El 22% de las familias de Castilla y León que salvan su vivienda recaen en una nueva amenaza de desahucio
Las ejecuciones hipotecarias bajaron el 85% en el primer semestre de 2019, lo que significa que hay menos hogares en crisis y más apoyo
La crisis dejó a muchas familias no solo sin empleo y, por ello, sin calefacción o alimentos básicos, sino –que es lo que más excluye ... y angustia– amenazó el techo que las cobijaba, arrojó a algunas personas a la calle. Son relativamente frecuentes la noticias de desalojos, muchos de padres con niños pequeños, finalmente ejecutados o no. La Junta insiste en que en el 100% de los casos que llegan a su servicio integral de apoyo, Siafride, se evita un desahucio. Eso sí, lo más importante es buscar este asesoramiento y ayuda antes de que haya una orden judicial.
El impago y el riesgo de perder la vivienda no llegan de golpe. Las familias ven con relativa anticipación que están abocadas a no pagar su hipoteca o alquiler y ese es el momento de llamar al teléfono 012. El dispositivo pone en marcha un servicio que atiende en una media de seis días –e incluso en 24 horas si es urgente– y cuyo apoyo va desde ayudar a un hogar a ajustar sus ingresos a los gastos o acceso a una Renta Garantizada de Ciudadanía, a apoyo, empleo o atención legal gratuita hasta la interlocución con las entidades financieras. Fue en noviembre de 2012 cuando tal programa entró en funcionamiento y hasta la fecha han sido 5.712 las familias que han logrado salvarse finalmente de un desahucio.
Un perfil mantenido de hogares
El perfil de los afectados no ha variado en estos años. Son familias con un promedio de 2,7 miembros –más elevado que la media general en los hogares de Castilla y León– en las que las personas titulares de la prestación tienen entre 40 y 50 años y viven en pareja en la mitad de los casos. Otros tantos hogares son de personas solteras, separadas o divorciadas. Afrontan por lo tanto en soledad el problema. La nacionalidad es española es lo más habitual, supone el90,5% de los casos, y el resto se reparte entre personas de otras nacionalidades europeas (3,8%), con solo un 5,7% de extranjeros no comunitarios. En primer lugar son marroquíes (184 afectados), seguidos por búlgaros (157) y, a mayor distancia, por ecuatorianos (88 afectados).
El sistema de medidas sociales considera titular de la prestación a la persona principal que llama a 012 y acude a la primera cita en la Oficina Local de atención –siempre debe ser un titular del préstamo hipotecario–. Los datos por sexo indican que se presentan hombres y mujeres al servicio prácticamente por igual. Y es más frecuente un bajo nivel de estudios.
En cuanto a las zonas de residencia, el problema es tanto urbano como rural. El 37,7% (2.151 casos) residen en capitales de provincia, y el 13,9% restante (796 casos), en municipios mayores de 20.000 habitantes. La atención prestada por las diputaciones provinciales en municipios con menos de 20.000 habitantes se ha referido sobre todo a zonas de alfoz de las capitales de provincia, a las que se desplazaron numerosas familias en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, es decir, entre 2006 y 2010, atraídas por un relativo menor precio de la vivienda.
Un balance de estos siete años hace evidente que, además, muchos de estos casos, el 52,2%, son 'nuevos pobres' o, al menos, carecían de historia social, es decir, que nunca habían recurrido a los Servicios Sociales en busca de prestaciones. Concretamente, 3.041 casos. Algunas personas logran superar el momento de crisis, generalmente al encontrar empleo y salir adelante o bien con los apoyos sociales y familiares consiguen hacer frente a las deudas. Pero hay un importante porcentaje, del 21,6%, cuyo caso tiene que ser reabierto. En estos siete años, 1.020 han vuelto a ver amenazada su vivienda por no poder hacer frente a los pagos.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha analizado el recorrido de estos siete años, con datos cerrados a 31 de octubre de 2019, que revelan incluso que hay familias que han resuelto sus problemas de impago con un plan de economía familiar orientado por el equipo que analiza los expedientes. En ocasiones, repasar los gastos en función de los ingresos y eliminar algunos o rebajar otros tan sencillos como la factura del teléfono móvil o la forma de transporte han resultado suficientes para evitar un mal final. El 27,3% de los casos, 1.560, han llegado a buen puerto de esta manera.
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En cuanto a la interlocución con entidades financieras, hasta la citada fecha la Consejería había abierto un total 4.048 casos, de los que 111 fueron cerrados por incumplir los requisitos de acceso al programa. El resto –3.937– precisaron del arbitraje de la Junta con las entidades financieras. Siete de cada diez familias que llegan al sistema en busca de información reciben además un servicio de interlocución con la entidad financiera (62,8%).
