Ibáñez apela a la «prudencia» para reimplantar las 35 horas semanales a los funcionarios de Castilla y León

Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia.</p><p>./Alberto Mingueza
Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia.</p><p>. / Alberto Mingueza

El consejero de la Presidencia asegura que su intención de recuperar esa jornada «es firme», pero que debe analizar la «repercusión económica que puede suponer su aplicación»

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANO

Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia, ha esbozado en las Cortes las líneas generales de los proyectos que quiere abordar en la legislatura desde un departamento que ha traspasado carpetas a la consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior que dirige el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

La oposición critica que Ibáñez «vuelva a prometer lo que prometió su antecesor hace cuatro años y el PP no cumplió»

Ibáñez ha asegurado que trabaja en la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para la plantilla de la Junta, horario que se ha devuelto a los empleados autonómicos este verano circunscrito al periodo estival, pero que deben «ser prudentes, conscientes y analizar la repercusión económica que puede suponer su aplicación».

El consejero ha anunciado que está negociando ya las plazas que tendrá la Oferta de Empleo Público de 2019, que intentarán ir al máximo permitido y que van a revisar el Catálogo de Puesto Tipo, «debatible y mejorable en sus contenidos» y que acumula varias sentencias en contra de los tribunales. «Los niveles actuales de litigiosidad hacen difícil avanzar en esta cuestión», ha apuntado Ibáñez.

El consejero de la Presidencia ha manifestado que entrará en las Cortes, antes de diciembre, una reforma de la ley que regula el Estatuto del Alto Cargo para ampliar la limitación de mandatos que rige para los consejeros (ocho años al frente del mismo departamento, pero pueden cambiar) a los viceconsejeros, secretarios generales, directores y directores generales.

Ibáñez ha instado a la oposición a apoyar la iniciativa impulsada por PP y Cs para suprimir los aforamientos de los procuradores y los miembros de la Junta. En un mensaje dirigido especialmente el PSOE, grupo mayoritario en las Cortes e imprescindible para reformar los artículos 22 y 29 del Estatuto de Autonomía que regulan esta condición, Ibáñez ha animado a los procuradores a actuar de forma «madura» y no poner «obstáculos» para acabar con un «anacronismo». El PP apoyó la legislatura pasada, con Cs, la supresión de aforamientos para los procuradores, pero se negó a extenderlos a los miembros de la Junta como exigía el PSOE. La iniciativa no salió entonces adelante.

El consejero de la Presidencia ha avanzado que promoverá una reestructuración en los puestos de secretarios en los pequeños municipios para lograr una «mejor asignación» y que en el ámbito de la cooperación con ayuntamientos y diputaciones destinarán 250 millones de euros y revisarán los criterios de reparto de subvenciones.

Ángel Ibáñez ha comprometido una nueva Ley del Juego (no podrá regular el juego 'on line' al ser competencia estatal); un endurecimiento del Código de Austeridad de los Altos Cargos que dejó el Gobierno de Juan Vicente Herrera; el impulso al Plan de Convergencia Interior para reducir desequilibrios entre comarcas dentro de la comunidad que mantenía en dique seco el anterior gobierno del PP; la elaboración de un protocolo de actuación urgente ante un posible atentado terrorista y la firma de un convenio general de colaboración con la única comunidad limítrofe con la que no se logró en legislaturas anteriores: Cantabria con el escollo de la financiación de la asistencia hospitalaria en Reinosa a los pacientes del norte de Palencia.

El consejero anunció un nuevo Plan de Igualdad que ayudará a conocer la situación de «igualdad laboral de todos los empleados públicos de la comunidad» y fomentar «de modo pleno la igualdad real entre nuestros trabajadores». Escucharon su intervención, además de los procuradores que asistían a la comisión, el equipo de altos cargos de la consejería: siete hombres (más del consejero) y una única mujer, la directora general de Función Pública.

Los portavoces de la oposición -el socialista Luis Briones y la procuradora Laura Domínguez, de Podemos, en representación del Grupo Mixto (no asistieron los procuradores de UPL, Por Ávila o Vox)- encontraron pocas novedades en las intervenciones de Ibáñez al que acusaron de volver a repetir lo que ya prometió y no cumplió su antecesor, el exconsejero y exvicepresidente José Antonio de Santiago-Juárez.

«Es más de lo mismo que hace 4 años, pero desde una miniconsejería que tiene 22 competencias frente a las 35 de la anterior pero con los mismo altos cargos. Sobran, al menos, tres directores generales», remarcó Briones, que cifró el ahorro en remuneraciones de esos altos cargos en más de un millón de euros. «¿Dónde están los perfiles técnicos de los que hablaban? Su consejería es un chiringuito del PP», remarcó el procurador del PSOE.

«Nos ha anunciado leyes que nos anunciaron hace cuatro años y que no llevaron a término. ¿Cómo vamos a pagar la carrera profesional de los empleados públicos? Ahora le vemos que echa balones fuera», apuntó Laura Domínguez, que coincidió con Briones en que los 250 millones que el consejero anunció para entidades locales son insuficientes, pero que es una cifra «ya prometida e incumplida».

María Montero Carrasco, portavoz de Cs en los asuntos de esta consejería, remarcó que serán exigentes con el cumplimiento de los compromisos y arremetió duramente contra el anterior titular del departamento asegurando que se han terminado los «chantajes disfrazados de subvenciones a los ayuntamientos», además de su ordenación del territorio sin negociar y los «chantajes» a los funcionarios públicos. Escucharon estas duras palabras contra José Antonio de Santiago-Juárez, hoy concejal en Valladolid, los procuradores del PP, muchos de ellos fueron compañeros de bancada del anterior consejero hasta mayo y apoyaron en las Cortes todas las iniciativas que partían de ese departamento.

No es el caso de la portavoz popular en la comisión, la zamorana Leticia García, que destacó la «apuesta fuerte por dar estabilidad al empleo público» que transmitió Ángel Ibáñez y confío en que el PSOE «esté a nuestro lado» en la supresión de los aforamientos.