Castilla y León

El expresidente del Consejo de Enfermería avanza hacia el juicio por presunta administración desleal

El auto supone un paso adelante en un serial de denuncias con ramificaciones provinciales, autonómicas y estatales que se remonta varios años atrás, con acusaciones de cobros irregulares que salieron a la luz cuando en 2020 hubo relevo al frente del Consejo de Enfermería de Castilla y León. Fue entonces cuando el actual presidente, Enrique Ruiz, ganó un proceso electoral en el que Escaja no admitió el resultado y se mantuvo en el cargo impidiendo a los nuevos responsables tomar las riendas de esa organización profesional.

Los tres magistrados que han analizado el recurso de apelación de Alfredo Escaja consideran que «los indicios de delito y criminalidad se mantienen» en términos idénticos a los plasmados en los documentos que culminaban la instrucción judicial.

Sí aprecian los redactores del último auto algunas precisiones que no varían la situación judicial de Escaja. Este afirmaba que había impugnado el proceso electoral en el que fue derrotado y que por eso actuaba bajo la creencia de que era el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León. Estiman los magistrados que realizó bajo esa función actuaciones entre septiembre de 2021 y abril de 2022, cuando ya había un auto judicial que en junio de 2021 «explicitaba claramente la situación del investigado».

De fondo está también la repercusión penal de la venta de la primera planta del edificio que es la sede el colegio oficial y también la posible falsificación de un libro de actas. El auto indica sobre esto último que se ha practicado una prueba pericial al respecto que no es concluyente, pero que «existen testigos que corroboran esa posibilidad». Añaden que «lo relevante es que sí existen indicios de esa alteración y será en la fase del juicio oral cuando se determine si esos indicios son suficientes para acreditar el hecho de la alteración o si, por el contrario, la falta de acreditación técnica a través de la oportuna pericial, impide considerar probado ese hecho».

Los magistrados apuntan que más allá de la calificación jurídica que se da a parte de los hechos investigados, que el investigado considera incorrecta, eso no es vinculante ni permite echar atrás la instrucción. «Lo que ahora es relevante es que el investigado pudo haber formalizado en las fechas antes indicadas actos en calidad de presidente del Colegio sabiendo que no ostentaba tal cargo. Que esos hechos merezcan una u otra calificación es ahora irrelevante», suscriben los magistrados, que concluyen el auto valorando que podrían constituir un delito de «usurpación de funciones públicas».

El paso dado por la Audiencia de Valladolid enfila hacia el final de una instrucción que se ha alargado. Inicialmente, por las dificultades para notificar al expresidente del Consejo de Enfermería. La siguiente etapa encara hacia un juicio que se celebraría en la Audiencia Provincial, con escritos de calificación de la acusación y el fiscal que solicitan hasta 10 años de prisión y la devolución de cantidades que el investigado habría percibido cuando siguió como presidente tras haber perdido las elecciones.