Comisiones Obreras pide «un cordón sanitario a la extrema derecha» tras las elecciones autonómicas
Ana Fernández, secretaria del sindicato en Castilla y León, insiste en la necesidad de contar con unos presupuestos en la comunidad autónoma
A ocho meses de las elecciones autonómicas y con el PSOE en plena crisis reputacional, los sindicatos empiezan a vislumbrar un futuro en el que ... reviven el pasado reciente: ese en el que Vox accedía al Gobierno de la Junta y Mariano Veganzones se hacía cargo de la Consejería de Industria y Empleo. Ana Fernández, nueva secretaria autonómica de Comisiones Obreras, ha pedido hoy tras una reunión con el líder socialista, Carlos Martínez, que «si el resultado es similar al de 2022» se haga «un cordón sanitario para que no entre en el Gobierno la ultraderecha de Vox».
No se trata, explicaba Fernández, de una cuestión meramente sindical. Hay que recordar que Veganzones redujo casi a cero las aportaciones de su departamento a los sindicatos, que sí recibieron las partidas pactadas con las consejerías bajo mando del PP. «Tenemos ejemplos de cuáles son sus políticas y adónde nos pueden llevar», advertía Fernández.
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Fernández y Martínez coincidía en la «necesidad de que haya unos presupuestos en Castilla y León», que permitan «mejorar la inversión, los servicios públicos y vertebrar el territorio». Y también en el eslogan central. Si Martínez hablaba al tomar posesión del cargo del «derecho a quedarse», lema que después adoptó el PP en la presentación de su ponencia política, Ana Fernández lamentaba que Castilla y León «pierde talento» porque su gente joven «se marcha». Un éxodo que achaca a que «los salarios en Castilla y León siguen siendo bajos» y a que hay carencias importantes en cuestiones como el transporte público o la sanidad.
La responsable de Comisiones Obreras también se ha referido a lo que ha ocurrido con la ley de publicidad institucional y la decisión de la Junta de prorrogar la licencia actual de RTVCyL y sacar a concurso una nueva emisora. «Hace dos años presentamos un proyecto de televisión pública para Castilla y León, incluso a las propias empresas que dirigen los dos canales. Decíamos algunas de las cuestiones recogidas en la ley de publicidad institucional. En el PP nos dijeron que resultaba muy caro. Sin embargo ahora, si hacemos cuentas, con esos 48 millones que puede suponer sumar un nuevo canal con la misma subvención que el actual, quizá sí se podría hablar de implantar una televisión pública».
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