Castilla y León

Denuncian la precarización de la atención a los menores en los centros de protección de la Junta

La firma del convenio, que se consensuó con tres sindicatos, se remonta a junio de 2023 y supuso «la desaparición de categorías profesionales del Área Socioeducativa con titulación universitaria y su sustitución por personal de formación profesional en Integración Social», quedando todas ellas - 'Educador', 'TAMI', 'responsable nocturno' y 'TAMMA' - unificadas en un mismo grupo de categoría profesional dos - de titulación universitaria- bajo la denominación 'Técnico del menor'. Creándose, a su vez, una nueva categoría, 'Técnico de apoyo al menor', en el la que estan englobados los empleados con cualificación de formación profesional.

La petición llega dos años después de su entrada en vigor, después de que una reciente sentencia de la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya abierto la puerta a su impugnación. El fallo, que ha estimado parcialmente la demanda de un trabajador que había sufrido una modificación sustancial de su jornada y calendario laboral tras aplicarle un cambio de categoría según lo dispuesto en el nuevo convenio, condenaba la Gerencia a reintegrar al trabajador a sus condiciones de trabajo al «vulnerar sus derechos fundamentales, a la igualdad de trato y a la no discriminación». Declarando así la «inaplicación» de convenio y dando traslado al Ministerio Fiscal de la condena a fin de que «si lo considera procedente» pueda instar a su impugnación «en el apartado al que se refiere esta sentencia, la disposición decimosegunda».

Tras su aprobación, según las mismas fuentes, en noviembre de ese mismo año y «en menos de 90 días» se despidió a un total de 21 profesionales de categorías superiores, entre técnicos de atención al menor, responsables de internado y educadores, de los siete centros. Despidos que han sido «considerados judicialmente improcedentes», salvo en uno de los casos, donde el fallo dictaminó que era «nulo con readmision», procediéndose a la misma y a «un nuevo despido en días siguientes», mediante la amortización de la plaza en Consejo de Gobierno.

«De esta forma se despiden profesionales y se dan de baja sus puestos, con titulación universitaria y consolidada experiencia en atención integral a menores de centros de protección para sustituirlos por otros nuevos con titulación inferior», aseguran los firmantes en base a lo esgrimido en algunas de las cartas de despedido, en las que se motiva la decisión en «la aparición de nuevas titulaciones de formación profesional».

Titulaciones como la de Técnico Superior en Integración Social, que son la evolución de otras anteriores y que «no cumplen con el nivel requerido para la atención directa a menores en centros de protección», en base a las ocupaciones y puestos a desempeñar que figuran en los boletines de creación de estas formaciones. En el caso de la formación profesional en Integración Social se excluye explícitamente «los centros de reforma y protección para menores», orientada a su lugar a «personas en situación de dependencia» y la atención «de ocio y tiempo libre» de personas con discapacidad.

«Esta titulación de formación profesional puede tener muchos entornos propios pero estos no son los de Educador en recursos residenciales de protección de menores», alegan, citando varios acuerdos internacionales de organismos como las Naciones Unidas que recogen la necesidad de formación universitaria para garantizar el estandar de calidad en estos entornos de menores con necesidades especiales.

Entre los argumentos esgrimidos para solicitar la impugnación del convenio que recoge el escrito, dirigido también al Ministerio de Juventud e Infancia, al Procurador del Común, al Defensor del Pueblo y a la propia Consejería de Familia -que consultada por este periódico acerca de esta petición no ha dado respuesta a fecha de publicación de esta información-, aluden también al «incumplimiento» del propio decreto autonómico por el que la Junta regula el funcionamiento de estos centros. Y en el que figura que «el personal de atención directa a menores tendrá titulación de grado medio - en alusión a formación universitaria - en áreas socioeducativas».