La Junta rebajará las multas más altas sobre espectáculos públicos y protección civil
El Gobierno de coalición PP-Cs aprovechará la Ley de Medidas que acompañará las cuentas de 2020 para modificar el régimen sancionador
El Gobierno autonómico contempla cambios inminentes en el régimen sancionador de dos leyes, la de Espectáculos Públicos y la de Protección Ciudadana, y proyecta ... hacer efectivas las modificaciones a través de la Ley de Medidas que acompañará al futuro presupuesto de 2020. Así lo recoge el calendario normativo anual aprobado por el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco para este año, que prevé el envío a las Cortes de hasta 17 proyectos de ley, a los que hay que sumar los dos presupuestos que en teoría deberían aprobarse en 2020, el del año en curso para poner fin a la prórroga actual y el de 2021. Este debe presentarse en el Parlamento regional antes del 14 de octubre.
Las leyes de medidas son una especie cajón de sastre en el que caben multitud de cambios fiscales, administrativos y normativos. Unos ligados a la aplicación de las cuentas, haciendo honor al nombre de la ley, pero otros de más amplio espectro que sortean el procedimiento tradicional por una vía rápida, acortando plazos e informes.
La Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León aprobada en 2007 prevé multas que llegan al millón de euros. Su aplicación depende de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que dirige JuanCarlos Suárez-Quiñones. La Junta argumenta que las cuantías de la sanciones «se consideran excesivas» y apelan a la «proporcionalidad» para «reducir y adaptarlas a la naturaleza de las infracciones en el ámbito de protección civil».
La norma cataloga como infracción muy grave, entre otras prácticas, las llamadas de mala fe al teléfono de Emergencias 1-1-2 provocando la movilización de medios. También incumplir las instrucciones de las autoridades en caso de catástrofe o emergencia provocando un grave daño a personas, bienes o al medio ambiente puede acarrear esa sanción que oscila entre el medio millón y el millón de euros.
Asegura que la cuantía, de hasta un millón de euros en un caso y desde 30.001 en otro, genera impagos y litigiosidad
Idéntica situación se da con la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla y León que prevé desde 2006 la imposición, ante infracciones muy graves, de multas por importe mínimo de 30.001 euros. La norma tipifica como muy grave, por ejemplo, aplicar el derecho de admisión a un evento de forma discriminatoria o vejatoria y por personal no cualificado o el mal estado de un establecimiento cuando se ponga en riesgo la integridad de público y clientes.
Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que dirige JuanCarlos Suárez Quiñones consideran «excesiva» esa cuantía mínima y argumentan que «genera problemas de litigiosidad e impago de sanciones impuestas», por lo que propone reducirla de 30.001 a 6.001 euros. Ese arrastre a la baja afecta también a la cuantía máxima de las infracciones graves, que pasarían de los 30.000 euros a los 6.000.
Los consejeros de la Junta afrontan un calendario autoimpuesto que empezó con la remisión a las Cortes del proyecto de ley que regula la «fiscalidad favorable» sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Antes del verano confían en enviar la nueva normativa sobre Caza y los proyectos de ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida y de Ordenación de los Niveles Asistenciales delSistema Público de Salud. A estos se sumarán, si el Gobierno de coalición cumple el calendario, la regulación por ley de los derechos de las personas LGTBI+ y de las entidades del denominado Tercer Sector Social, que contribuyen a la atención de colectivos vulnerables. También dos normas que rehacen las de Transparencia y de Protección del Informante aprobadas en la última legislatura de Herrera, que fueron bandera del PP y de Cs en ese periodo, y la ley que arma el modelo de ordenación territorial. En este caso para eliminar la exigencia de un apoyo de dos tercios del hemiciclo que hace imprescindible el voto favorable del PSOE.
Para el segundo semestre del año se ha fijado la aprobación de la reforma de la Ley Agraria, el proyecto de ley de Patrimonio Cultural o las que promueven la creación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios.
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