El escaño 82: la hipoteca del hospital

Los contribuyentes de Castilla y León pagamos a plazos el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) desde que la Junta optó por construirlo mediante una concesión. Era febrero de 2006 cuando se adjudicó el contrato más abultado de la historia de la comunidad: edificación, equipamiento y gestión de 14 servicios durante 30 años. El montante al final de la vida de la concesión (sumando el canon anual) era de 1.010 millones de euros. «Sale más barato construir así. Las cuentas están bien hechas», zanjó la entonces portavoz autonómica, María Jesús Ruiz. El consejero de Sanidad, en ese momento, César Antón, asentía a su lado y puso fecha a la apertura: junio de 2009.

Menos tiempo, precio cerrado y pago en cómodas anualidades a lo largo de tres décadas... Todo ventajas. Era la filosofía de la hipoteca familiar aplicada al sector público. La concesión que funcionó sin tiranteces para la autovía Valladolid-Segovia, se ha atragantado en el hospital burgalés. El centro abrió gradualmente en diciembre de 2011 (dos años y medio de retraso sobre la fecha firmada) y la relación entre Sanidad y la sociedad concesionaria (Eficanza) acumulaba 23 litigios judiciales en 2019.

El último capítulo de este serial lo hemos vivido esta semana. Por un lado, la Fiscalía archivaba una denuncia por sobrecoste interpuesta, en abril de 2019, por Manuel Mitadiel en su último día como procurador de Cs. Hoy es el gerente regional de Salud y está al frente de la gestión de Sacyl. Mitadiel fue miembro de la comisión de las Cortes que investigó la concesión del HUBU y entendió que podía ser ilícito que la concesionaria cobrara 57 millones de euros públicos como indemnización, por lucro cesante, por los dos años y seis meses de demora en la apertura del hospital que esa sociedad construía. La fiscal jefe esgrime que el pago es correcto.

Los burgaleses esperaban estrenar el hospital en junio de 2009 y lo hicieron entre diciembre 2011 y mayo de 2012, con un retraso oficial de... 14 días, porque la Junta (y ahora la Fiscalía) dio por bueno que los otros dos años y seis meses eran achacables al modificado del proyecto inicial. ¿Y por qué se retocó?

Ahí es donde entra en juego la segunda novedad de la semana: el informe que el director de gestión del centro hizo llegar el pasado octubre a Alfonso Fernández Mañueco y, el 27 de febrero, a Manuel Mitadiel. Lo firma Víctor M. Calleja, funcionario público al que el Gobierno del PP designó en septiembre de 2018 para tratar con Eficanza. Duró en esa responsabilidad lo que tardó en reenviar ese análisis a sus superiores. El 10 de marzo fue cesado. Eso sí, «agradeciéndole los servicios prestados».

El director de gestión, tras un año en ese cometido, redacta un informe que refleja que la oferta que eligió la Junta solo cubría el 58% de las necesidades de equipamiento de reposición del hospital. 59,1 millones de euros, frente a los 126,3, 130,1 y 162,3 de los otros tres competidores rechazados, que se ajustaban a la estimación del estudio de viabilidad de Sanidad (126 millones). En la oferta seleccionada coparticipaban constructores burgaleses: Arranz Acinas, Aragón Izquierdo, Río Vena (Méndez Pozo)... Era «manifiestamente inviable», recoge el informe. Infravaloración que solventó la Junta con modificados en los que asume costes, una suerte de «rescate preventivo de una oferta con carencias flagrantes».

Aquel compromiso inicial de entrega llave en mano de un hospital operativo en tres años por 1.010 millones sucumbió entre modificados y reequilibrios del contrato. Cuando llegaron los pacientes, a los 5 años y medio, la factura sumaba 1.667 millones de euros.

Quedan 15 años largos para la reversión a Sacyl. Calleja alerta del riesgo de recibir una instalación y un equipamiento «al final de su vida útil». Ojalá yerre. PP y Cs incluyeron en su pacto valorar el rescate de la concesión. El funcionario les recuerda que Eficanza ha cobrado ya 650 millones hasta 2019. Para que hagan cuentas. No vayan a rescatar a la concesionaria.