El efecto Ayuso y la reconstrucción económica cambian el discurso político en Castilla y León

El caos jurídico tras el fin del estado de alarma es el argumento-cimentación del PP y de Ciudadanos, principalmente, aunque con matices. Alfonso Fernández Mañueco pide «herramientas para gestionar la pandemia», pero al mismo tiempo descarta utilizarlas en Castilla y León de modo inmediato. «Respecto de la situación, si evoluciona favorablemente como ha ocurrido en estas últimas semanas, y seguimos en ese proceso de vacunación positivo, creo que desde la Junta no nos planteamos el pedir ni el toque de queda ni el cierre perimetral de la comunidad. Vamos a analizar la situación y vamos a hacer una reflexión profunda de cuál es la evolución», señalaba este lunes Mañueco en Soria, durante una visita institucional.

Su vicepresidente, Francisco Igea, había declarado a La Sexta que «si el Supremo lo avala», se verá «qué es lo que ocurre». E insistió en que hay nueve comunidades en riesgo máximo. Un indicador que se da en las nueve provincias de Castilla y León, por mucho que se haya reducido la incidencia.

El caso es que el discurso nacional a veces se entromete en el regional. Edmundo Bal, erigido en portavoz de Ciudadanos tras el Comité Permanente de la formación, abogó por permitir la apertura «controlada» del ocio nocturno, más segura, a su juicio, que esas noches sin toque de queda que se han vivido últimamente. Lorenzo Rodríguez, vicepersidente de la Diputación de Burgos y también de Ciudadanos, se hacía eco en Twitter: «Solicitamos a Sánchez la reapertura organizada, segura y racional del ocio nocturno», escribía. Burgos tiene una incidencia acumulada de 307 casos por cien mil habitantes a 14 días. La media en Castilla y León es de 164. Tiene cuatro de los ocho indicadores en riesgo «muy alto» y otro en «alto».

Fernández Mañueco, interrogado ahora continuamente por las diferencias entre Madrid y Castilla y León, después de que elogiara el triunfo electoral de una gestión pandémica opuesta a la suya, consideraba que la Junta «adopta las medidas que considera convenientes en función de las circunstancias». Y añadió: «Estamos un poco más aperturistas en estos momentos que la comunidad de Madrid en cuanto al horario de hostelería».

La alineación con Díaz Ayuso y por ende con Pablo Casado lleva a Mañueco a presentarse como bastión contra el «sanchismo». «Ayuso lo ha demostrado y nosotros lo demostraremos cuando llegue el momento, el sanchismo no tendrá sitio en Castilla y León», retó Mañueco.

Y ante eso, la respuesta socialista. Para Ana Sánchez, el Ejecutivo autonómico vive un proceso de «ayusización». «Me cuesta repetir algunas barbaridades, pero hemos visto a un portavoz del PP insultar de continuo al líder de los socialistas, hacer apelaciones falaces utilizando los muertos...», aseveró la vicesecretaria de Organización del PSOE.

Los socialistas también tienen su base de ataque: los fondos del reto demográfico. Un modo de defender la gestión gubernamental –es decir, de ese 'sanchismo' denostado por Mañueco– en la captación de los fondos europeos y un punto en el que colisionan, además, con quien consideran más débil tras los batacazos electorales de Cataluña y Madrid, Ciudadanos. «Se van a movilizar más de diez mil millones de fondos europeos en luchar contra la despoblación». Millones que «requieren proyectos competitivos de la Junta para poder ser captados», aseveró Ana Sánchez, que explicó que «los proyectos se presentan en tres años, en concurrencia competitiva». «El consejero de Transparencia –Francisco Igea–, competente en la materia, ha presentado seis proyectos por 90 millones de euros. La falta de ambición del portavoz es clamorosa», atacó.

Sanchismo-dejadez contra sanchismo-reconstructor. Así se articula, tras pasar por el tamiz nacional, el nuevo debate político regional.