Valladolid

Centenares de educadores sociales claman en Fuente Dorada por el asesinato de Belén

Mediante un manifiesto firmado por trabajadores del sector de toda España cargan contra la «mal llamada colaboración público privada», que ha llevado a un «modelo precario donde prima la rentabilidad económica sobre la calidad y seguridad del trabajo». Y piden una «transformación total del sistema que garantice condiciones dignas y seguras para profesionales y usuarios, apostando por una intervención comunitaria y no punitiva, con un modelo de intervención con menores que se ponga en el centro a la persona», para lo cual, piden, es imprescindible que aumentan las ratios de trabajadores por turno, entre otras medidas: «Exigimos más inversión y más personal en infraestructuras adecuadas y en medidas de seguridad reales, frente a un sistema que nos consume y nos expone a riesgos inaceptables».

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Tras la lectura de las reivindicaciones del sector y mediante testimonios anónimos, los convocantes han expuesto la realidad que viven en las viviendas tuteladas y centros de internamiento de Valladolid y Castilla y León, denunciando los riesgos que asumen y las condiciones precarias bajo las que ejercen. «Nos enfrentamos a peleas entre usuarios, agresiones a profesionales, intentos de suicidio, problemas de alcohol y amenazas con navajas y cuchillos. Todo solos», exponía una ex educadora de viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales y problemas de conducta, que ejerció durante 10 años en «una empresa muy conocida de Valladolid que hace una marcha muy famosa todos los años» con un contrato de cuidadora sometida a «descansos de un fin de semana al mes, un día a la semana y turnos de 18 horas y noches con una ratio de uno para 16 internos».

Un testimonio que refrenda otra trabajadora de un centro de medidas judiciales de régimen abierto en Valladolid, presente entre los asistentes pero que prefiere guardar su anonimato. «Por las mañanas, las noches y los fines de semana somos una persona por turno para ocho plazas, a excepción de las tardes, con dos trabajadores. Tenemos unos compañeros maravillosos que muchas veces nos cubren y vienen a hacer horas sin que luego les sean remuneradas. Tampoco tenemos personal de seguridad y muchas veces nos ha tocado llamar al 112 o a la Policía», asevera. Frente a esto lo que les queda es «salvaguardar la integridad de los menores y la propia, minimizar los riesgos posibles y aplicar contención psicológica, porque no se les puede tocar». Casos como el asesinato de la educadora de Badajoz le hacen temer una situación igual «si el perfil de los chicos que empiezan a entrar es complicado» ya que «todos los que trabajamos en este tipo de centros en más de una ocasión nos hemos rifado una torta».

Los trabajadores del Zambrana también han reivindicado la situación del centro, tres días después de que se produjera la última agresión a una educadora,«la cuarta en ocho días» y que ha supuesto dos bajas, según fuentes de la plantilla, que denuncian que la empresa adjudicataria sigue sin cumplir los ratios prometidos de 20 educadores por turno. «Solo esta tarde han trabajado 15 personas», lamentan, mientras que señalan que la falta de personal ante las múltiples bajas por ansiedad y depresión se suplen con educadores sin formación y denegando sistemáticamente vacaciones y días propios. «Algunos tenemos días pendientes de 2024 y nos han dicho que las pidamos de cara a abril», asevera un grupo de trabajadores veteranos, mientras que dos jovenes, incorporadas recientemente, critican la falta de recursos y de formación.