La despoblación rural mantiene en la cuerda floja a 209 farmacias

Es la comunidad de toda España con mayor proporción de farmacias inviables, las llamadas VEC (viabilidad económica comprometida). Le sigue Navarra con el 11%, Castilla-La Mancha con 10,9% y el resto se mueve entre el 0,1% y el 5% de Extremadura y Canarias es la única sin ningún caso. Tampoco hay muchas en las zonas costeras donde el turismo compensa carencias. Castilla y León sufre este problema cuatro veces más que el resto de España que tiene una media del 3,9%. La comunidad ya tenía 188 oficinas al borde la quiebra en 2012, año del que arrancó el diseño de un plan para garantizar su viabilidad y de esta manera que el servicio se mantuviera en los pueblos.

La ORDEN SAN/339/2013, de 9 de mayo, estableció el procedimiento para la aplicación del Índice Corrector de los Márgenes de las oficinas de farmacia que les permitiera al menos una facturación de supervivencia. Los siguientes años registraron hasta 264 en 2014, el ejercicio con peor cifra, y los 219 de 2019 que han bajado a 209 el año pasado. El vaivén de las cifras tiene más que ver con la desaparición de las farmacias que con la superación de la crisis económica que las amenazaba. Pocas salen de la condición de VEC y lo más frecuente es que cierren o se transformen en botiquines dependientes de otras.

El pasado año, el de plena pandemia, no fue malo sin embrago para el sector;de hecho, en términos globales, aumentó el 4% su facturación, según los datos de la Consejería de Sanidad.

El apoyo administrativo para estas farmacias en la cuerda floja, la mayoría en pequeños pueblos, se incluye dentro de la Agenda de la Despoblación y se realiza a través de una mejora de los márgenes de ganancias. Es una medida que afecta, por lo tanto, a las farmacias que por el volumen de sus ventas al sistema de salud están exentas de la escala de deducción de márgenes. Consiste en aplicar a favor de la oficina un índice corrector de márgenes correspondiente a las recetas u órdenes de dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a fondos públicos. Para percibir la ayuda de Sacyl, el beneficiario no puede tener impuesta ninguna sanción administrativa o inhabilitación profesional y debe participar en las actividades destinadas a crear una cultura de salud entre los pacientes como la utilización racional de los medicamentos y otros, como lo fueron en 2020, el programa de deshabituación tabáquica y la vacunación antigripal.

Además, las ventas anuales totales, en términos de precio de venta al público incrementado con el impuesto sobre el valor añadido (IVA), no pueden haber superado los 200.000 euros en el ejercicio económico anterior.

Comenzó tal medida en enero de 2012. Las cuantías que han percibido en el periodo 2012-2020, han superado los 5.785.641 euros.

Así, una vez aprobado, y en función de sus ventas mensuales, cada oficina de farmacia ve aumentada su facturación en una cuantía variable. El importe medio por oficina y año en Castilla y León se ha movido entre los 2.560 en 2019 y los 3.343 de aquel 2012.

Esa normativa limita el acceso a este mecanismo de corrección de márgenes a las farmacias de ubicación en el entorno rural –en torno al 90% de las actuales farmacias VEC– o de baja población. Fue posteriormente cuando el Real Decreto Ley 16/2016 eliminó este criterio selectivo geográfico y de habitantes para permitir también a los establecimientos urbanos inviables acceder a este índice corrector. Los ingresos de una VEC media solamente ascienden al 11,42% de los de una farmacia media española, según los datos que maneja la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR).