Valladolid

El comité del Zambrana advierte a Familia de un posible aluvión de salidas en verano

Durante la reunión, que ambas partes han calificado de un encuentro «positivo» y «cordial», la Consejería les ha trasladado que estarán más «vigilantes», - según explican miembros del comité - en cuanto al cumplimiento de la licitación por parte de la adjudicataria. Aunque desde la cartera de Isabel Blanco matizan que se trata de un «control» que ya se efectúa semanalmente en una reunión entre la empresa y la Dirección General de Familia.

Mientras que los representantes de la plantilla han informado de la situación crítica de la misma, cada vez más diezmada de educadores referentes y con las dificultades de la temporada estival en el horizonte.«Si no nos dan una solución a corto plazo de cara al verano se va a ir mucha gente», advierten desde la sección sindical de UGT - los representantes de CC OO han rehusado efectuar declaraciones sobre el contenido del encuentro - sobre la disposición de muchos educadores a cambiar de trabajo y piden un poco de «oxígeno».

Han sido varias las cuestiones que se han abordado durante el encuentro que afectan al funcionamiento del centro y que algunas de ellas están también en manos de la Inspección de Trabajo, como el retraso en el pago de las nóminas, las vacaciones no disfrutadas del pasado año o el incumplimiento de las ratios de educadores por turno, con un mínimo de 18. Algunos de estos aspectos heredados de la anterior licitadora, Grupo Cinco - cuyos impagos están en los juzgados- quedaron en el limbo al producirse la subrogación del contrato sin que Meridianos se hiciera responsable, pero no todos, al estar aún pendientes los pagos de los festivos disfrutados en 2025, que iban a abonarse en la nómina de abril y que no se han pagado, según apuntan varios trabajadores. A fecha de publicación de esta información este periódico no ha recibido respuesta de la empresa Meridianos.

Aunque el principal problema es organizativo, según explican desde el sindicato, siendo uno de los puntos más candentes la inestabilidad de la plantilla por la escasa duración de las nuevas incorporaciones. «El personal nuevo que entra lo hace con muchas ganas pero se les suelta sin formación, en distintas unidades y se les cambia todo el tiempo el cuadrante», explica la representante de UGT. De los 16 trabajadores a los que se estaba entrevistando «la mitad dijeron que no cogían ese trabajo. De nueve quedaron cinco y después tres se fueron. Ahora creo que hay cinco».

Algo que achacan a las malas condiciones laborales: «Les dicen que van a trabajar de lunes a viernes y no es cierto, les hacen contratos de auxiliar educativo y no de educadores. Cuando llegan aquí se encuentran con que no es lo que les habían dicho». Tampoco han supuesto una solución en cuanto a las sustituciones puntuales de personal, ya que explican que se están considerando «horas sindicales, asuntos propios y reducciones de jornadas» comunicadas con la «antelación debida» como «ausencias sobrevenidas». Desde la Consejería aclaran que «el retén está activo y funcionando», habiéndose sustituido «todas las horas sindicales solicitadas».

Respecto a la figura de auxiliar de control educativo, para la que se anunciaron seis incorporaciones, detallan que estás se han dado de forma «progresiva» habiendo dos por turno de mañana y de tarde y otras tres nuevas incorporaciones en camino. Para UGT, este tipo de puestos que «cuentan como profesionales en la licitación pero no intervienen en la educación de los internos» y que no tienen «funciones definidas» no son la solución. «Han llegado a intervenir, no en incidentes sino antes de que ocurriera, pero en cosas muy sencillas. No creemos que puedan abarcar todo lo que eso conlleva cuando se produzca un tumulto y haya una persona sola», lamentan. Y denuncian que están recibiendo «la misma formación» que los auxiliares educativos, cuando luego los asignan a un «programa de hermano mayor». Ambas figuras además suponen «abaratar el coste del servicio».

«Hemos trasladado a la Consejería que no se trata tanto de reforzar la contención sino los equipos educativos. Si durante muchos años hemos funcionado perfectamente sin esa figura no la entendemos ahora», sostienen. Recordando que pese a que «el perfil de los internos ha cambiado», siendo los delitos por los que ingresan más graves y con el aumento de la pertenencia a bandas, con la reforma de la ley del menor en 2007 «hubo internos que pasaron a las prisiones al centro» y no existía este modelo.

Inciden en que pese a que las agresiones físicas y verbales son habituales en este tipo de centros -la última hace dos semanas, cuando un interno mordió a un guardia de seguridad tras un enfrentamiento verbal con una coordinadora, según varias fuentes de la plantilla-, las condiciones en las que ejercen «facilitan» que sucedan. Comportamientos que además no siempre se sancionan, especialmente si se trata de amenazas e insultos. «El reglamento hay que aplicarlo en todos los casos, todas las acciones inapropiadas que allí ocurren necesitan de una acción inmediata», defienden.