La Policía encuentra el rastro de los siete millones de euros de fondos públicos que se 'perdieron' en la madeja societaria de Asaja

LIno Rodríguez (d) con su abogado, antes de realizar su primera declaración ante la instructora del caso Asaja, en 2013. /Henar Sastre
LIno Rodríguez (d) con su abogado, antes de realizar su primera declaración ante la instructora del caso Asaja, en 2013. / Henar Sastre

El Grupo de Delincuencia Económica entrega su investigación a la jueza del caso, que constata el desvío de las subvenciones para formación a inversiones bancarias y gastos personales

M. J. PASCUALValladolid

Asaja de Valladolid y cinco de sus sociedades sectoriales recibieron entre 1997 y 2013 subvenciones públicas por valor de casi siete millones de euros para la formación de agricultores y ganaderos. Sin embargo, estas ayudas, procedentes en buena parte de los Planes Forcem (con fondos europeos) tuvieron un destino «variado», según los dos informes realizados por los especialistas en delitos económicos de la Brigada de Valladolid por encargo del Juzgado de Instrucción 5, que se ocupa de las diligencias del caso Asaja desde 2013, cuando el extesorero de la organización, Alberto Cano, denunció en una querella contra el presidente, Lino Rodríguez, que no se había dado un solo curso con ese dinero.

Los inspectores del Grupo de Delincuencia Económica han concluido la Operación Cebada después de tres años de investigación sobre el entramado societario y los movimientos de las cuentas del expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez y su esposa, Ana de la Fuente –los dos principales investigados en el caso Asaja–, así como de las 26 cuentas de la organización y de las filiales. El resultado del rastreo de dichas cuentas apuntala la tesis de las acusaciones sobre la gestión supuestamente irregular del exdirigente agrario, que estuvo 25 años al frente de la organización y tuvo el control de prácticamente todas las sociedades filiales creadas, tal y como reconoció en su primera declaración ante la magistrada instructora, con el único fin de captar fondos de las administraciones.

Según los informes policiales, estas subvenciones, en un verdadero trasiego de cuantías de unas cuentas a otras de las distintas sociedades, han ido a parar a «reintegros, contratación de productos financieros (plazos fijos, adquisición de fondos o acciones de Bolsa), compras con tarjetas bancarias, pagos de nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social, recibos de telefonía y otras domiciliaciones bancarias». Unos destinos, en todo caso, alejados del objetivo para el que fueron concedidas. En este baile de transferencias entre las sociedades, indica la inspectora, «no existe lógica mercantil, sino más bien ánimo de ocultación del origen» del dinero. En concreto, se refiere a una transferencia del Inem fechada en 1999 por una cuantía de 628.443 euros (más de 104 millones de las antiguas pesetas) a una cuenta de la sociedad filial Derco. Días más tarde, esa cantidad se transfiere a favor de otra sectorial, Ifycar, y posteriormente este dinero acaba, mediante un cheque, en otra cuenta de Derco distinta de la de origen. Incluso a la compra de preferentes, fondos de inversión, deuda pública, depósitos bancarios y hasta la amortización de préstamos, como ocurrió con Ifycar, una de cuyas cuentas se vacía para dotar de liquidez a la sociedad Campo Abierto, vinculada a Asaja, y que pudiera comprar un local social.

La instructora llama a declarar para el próximo 10 de julio al expresidente de la organización, Lino Rodríguez, y a los otros tres investigados para que presenten alegaciones a los informes policiales

Otras transferencias de fondos públicos van a cuentas de Derco en la que se cargan 878 compras con tarjetas bancarias por valor de 60.913 euros. Señala el informe que en muchas ocasiones «han sido utilizadas para abonar gastos personales que no tienen que ver con consumos que pudieran generarse en una actividad laboral o de formación». Pone como ejemplo que aparecen compras en restaurantes, joyerías, complejos turísticos (Eurodisney), centros académicos, el parque zoológico de Matapozuelos o tiendas infantiles. Estas dos tarjetas de débito a nombre de Lino Rodríguez han aparecido en esta investigación, puntualiza la inspectora, y son distintas de las corporativas de Remolacheros que se analizaron en 2016, con las que también se habrían realizado numerosos gastos personales, como el pago de la factura del dentista.

Reintegros

Son numerosos también los reintegros en ventanilla de cuantías importantes. El informe destaca que el 21 de febrero de 2006 Lino Rodríguez sacó 91.000 euros de la cuenta de Remolacheros y al día siguiente, junto a su mujer, adquirió una propiedad en Peñafiel por 60.000 euros. «No consta ni la forma en que se lleva a cabo el pago ni en la cuenta personal del matrimonio se detecta el pago de la cantidad derivada de la compraventa», sostiene la Policía.

Las sociedades Ifycar (Instituto para la Formación y Capacitación Agro Rural), Derco, Indycons, Eco Ambiente y Desarrollo, Remolacheros y Asaja Valladolid recibieron, al menos, 6.946.163 millones de euros. En las 11 cuentas analizadas de siete sectoriales de Asaja figuran ingresos procedentes del Servicio Público Estatal de Empleo, la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Junta de Castilla y León, además de entes societarios vinculados a la Administración regional como la Agencia de Desarrollo Económico (Ade) y el Ente Regional de la Energía (Eren).

Queda fuera de esta suma la subvención de 783.503 euros que recibió de la Junta de Castilla y León otra sociedad filial, Campo de Peñafiel, de la que Rodríguez también era administrador y que es objeto de otro procedimiento judicial por el que el exdirigente agrario y su esposa se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 20 de junio.

La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha citado a declarar, para el día 10 de julio, a los cuatro investigados en las diligencias del caso Asaja (Lino Rodríguez, Ana Isabel de la Fuente, Gerardo Rico –quien fue mano derecha del expresidente de Asaja Valladolid en la anterior directiva– y el empresario Fernando Redondo), por si quieren presentar alegaciones a los informes policiales.