La escasa cobertura regional en teleasistencia y centros de día estancan la atención social

Un fisioterapeuta trata a un pacientes en las instalaciones Ictia de Aspaym, en Valladolid. /Rodrigo Jiménez
Un fisioterapeuta trata a un pacientes en las instalaciones Ictia de Aspaym, en Valladolid. / Rodrigo Jiménez

La Asociación de Directores mantiene el Notable a la región, que sube al primer puesto del país

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

El desarrollo de los Servicios Sociales sigue siendo un fuerte en Castilla y León, no tanto como el alto nivel del de Dependencia, pero sí potente y más en una comparativa nacional. Sin embargo, Castilla y León parece haberse estancado y ello pese a un todavía amplio espacio para mejorar, especialmente en coberturas.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España hizo pública ayer su nueva evaluación de esta asistencia y gestión. Es la primera vez que los Servicios Sociales de Castilla y León obtienen la puntuación más alta de todas las comunidades autónomas de España, con 7,45 puntos, en un mapa autonómico en el que siete comunidades no llegan a los 5 puntos y otras cuatro superan el aprobado tan solo por unas centésimas. Castilla y León ya superó la puntuación de Navarra en 2017 y en 2018 supera por primera vez también al País Vasco. Mantiene así su Notable, de un 7,45 para 2018, en vez de 7,50 como en 2017, prácticamente igual, pero sin aprovechar el margen de mejora que es todavía amplio, destaca este Observatorio.

Buena gestión, desarrollo normativo, peso presupuestario, agilidad en la tramitación y respuestas en tiempo más que aceptable al demandante de atención;pero algunas carencias, en las coberturas. Es el examen de esta organización de profesionales, sindicatos y entidades sociales. Analiza así el llamado índice DEC (Desarrollo, Economía y Cobertura) desde 2012, primer año de esta valoración, para repasar logros y carencias y aunque insiste en el lugar destaca de Castilla y León, recomienda impulsar algunos recursos sonde la comunidad se ha quedado atascada y que son, además, muy relevantes para las personas con discapacidad, dependencia o mayores y, en particular, las que habitan en zonas rurales y más en las despobladas.

La cobertura normativa, la gestión efectiva y la relevancia económica, principales fuertes del sistema autonómico

En particular se centra en bajas coberturas de plazas en centros de día –son realmente muy anecdóticas– y de la falta de implantación fuerte de la teleasistencia, que ha demostrado además ser muy efectiva frente a la soledad –deseada o no– y en los pueblos en particular.

No obstante, respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, Castilla y León «se encuentra por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados, alcanzando la 'Excelencia' en este apartado». Destaca de manera especial su cobertura en materia de dependencia, «de manera que el 13,63% de su población potencialmente con falta de autonomía recibe prestaciones o servicios del sistema (10,07% de media estatal), y, sobre todo, el que con una tasa de desatención del 1,6% (frente al 19,2% nacional), se puede considerar que técnicamente en Castilla y León no existe el llamado ' Limbo de la Dependencia'».

La implicación de los ayuntamientos y las diputaciones es la base del éxito en la gestión

También en empleo, los datos son muy positivos. Los trabajadores técnicos de las estructuras básicas de la atención social local, con un profesional por cada 1.832 habitantes, superan el mercado laboral nacional, que es de uno por cada 2.348 habitantes.

De la misma manera, se sitúa por encima de la media estatal en Rentas Mínimas de Inserción, tanto por su cobertura, al beneficiar al 10,7% de las personas bajo el umbral de la pobreza en la comunidad, frente al 8% estatal, como en la cuantía media por perceptor, que supone el equivalente al 16,55% de la renta media autonómica frente al 13,21% de la estatal.

El porcentaje de plazas residenciales para personas mayores de 65 años (5,07%) duplica la media del país (2,47%). En cuanto a la Ayuda a Domicilio, sus datos son muy similares a los del resto de las comunidades: 4,68% de cobertura frente al 4,2%, y una intensidad media de 18 horas mensuales frente a 18,89 horas a nivel estatal. También en lo referido a las personas con discapacidad, Castilla y León se sitúa por encima de media, con 4% de plazas residenciales frente a 1,47%, y en plazas ocupacionales y diurnas, con una cobertura del 5,8% frente al 2,67% de media estatal.