De los 2.959 expedientes llevados a término en interlocución con las entidades financieras –en ocasiones desisten los propios interesados al cambiar su situación–, la solución mayoritaria (43,5%) ha consistido en llegar a reestructuraciones viables de los préstamos (1.286 créditos redefinidos). Las daciones en pago son la solución menos utilizada (6,1% de los casos cerrados, con un total de 180). Hay otros acuerdos de venta y amortización, suspensión de lanzamiento, retirada de demandas de ejecución, reestructuración o carencia mediante acuerdo privado sin elevación a público, supresión de cláusulas que permiten abonar la cuota hipotecaria, bajadas de tipos o alquileres sociales en el mismo inmueble), que suman 596 casos (20,1% ).
La luz y el agua es lo último que dejan de pagar los afectados por las deudas en la región
Destaca el estudio de la Consejería de Familia sobre estos siete años de programa que las quiebras financieras temporales «poseen tales implicaciones por la acumulación paulatina de problemas que el factor tiempo –urgencia de afrontamiento y respuesta– es esencial para evitar el incremento de vulnerabilidad!». Por ello, «ofrecer la puesta en marcha de planes de economía familiar en determinadas situaciones posee un importante valor educativo y preventivo de repetición de estas situaciones». Destaca que cuando se producen las dificultades de pago, la familia lo último que deja de pagar son los suministros básicos de energía y agua.
Antes abandona la hipoteca y el alquiler y otros préstamos. Todo lo demás es lo que sufre el primer recorte –ocio, calidad en productos de alimentación, vestido, actividades sociales, impuestos, comunidad de vecinos...–. «De esta forma sabemos que el impago de suministros básicos se configuraría como un indicador de gravedad extrema de la situación».
En 394 se pudieron cerrar las negociaciones al mejorar la situación económica en el hogar por encontrar empleo alguno de sus miembros. Finalmente, hay 503 familias (17%) que no pudieron llegar a un acuerdo con el banco y se optó por medidas que impidieran desalojos forzosos.
El servicio de ayuda busca fundamentalmente un abordaje integral del problema, De esta forma, activó 2.515 prestaciones para un 18% de los usuarios (1.033 familias). Entre estas ayudas destaca la concesión de 1.090 Rentas Garantizadas de Ciudadanía, tramitadas y concedidas a raíz de la intervención del Siafride. También se puso en marcha la colaboración de entidades del tercer sector de acción social en 198 ocasiones y se orientó a solicitar justicia gratuita para las situaciones que llegaron a los tribunales en 393 viviendas. Los apoyos también han llegado con 2.884 prestaciones económicas, por importe global de algo más de dos millones de euros.
Destaca la Gerencia de Servicios Sociales que «es complejo establecer la suficiencia de cobertura del Siafride, ya que no se dispone de información estadística suficientemente depurada relativa al número de familias que tienen problemas económicos con el pago de su hipoteca. El único acercamiento que se puede realizar es considerar los casos que ya están en fase de ejecución hipotecaria de vivienda». Desde enero de 2014 hasta septiembre de 2019, se iniciaron en Castilla y León un total de 4.027 ejecuciones hipotecarias judiciales sobre viviendas de particulares; pero la tendencia anual ha sido de un marcadísimo descenso, desde las 455 al trimestre de hace un lustro a solo 70. Las ejecuciones hipotecarias bajaron un 85% en el primer trimestre de 2019.
Los Servicios Sociales detectan 79 casos de damnificados con hipotecas con cláusulas suelo
El Siafride puso en marcha en 2017 una revisión de toda la documentación de los préstamos para detectar casos de hipotecas con cláusulas suelo a fin de informar a las familias del procedimiento del Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
De esta forma la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aprovechó para realizar un seguimiento de casos cerrados con reestructuración con la intención de mejorar la situación financiera de las familias. Como consecuencia de dicho control, el Siafride constató información de 79 viviendas afectadas por esta cláusula. En estas situaciones, el equipo no hace interlocución, sino un mero asesoramiento al hipotecado. De ellos, cinco están en curso y 74 ya se han cerrado.
Este apoyo logró devolución extrajudicial de importes de la cláusula suelo en 51 casos. De los 23 casos restantes, 6 no tenían derecho a reclamar; 6 desistieron por distintas razones y 13 no obtuvieron acuerdo, por lo que su reclamación ha sido encauzada a la vía judicial.
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