El PSOE enarbola la ley de derechos al final de la vida de Igea… Y de Cayetana Álvarez de Toledo

Ahora, con de la Hoz rumbo a Bruselas, el PSOE ha decidido tomar el relevo y firmar, con la rúbrica de Luis Tudanca, el mismo proyecto de ley. El mismo, pero con matices. Los socialistas, que se lo comunicaron al propio Igea antes de anunciarlo, incorporaron al texto todas sus enmiendas, ya debatidas. «Es una ley necesaria que fue boicoteada, paralizada y finalmente eliminada de la tramitación parlamentaria en una maniobra de filibusterismo parlamentario inédita en las Cortes, con la única excusa de que venía firmada por Igea», señalaba Tudanca.

Así que ahora es el socialista quien la firma. Y deja en el aire un «y ahora, ¿qué?» para los populares. «Como la única excusa que puso el PP fue que venía firmada por Igea, hoy el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esa misma iniciativa, ahora con mi firma, con la del portavoz socialista. No hay excusa, es una ley de pura humanidad, que se ha aprobado y está vigente en comunidades autónomas gobernadas por todos los partidos políticos, que demandan los pacientes y los profesionales», advertía Luis Tudanca.

Raúl de la Hoz, a preguntas de El Norte durante la campaña, señalaba que tampoco era una ley tan necesaria, más que nada se trataba de una compilación de normas. Una ordenación de cuestiones que ya se contemplaban en otros textos legales de Castilla y León, pero que no suponía un gran avance legislativo.

Es una idea que Francisco Igea arrastra desde que era diputado en el Congreso con Ciudadanos y su g76 rupo la promovió el 16 de diciembre de 2016. Se llamó «Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida». En la exposición de motivos se reflejaba, para empezar, la idea filosófica y vital que la presidía: «La muerte es la única certeza que tenemos los seres humanos en esta vida. Morir constituye la última de las etapas de la biografía personal de cada ser humano, y así como es aceptado por todos que el ordenamiento jurídico debe procurar que todas las personas disfruten de una vida digna, también debe asegurar que todas tengan derecho a una muerte digna».

Al PP en el Congreso, en principio, le encartó el texto. Por eso, después de que decayera en 2019 tras la convocatoria de elecciones generales sin haberse convertido en ley, el Grupo Parlamentario Popular presentó, el 10 de febrero de 2020, la «Proposición de Ley relativa a los derechos y las garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida». Sí, se parece al título de la de Ciudadanos. La firmante del texto era Cayetana Álvarez de Toledo, acompañada entre otros de Cuca Gamarra. Y la exposición de motivos comenzaba así: «Morir constituye la última de las etapas de la biografía personal de cada ser humano, y así como es aceptado por todos que el ordenamiento jurídico debe procurar que todas las personas disfruten de una vida digna, también debe asegurar que todas tengan derecho a morir con la máxima dignidad». Si lo pasas por el Turnitin universitario arroja un plagio del 99% en los primeros párrafos.

Es cierto que había algunas cuestiones modificadas respecto al original de los de Francisco Igea. Y también una motivación política clara. El Gobierno planteaba por entonces legislar sobre la eutanasia y el derecho a morir y la respuesta del Partido Popular fue proponer una ley de cuidados paliativos más amplia.

La proposición del PP decayó en el Congreso cuando se convocaron anticipadamente las elecciones generales del 23J de 2023, y nunca llegó a ver la luz del BOE. Es decir, que no existe la ley de derechos y garantías de las personas al final de la vida que lleva desde 2016 peleando por salir adelante.

Igea la trasladó a las Cortes de Castilla y León cuando era vicepresidente de la Junta en ese primer Gobierno de coalición con Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué ocurrió? Que el adelanto electoral volvió a tumbar el texto. Comenzado este nuevo mandato, ahora con Vox como socio del PP y con Igea como único procurador de Ciudadanos -que ahora ya tampoco es-, vieron con buenos ojos retomar la iniciativa. Hasta que Igea hizo un comentario que el PP entendió como una ofensa a su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y Raúl de la Hoz decretó pena de sombra para el parlamentario. El texto volvía a caer en el olvido.

Ahora es el PSOE el que recupera la iniciativa. Añade sus enmiendas, obvia el resto y trata de comenzar de nuevo, a ver si esta vez da tiempo. De hecho, recuerda algo que no figuraba en el texto original: que hay diez comunidades autónomas que sí han promulgado sus propias leyes. Andalucía, Aragón, Navarra, Baleares, Canarias, País Vasco, Galicia, Madrid, Asturias y Comunidad Valenciana. «Debemos sumarnos a la mayoría de las comunidades autónomas y contar con nuestra propia legislación específica sobre esta materia», arenga.

En la exposición de motivos, dice: «La presente ley […] nace con el propósito de abordar una de las etapas más sensibles y complejas de la existencia humana: el proceso final de la vida en el que se hace necesario reforzar la protección de los derechos de las personas y asegurar que cada individuo pueda vivir este periodo con la máxima dignidad, respeto y tranquilidad posible».

La «proposición de ley de derechos y garantías de las personas en el proceso del final de su vida», como la piedra de Sísifo, vuelve a empezar.