Las constructoras proponen la obra pública como locomotora económica tras la alarma

«Tenemos la preocupación lógica que se deriva, primero, de un miedo bastante extendido a la posibilidad de que se produzcan contagios –explica–. Después, porque 2020 había comenzado con cifras bastante buenas (327 millones licitados, el 40% más) sobre unos datos del año pasado que también fueron positivos».

En la actualidad, «lo que está en marcha sirve como 'depósito' para mantener la actividad durante dos o tres meses». El hecho de que el estado de alarma haya paralizado los plazos de licitación se asume por el sector como algo «normal» a lo que obliga la situación impuesta por la pandemia del coronavirus.

«Confiamos en que se produzca un desbloqueo a partir de mediados de mayo y, también de manera importante, que no se produzcan rebrotes del virus en septiembre», argumenta el presidente de los contratistas de obra pública para quien «un escenario de 'apagado y encendido' es algo que el sector puede absorber bien».

Otra cosa sería que la situación se prolongase, sobre todo porque la experiencia dice que «medidas como las líneas de crédito del ICO van muy lentas» y las moratorias en el pago de impuestos son también bienvenidas, pero insuficientes para colectivos como el de los autónomos, muy presente en el sector. «El dinero tarda en llegar», advierte.

La suspensión de licitaciones previstas afecta sobre todo a obras publicas, infraestructuras y edificaciones de la administración central (126 millones, en su mayor parte destinados a un tramo del tren de alta velocidad en la provincia de Palencia) y menos a la autonómica (21 millones) y a los entes locales (21,3 millones).

Pascual es claro al argumentar que «de una crisis se sale con deuda, con planes especiales que requieren apostar por la inversión». En este sentido, defiende que «la construcción es un sector idóneo para actuar como motor económico y en nuestro país hay obras pendientes que son a la vez urgentes: depuradoras, carreteras...».

«Superado el confinamiento hará falta que la gente tenga rentas y trabajo y la construcción es un sector que emplea mano de obra intensiva, que apenas utiliza materiales de importación en un 9% y tira mucho de la industria auxiliar: hormigón, porcelana, siderurgia... Si lo sumamos todo no nos quedamos en el 6-7% del PIB como se suele decir, sino que superamos el 10%», explica.

Además, por cada millón de inversión en obra pública se crean quince puestos de trabajo y se recupera el 40% en menos de un año por la vía impositiva. «Estamos ante una crisis muy diferente de la anterior –argumenta–, de la que sin duda saldremos empobrecidos, pero de la que se puede salir antes y mejor si se toman las medidas adecuadas».

«Por otra parte, las empresas han aprendido mucho, tienen mucha más capacidad de adaptación y de flexibilidad. Ahora la situación nos pilla adelgazados y expertos. Soy optimista porque veo a los empresarios con muchas ganas de tirar para adelante; con la condición de que haya liquidez, de que fluya el crédito, saldremos adelante». Eso sí, siempre que se asuma que «viviremos peor, tendremos que afrontar una pérdida de quizás el 20% de lo que teníamos, así que habrá que aplicarle un recorte a lo superfluo».

Pascual frunce el ceño ante lo que considera «decisiones que pueden apartarse del sentido común» en la actuación del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. «Sufriremos más o menos en función de las medidas que se tomen. Un ingreso vital para las personas más vulnerables es necesario, pero sin abusar; no algo universal porque entonces se incentivará el no trabajar. No olvidemos que la riqueza que nos repartiremos será aquella que produzcamos».