Castilla y León

La tasa de emancipación de los jóvenes cae al nivel más bajo de la historia

Salir del nido familiar «sigue siendo una posibilidad remota para buena parte de la juventud de Castilla y León», en palabras de la presidenta de la organización que les da voz. Las causas son múltiples: en primer lugar «el coste de la vivienda», pero también «la precariedad laboral, la sobrecualificación y los bajos salarios, que dibujan al final un panorama en el que construir un proyecto vital parece una carrera de obstáculos».

El estudio, correspondiente al primer semestre de 2024, revela que el número de jóvenes autonómicos que están independizados ha bajado 1,4 puntos respecto al periodo julio-diciembre de 2023 y está cuatro décimas por debajo del 14,8% registrado de media nacional. A esto se suma que «hay grandes contrastes entre provincias», ha explicado Sandra Ámez, que ha contrapuesto la tasa de emancipación del 18,56% de Salamanca o del 13,5% en Burgos al 11,03% de Valladolid.

No es extraño que así sea, porque para poder hacerlo es preciso tener un hogar y conseguirlo no es barato. El grueso opta por el arrendamiento, a un precio mediano de 656 euros mensuales en la comunidad en el momento analizado, el 7,9% más que un año antes. Teniendo en cuenta que el sueldo anual neto de un joven castellano y leonés ascendía a 13.683,4 euros, o lo que es lo mismo, 1.140,28 al mes en doce pagas, «esto supone que tiene que destinar un promedio del 57,5% únicamente al alquiler», ha detallado la responsable del Consejo. La alternativa es una habitación en un piso compartido, que rebaja la factura «entre el 19% y el 26,3%», según donde se ubique. Palencia es el territorio autonómico más económico, con la cifra más baja de esa horquilla, en contraste con la más alta donde empatan Valladolid, Burgos y Soria.

El acceso a una vivienda en propiedad con hipoteca tampoco es sencillo, porque requiere 7,9 años de salario íntegro. De hecho, para pagar la entrada es necesario ahorrar «32.490 euros, el equivalente a 2,4 años». Un joven asalariado vallisoletano tiene que destinar a este concepto el 60% de sus rentas del trabajo, la cuantía más elevada de la región, frente al esfuerzo del 38,4% que tendría que hacer en Zamora, el lugar donde es más asequible. En ambos casos se trata de un porcentaje que supera de largo el 30% que recomiendan como tope los expertos.

Sea cual sea la fórmula escogida, «a ello hay que sumarle el gasto en suministros y servicios básicos, que alcanza los 176,87 euros, es decir, el 9,5% de los ingresos mensuales», ha añadido Sandra Ámez. Y ha puesto un ejemplo para que se vea más claro. «A una persona joven que quiera vivir en solitario y cobre el salario mediano, le quedarían unos 307,41 euros para pasar el mes», ha dicho, cantidad con la que tiene que hacer frente al coste de la cesta de la compra y a otros conceptos como el vestido, el calzado o el seguro del vehículo en caso de tenerlo. Si se descuenta todo ello, hasta tomarse un simple café se pone cuesta arriba.

De ahí que la presidenta del CJCYL haya hecho «una llamada a la acción de las administraciones», a las que ha propuesto distintas medidas para mejorar la situación de su colectivo. Para empezar, «vincular la oferta educativa a las necesidades de las empresas, con compromisos de contratación estables» y «salarios competitivos y dignos». Junto a esto, ha pedido «generar de una vez por todas programas específicos para fomentar la cesión, rehabilitación o uso de viviendas vacías», en especial en los municipios rurales, y «aumentar el parque público». Y por último, «la creación de un fondo autonómico de compensación del sobresfuerzo habitacional», con el objetivo de que «ninguna persona joven tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler» porque el exceso se vea compensado con una subvención u otro tipo de ayuda.

Sandra Ámez ha estado acompañada por el secretario y responsable del Area Socieconómica y de Derechos Humanos del Consejo de la Juventud de España, Francisco Javier Muñoz Rodríguez, que ha puesto el acento en que a pesar de mejoras como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la disminución del paro y la temporalidad, emanciparse sigue siendo complicado. Es más, a la vista de los datos ha sentenciado que «somos ciudadanos de segunda, en tanto que no tenemos la libertad de poder elegir», sino que «estamos obligados por la precariedad en la que vivimos a tener un modo de vida determinado que tiene una incidencia determinante en el futuro». «Somos el segundo grupo con más riesgo de pobreza después de la infancia», ha apostillado.

La presentación del informe ha tenido lugar en la sede vallisoletana del Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad. Al hilo de lo anterior el presidente de esta institución, Enrique Cabero, ha recordado que esa realidad que describe el Observatorio de Emancipación «repercute sin duda en el reto demográfico», porque es muy difícil plantearse tener hijos cuando a duras penas puede mantenerse uno mismo. «Y es muy importante también en relación con el crecimiento de la actividad económica y empresarial y el empleo de calidad», ha apuntado, lo que le ha llevado a insistir en la idea de que «hay que invertir en juventud precisamente en una sociedad longeva como la de Castilla y León».