A punto de ser desahuciada: «Siento impotencia porque me veo en la calle»

María es una mujer víctima de violencia de género con dos hijos menores a su cargo, de 2 y 11 años. Lleva cinco años en el paro y asegura que aunque ha enviado currículos, no ha encontrado trabajo. Actualmente realiza un curso de formación, cobra 430 euros de un subsidio y tendría que pagar al mes 400 euros de alquiler del piso en el que vive junto a sus dos hijos. No abona el arrendamiento desde el pasado abril. «Llegó un momento que tuve que dejar de pagarlo porque no podía hacer frente a los gastos».

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zamora ha conseguido paralizar el desahucio en tres ocasiones, en noviembre, diciembre y la última el pasado martes, después de que se manifestaran para exigir una alternativa habitacional para María frente a los Servicios Sociales municipales, el Ayuntamiento de Zamora y el edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

Ahora queda menos de un mes por delante, el plazo ha comenzado a correr y el tiempo juega en contra. Hasta esa fecha, la afectada espera que la Junta y el Ayuntamiento adjudiquen las dos viviendas de alquiler social que hay pendientes de asignar en la ciudad y que ella sea una de las beneficiarias.

Sin embargo, no confía en encontrar una solución en un mes. «Si no se ha solucionado desde junio que llevamos con esto, en un mes no lo van a solucionar. Ojalá me equivoque». Y entonces, ¿cómo se ve a partir del 15 de febrero? «No lo sé», responde. Esta afectada por una orden de desahucio asegura que la situación es complicada, que se siente nerviosa y preocupada, sobre todo por sus hijos. «Si yo estuviera sola es diferente, pero me preocupan mis hijos».

Desde el Ayuntamiento de Zamora se han ofrecido opciones a la afectada como pagar el alquiler durante un tiempo si encuentra otra vivienda. El problema, según María, es que las inmobiliarias no le quieren alquilar ninguna casa porque no tiene nómina.

También le han propuesto, al tratarse de una mujer víctima de violencia de género con sentencia firme y orden de alejamiento, ir con sus dos hijos a una casa de acogida que estaría ubicada en otra provincia de la comunidad, pero la afectada quiere quedarse en Zamora. «Lo poquito que tengo lo tengo aquí y ya no por mí, si yo estuviera sola no me importaría donde tuviera que ir, pero están mis hijos», afirma. En este sentido, hace referencia a que su hijo mayor, de 11 años, va al colegio en Zamora, tiene sus amigos en la ciudad y «está arraigado». Además, tiene que cumplir el régimen de visitas con su hija pequeña.

Por estos mismos motivos y porque entonces no pesaba sobre ella una orden de desahucio, no aceptó la vivienda de alquiler social que le ofreció la Junta en noviembre de 2018 en la localidad zamorana de Santibáñez de Vidriales, a 80 kilómetros de la capital. El Ayuntamiento también le ha propuesto la posibilidad de trasladarse a una pensión. «Me dicen que si me voy a la calle, me pagan una pensión, que en la calle no me quedo, pero creo que esto es un parche más que una solución porque en una pensión, con dos niños en una habitación…», se plantea sobre una opción que todavía no ha aceptado.

La familia espera poder acceder a un alquiler social. «Hemos estado de peregrinos por las administraciones y unos se pasan la pelota a otros», asegura María, quien ha encontrado ayuda en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zamora, una entidad que reivindica la necesidad de un parque de vivienda pública de alquiler social que dé respuesta a estos casos.