Victoria Salinas, extrabajadora del Zambrana

«He ido a trabajar pensando si en la puerta me encontraría un tumulto»

El asesinato de Badajoz le hizo dar un paso al frente, con una petición en Change.org que acumula más de 95.000 firmas dirigidas al Ministerio del Interior para que intervenga con una ley a «a nivel nacional» que tenga en cuenta las situaciones de riesgo y regule las medidas de seguridad necesarias en los centros de acogida para proteger a los educadores, al igual que la ley del menor vela por los derechos de los internos.

Pide, además, que se revisen los convenios para que cuestiones esenciales como «los descansos aceptables, el pago adecuado de los festivos o el plus de peligrosidad» no dependa «de la empresa privada que los gestione». La oleada de concentraciones y quejas manifestadas por los educadores ha puesto el foco en la privatización de un servicio en el que prima la rentabilidad de la empresa frente al cumplimiento de las ratios mínimas de trabajadores, tanto de educadores como de personal de seguridad. Salinas lo dice alto y claro en su petición: «En el centro de menores donde yo trabajé no se cumplía el mínimo necesario de personal de seguridad para acompañarnos».

La precariedad de medios que denuncia y la «escalada de violencia de los menores que han entrado en los centros», cada vez más «por delitos mayores», llegó a poner en jaque su salud mental y física. Recuerda sentirse superada por un episodio en el que creyó «que iba a perder la cabeza», tras estar cuarenta minutos discutiendo con un interno al que se encontró fuera de control de regreso a su unidad. Había salido para apaciguar los ánimos en el patio, donde otro usuario, que había protagonizado un fuerte incidente con otro menor, estaba amenazando a un compañero diciéndole que le iba a «reventar la vida».

«En ese momento salí y le dije a mi compañero que se marchara, porque es importante despersonalizar», explica. Allí mismo a ella le han llegado a lanzar piedras. Otros compañeros han sido víctimas de «patadas, mordiscos e intentos de asfixia». En este clima, el solo hecho de pensar en ir a trabajar le «paralizaba» la vida. «No me podía ir a tomar un café con mi madre porque estaba concentrada pensando que tenía que ir. Y cuando salía no me quedaba energía», lamenta. La atemorizaba pensar si iba a encontrarse en la puerta un «tumulto». A la salida, el temor de «si te han reventado el coche o se han quedado con la matrícula porque tienen acceso al parking de seguridad».

Fue su entorno quien le advirtió de que estaba al limite, ya que llegó al punto de preocuparse más «del trabajo», que «de poner a salvo su vida». Tras 11 meses de baja, sumidos en terapia y medicaciones que le han provocado una patología cardiaca, lo primero que encontró al regresar al trabajo fue un motín en el comedor «con cuchillos y tenedores», en el que tuvo que «hacer de parapeto» entre el personal de seguridad y un grupo de internos, que se dirigían a ellos con «vasos y tenedores para reventárselos».

Una situación que se desencadenó cuando los menores vieron aparecer a los guardias, que acudían a contener a un interno que trataba de agredir a otros dos educadores. «Los siguientes días al incidente no solo no se había reforzado al personal, sino que ni siquiera había el mínimo tras el motín», reflexiona.