Castilla y León

El CES pide apoyar a los sectores afectados por los aranceles de Trump y abrir nuevos mercados

El órgano consultivo «considera imprescindible apoyar a los sectores estratégicos que pueden verse gravemente afectados» por la guerra comercial iniciada por EE UU contra el resto del mundo, con España en el foco tras la negativa a dedicar el 5% del PIB nacional a la OTAN. En este difícil contexto internacional, el CES pide «una actuación del sector público que trate de mitigar los efectos adversos de esta situación».

En concreto, el Consejo cita como segmentos de actividad más sensibles «el agroalimentario, la maquinaria y determinados productos manufacturados como industria farmacéutica, automoción, aluminio y acero, etc.». Y propone como medidas para paliar las tarifas a la importación «promocionar líneas de apoyo financiero, asesoramiento especializado y programas de diversificación de mercados».

«Con estas iniciativas se trata no solo de reducir la dependencia del mercado estadounidense, sino también de fortalecer la competitividad» de las compañías «en otros destinos internacionales». De hecho, el CES aboga por «incentivar y apoyar la diversificación de las exportaciones, con apertura de nuevos mercados, ante la vulnerabilidad que implica depender demasiado de los sometidos a mayores aranceles».

Es más, «en el caso de Castilla y León, hay que hacer un mayor esfuerzo de marketing para poner valor la elevada calidad de nuestros productos, cuestión que a veces tiene mayor reconocimiento en el exterior, y así poder seguir abriendo mercados competitivos», sentencia la institución que preside Enrique Cabero.

El organismo reclama asimismo «la adaptación normativa y el apoyo a la contratación pública, dada la volatilidad que generan estos aranceles en los precios de los insumos», y que «en el ámbito del Consejo del Diálogo Social se genere un espacio en el que se lleve a cabo el estudio, seguimiento y propuesta de medidas para dar respuesta a las posibles crisis que la inestable situación geopolítica mundial pueda generar».

No es la única referencia a ese «valor añadido» de la región que reúne a Junta, patronal y sindicatos «con el fin de concertar y consensuar políticas y medidas en ámbitos claves». El CES muestra expresamente su «satisfacción por la plena recuperación del Diálogo Social en Castilla y León», después de que su actividad se viera seriamente limitada durante la etapa de Vox en el Ejecutivo de coalición con el PP.

En materia de empleo, pone de relieve que el año pasado ha sido «uno de los pocos» en los que «se han dado las tres variables que hacen observar de forma positiva el mercado laboral; aumento de la población activa, aumento de la población ocupada y descenso de las cifras de desempleo». Ahora bien, el CES alerta de que la bajada del paro en esta comunidad es «menos intensa que en el conjunto de España».

De ahí que considere «necesario que se dé prioridad a las mejoras estructurales del mercado laboral, mejorando educación y formación profesional para satisfacer las demandas cambiantes», entre las que cita «las impulsadas por la inteligencia artificial y la economía verde». Y ello con especial atención a los jóvenes, porque cerca del 25% de ellos no pueden trabajar a pesar de querer hacerlo, «la tasa más alta de la UE».

Precisamente «la falta de emancipación» de la juventud, que ha caído al nivel más bajo desde que hay registros, es uno de los factores que inciden en «el estancamiento demográfico» de esta autonomía, según el Consejo Económico y Social. En este campo está ganando peso la población extranjera, que a 1 de enero de 2024 ascendía a 184.135 personas, el 7,7% del total y un 9,6% más que en 2023, lo que le lleva a constatar que «una adecuada gestión de la migración» que aproveche su formación y experiencia «es clave para el futuro de nuestra comunidad».

«Instrumentos como la Estrategia de Dinamización Demográfica 2021-2027 no han sido suficientes para modificar los indicadores», afea la entidad, que incide en que las zonas rurales «sufren de manera más intensa los problemas» derivados de la despoblación. En este sentido, vuelve a exigir que se les aplique una «fiscalidad favorable» que actuaría como una palanca de «discriminación positiva» a la hora de fomentar la inversión y el desarrollo en esos lugares.