Asimismo, en plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia machista, Castilla y León, con 20,3 plazas por cada centenar de mujeres con orden de protección en las nueve provincias, duplica la media estatal que es de 9,91%.

Los servicios domiciliarios, el reto para el empleo y para las zonas despobladas

El análisis de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales concluye con una serie de recomendaciones para cada comunidad. En lo que se refiere a Castilla y León, «anima a mantener la dinámica colaborativa» de las administraciones locales y regionales y «el protagonismo de ayuntamientos y diputaciones»; ya que es, sin duda, «clave de la eficiencia». También incide en que «instrumentos como el Acuerdo Marco o los sistemas de información y gestión compartidos son claves del buen funcionamiento». Aún así, destaca que «llama la atención» dado este nivel de las entidades locales y de colaboración que, un año más, «tan solo uno de sus ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, el burgalés de Miranda de Ebro, haya alcanzado la calificación de 'Excelente' en su inversión en atención social». Y destaca que «hay que considerar las peculiaridades territoriales y demográficas como un desafío de futuro muy especialmente para los Servicios Sociales, por lo que recomendamos a la Junta, diputaciones y consistorios, que consideren a los servicios domiciliarios como una prioridad de carácter estratégico no solo para este sector, sino también por su efecto sobre la articulación y sostenibilidad del territorio y por su impacto para el empleo». Este mercado laboral de todo tipo, «permite a las personas mayores o con diversidad funcional permanecer en sus domicilios y en su entorno, fijando población de manera muy especial en zonas rurales despobladas. Confiamos que Castilla y León sepa responder a este reto con la creatividad y el rigor con los que ha afrontado otros retos en servicios sociales; y que, de la misma manera, sea un referente para el conjunto del Estado y, especialmente, para los territorios con mayor riesgo de despoblación», concluye el informe del Observatorio.

El problema de falta de oferta se concentra en las plazas de estancias diurnas para personas mayores, con una cobertura baja, de 0,94%, frente a 1,09% de media estatal y, muy especialmente, en teleasistencia, con una cobertura de 5,64% frente al 9,29% de media del conjunto de España. Asimismo, su cobertura de plazas residenciales para personas sin hogar (41,8 por cada 100.000 habitantes) está considerablemente por debajo de la media estatal que es de 62,0.

En cuanto al amparo normativo de estas políticas sociales, la autonomía cuenta «con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización alcanzando la 'Excelencia', solo a falta de los 0,05 puntos casi simbólicos que se otorgan a que la Consejería lleve el nombre de 'Servicios Sociales'».

Y, con respecto a la relevancia económica de este tipo de asistencia y prestaciones sociales, la región se sitúa por encima de la media estatal en los tres indicadores contemplados y roza también la 'Excelencia' en este apartado del DEC; además, mejora en los tres indicadores en relación con el año anterior: El gasto por habitante y año, que ha pasado de 388,65 euros en 2016 liquidados a 433,22 presupuestados en 2018, mientras que la media estatal para el año pasado fue de 381,25 euros.

En cuanto al porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en este sector sobre el PIB regional, fue del 1,72 en 2016 y del 1,844 en 2018 (la media estatal fue 1,525) y el porcentaje que supone la inversión pública en servicios sociales sobre su presupuesto total, pasó del el 10,77% al 11,21 en 2018, en solo dos años, (media estatal, 9,36%)

A pesar de ello, «su posición relativa respecto a la media estatal muestra un estancamiento o, incluso, una ligera reducción desde 2015 debido a la mejora generalizada del país», recoge el informe.

En conclusión, este Observatorio destaca que «Castilla y León sigue mostrando un sistema muy equilibrado en sus tres dimensiones». Así ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, «una gran eficiencia del sistema». La organización considera que, en buena medida, la base de este éxito radica «en la colaboración y el protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios; así como por decisiones estratégicas adecuadas, como lo fue la acertada integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales y especialmente a nivel local».