaron este martes una concentración este jueves ante la Consejería de la Presidencia para exigir al departamento del consejero Luis Miguel González Gago el cumplimiento del convenio colectivo del personal laboral de la Junta que recoge la reclasificación profesional.

En un comunicado conjunto, los tres sindicatos piden el cumplimiento «sin mayor dilación» del convenio colectivo firmado el 1 de julio de 2023 implica la necesaria reorganización de las distintas categorías profesionales en los grupos correspondientes en función del nivel de titulación exigido para el acceso al empleo público.

Ante esta situación, avanzan una serie de movilizaciones, que comenzará con una concentración el próximo día 12 de junio a las 11:00 horas frente a la Consejería de la Presidencia, porque, como aseguran, «no van a permitir que este incumplimiento quede en el olvido».

«El personal laboral merece el reconocimiento y el respeto de los acuerdos establecidos», subrayan, a la vez que exigen una «respuesta inmediata» y la puesta en marcha de la reclasificación profesional «sin mayor dilación». Por otro lado, aluden a «la nula intencionalidad del consejero de la Presidencia a cumplir con lo firmado en el convenio colectivo», como ·un insulto al personal laboral de la Junta de Castilla y León».

«Incumplimiento deliberado»

Este acuerdo, surgido de la firma del convenio colectivo, tuvo un primer paso reclasificándose todo el personal laboral del grupo V al IV, dejando pendiente la reclasificación profesional del resto de los grupos IV, III y II, que se debería haber llevado a efecto el 1 de enero de 2025, afectando a más de 4.000 trabajadores y trabajadoras.

«El incumplimiento deliberado del consejero de la Presidencia deja patente su falta de respeto hacia este personal, además de un evidente desinterés por la mejora de la calidad en la prestación del servicio público», concluyen.

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