Quiñones trata de enterrar con datos el caso de los todoterrenos y reivindica su «legalidad»

En un segundo turno de intervenciones relató uno a uno –«siento aburrirles, pero me lo han pedido», dijo– los procesos abiertos en cada una de las provincias, con adjudicaciones, número de vehículos, cantidades y empresas que se hicieron con ellos. Y también desgranó la antigüedad de los 664 vehículos enajenados en Medio Ambiente año por año. Desde el que tenía más de 40 años o los dos que superaban la treintena hasta los 6 que apenas contabilizaban 8 años. Por sus números, 19 contaban con 10 años o menos y otros 24 sumaban 11.

Aclaró Suárez-Quiñones que se optó por una venta directa, y no por una subasta, «mejorada con incremento de garantías por un proceso abierto a la concurrencia». Y añadió que «el contrato como tal no existe como forma de enajenación».

Las explicaciones, trufadas de cifras de los vehículos vendidos en una comparecencia de dos horas y media, no convencieron especialmente a PSOE y Podemos, que le acusaron precisamente de inundarlo todo de datos con afán de confundir. Y como ejemplo Ángel Hernández (PSOE) señaló la contradicción entre los números de las empresas y de las ofertas que presentó en el Pleno de las Cortes y los de la Comisión, «no concuerdan». «Cada vez que habla, miente», le espetó. «Intenta hacer un maremágnum y decir que solo hay dos maneras de hacer estos procedimientos, subasta o enajenación directa y luego habla de procedimiento abierto», lanzó Hernández. Mientras, Pablo Fernández, que ocupó el lugar del procurador de UPL en la comisión como miembro del Grupo Mixto, se empeñó en preguntar al consejero si no le avergonzaba ver entrar a la Guardia Civil a su Consejería y en pedirle que asuma responsabilidades políticas si el Juzgado encuentra algún delito. Un enroque al que Suárez-Quiñones contestó de forma contundente en su penúltima intervención: «Hoy no estoy dispuesto a asumir ninguna responsabilidad política porque no veo que tenga ninguna».

Resultó evidente que el consejero de Fomento yMedio Ambiente ha tenido tiempo desde que se fijó su comparecencia para preparar bien los datos, que son los mismos que le ha solicitado el Juzgado número 1 de Valladolid para intentar averiguar si hubo un perjuicio económico para las arcas regionales y si, en ese caso, se cometió un fraude. Incluso, Suárez-Quiñones llegó a amagar con recitar la lista de los coches enajenados uno por uno. «Hombre, yo ahora podría, sin problema... No sé si ustedes estarían dispuestos a aguantarlo. Coger y empezar, 'Ávila, primer lote, 2785-I, Land Rover Defender...».

Por entre la retahíla de datos, sin embargo, se dejó las respuestas a algunas de las preguntas que le plantearon desde la oposición. Como quién autorizó o ideó que los procesos de enajenación fueran por este concurso «mejorado», como él lo definió, algo que ya le habían preguntado en el Pleno de las Cortes. O si se habían tasado los vehículos más allá de remitirse a la depreciación oficial que se indica en la Orden Ministerial que la regula. Una Orden que le sirvió al consejero para justificar que todos los vehículos, comparando con la tabla que se adjunta a ella, estaban por debajo del 25% de su valor, por lo que cabía considerarlos «obsoletos» pese a que no tuvieran diez años o su kilometraje no fuera excesivo.

El PSOE ha registrado en las Cortes peticiones de información añadida como el kilometraje, modelo y características de los vehículos que se vendieron. De los cuatro casos concretos que ayer le presentaron al consejero, de todoterrenos que se encontraron a la venta en páginas web después de haber sido enajenados, Suárez-Quiñones se detuvo en tres casos. Explicó que se trataba de vehículos con nueve años y 164.300 kms., con 11 años y 284.000 kms. y de 14 años con más de 500.000 kms.

PSOE y Unidas Podemos trataron de esquivar la marabunta de datos, pero resultó una tarea ardua e infructuosa. A cada cuestión que planteaba el socialista Ángel Hernández respondía Suárez-Quiñones con un «tendrá usted todos los datos», y al empeño de PabloFernández en hacerle notar la gravedad del hecho de que la Guardia Civil había entrado en su Consejería, contestaba con que hay que esperar a conocer mejor qué piensa el juez. «No quiere decir que no esté preocupado y que no me incomode, pero es una preocupación responsable, porque no estamos en un país bananero y la Guardia Civil entra basándose en unas normas», dijo, antes de rechazar que se le hubiera denegado información a la Benemérita. «Hubo un oficio del Juzgado el 28 mayo de 2019 y se respondió en junio de 2019 después de recabar 18 informes a los servicios territoriales».