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La recaudación de impuestos, que junto con el crecimiento del PIB y los datos de paro y ocupación marcan la temperatura de la economía, revela - ... o confirma- que la comunidad autónoma cerró 2019 con una desaceleración moderada y comenzó -o había comenzado- 2020 con más vigor del que mostró en el cierre del año anterior. El balance difundido la pasada semana por la Agencia Tributaria pone de manifiesto que los ingresos fiscales del Estado en Castilla y León registraron al finalizar el ejercicio de 2019 un decrecimiento del 1,5% con respecto al año anterior (hasta 4.141,25 millones de euros). En los dos primeros meses de 2020 arrojaron un crecimiento del 11,5%, frente al 6,2% de media nacional.
La próxima estadística que se difunda no tendrá ya nada que ver con estos datos. La pandemia del coronavirus ha provocado un frenazo en seco en el consumo, lo que tendrá su reflejo en la recaudación del IVA; y ha sacudido el mercado laboral, con el consiguiente impacto en los ingresos que le llegan al Estado por la via del Impuesto sobre la Renta.
Los 4.141,25 millones recaudados por el Estado en la región en 2019 suponen la cuarta cifra más elevada de la historia por detrás de las de 2007, cuando los ingresos fueron de 4.989,85 millones; de los 4.434,82 millones de 2006 y de los 4.203,78 de 2018. La cantidad final se apoyó sobre todo en la buena marcha del IRPF (4,3%) y Sociedades (6,1%), ya que los ingresos por IVA registraron un retroceso del 9,6%.
En cuanto a la evolución en los meses de enero y febrero por provincias, todas las de la comunidad autónoma menos Palencia (-16,3%) arrojaban resultados positivos al cierre de febrero, con Burgos (38%) a la cabeza. Por impuestos, tanto la Renta (4%) como el IVA (7,4%), registraban comportamientos positivos. La recaudación correspondiente al Impuesto de Sociedades, explican desde Hacienda, todavía es negativa al no existir ingresos brutos de importancia -el primer pago a cuenta se ingresa en abril- y sí devoluciones correspondientes a la campaña del año anterior.
Con este panorama, el Gobierno explicó la pasada semana por boca del ministro de Transportes que el actual es un «mal momento» para plantear rebajas de impuestos y que «no es solidario» sugerirlas cuando se está pidiendo más gasto. Se refería a la exigencia del PP de una «bajada de impuestos global» como condición para seguir apoyando los decretos del Ejecutivo.
Sin embargo, el propio consejero de Economía y Hacienda reconocía hace unos días que pese a que la Junta se había comprometido a eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, éste «se eliminará cuando se pueda» ya que la prioridad ahora «es luchar contra la crisis sanitaria y hacer que el impacto económico sea el menor posible» ante el inevitable descenso de ingresos e incremento de los gastos, sobre todo en sanidad y medidas de apoyo empresarial y de empleo.
Lo cierto es que cada vez son más las voces que reclaman no una bajada, sino un aplazamiento o al menos cierta flexibilidad. Así, el presidente de los economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, apela a la «sensibilidad» del Ministerio de Hacienda para que instrumente un procedimiento que permita que los empresarios, autónomos y ciudadanos, en general, puedan cumplir con sus obligaciones tributarias y gestionar sus necesidades financieras, para lo que reclama un aplazamiento de impuestos o una ampliación de los plazos de presentación al objeto de proporcionar liquidez a la economía.
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