Castilla y León vetará parques eólicos y macrohuertos solares en viñedos

PP y Vox han llevado al pleno de las Cortes una iniciativa para salvaguardar de instalaciones para producción industrial de energías renovables a las vides. Lo hacen con la polémica en auge por los proyectos planteados en distintas zonas de Castilla y León. El Bierzo, por ejemplo, tiene efecto imán para las multinacionales energéticas porque aprovechan las redes de evacuación que daban servicio a las centrales térmicas cerradas. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de los proponentes y de procuradores de la oposición hasta sumar 52 votos a favor y 27 abstenciones del PSOE, bancada que ha justificado el voto en blanco por considerar la propuesta poco ambiciosa. Plantearon incluir los pastos y PP y Vox no aceptaron.

La entrada en vigor de esa ampliación de los terrenos libres de parques de aerogeneradores y sembrados de paneles solares requerirá que la Junta modifique un Decreto Ley que aprobó en junio de 2022. Fue una de las primeras medidas del Gobierno de coalición de Mañueco y García-Gallardo. Era una regulación urgente para agilizar la gestión de fondos europeos y el Ejecutivo aprovechó para incluir cuestiones que iban desde la caza del jabalí a la protección de regadíos y terrenos de valor natural frente a la avalancha de solicitudes de autorización de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

Ese decreto dejó una laguna, la del viñedo, que es la que han buscado solventar ahora los socios. Sobre la marcha, con la proposición ya registrada en las Cortes, han detectado que esa laguna era mayor y el PP ha autoenmendado el texto para incorporar los «cultivos permanentes», etiqueta en la que encajan desde castañares a plantaciones de pistachos, perales, manzanos, ciruelos, cerezos...

La iniciativa estipula que las líneas eléctricas de evacuación de estas instalaciones de energía renovable que precisen atravesar viñedos o arbolado de frutos secos o frutales «deberán ser siempre soterradas». El procurador de UPL, José Ramón García, planteó una enmienda en el debate para limitar el trazado de estas líneas a los caminos y evitar así el arranque de vides antiguas. No se incorporó, pero Beatriz Coelho, del PP, señaló que la Junta estudiará si jurídicamente es viable.

La propuesta de PP y Vox deja una ventana abierta a la eliminación de viñedo y cultivos permanentes por el desarrollo de proyectos de renovables en casos en los que concurran «razones de imposibilidad, debidamente motivada». Si esto se plasma, el promotor del parque eólico o solar deberá reponer esta superficie «en parcelas cercanas y de análoga calidad».

Coelho destacó que el cambio legal hará compatible la «instalación controlada y regulada de parques generadores de energía renovable» con la «total protección de los viñedos y de nuestros vinos». Miguel Suárez, de Vox, tildó de «caramelo envenenado» la implantación de estas instalaciones. «Un gran negocio para unos pocos», que achacó a la «inquisición agendista», en referencia a las medidas de lucha contra el cambio climático.

En la bancada de la oposición, el socialista Miguel Hernández Alcojor, censuró los «bandazos» y «la falta de previsión» de la Junta y recordó que el PSOE pidió una regulación en 2021 que recibió como respuesta el «rechazo frontal del PP». Desde UPL-Soria ¡Ya!, José Ramón García puso sobre la mesa la práctica de las energéticas de dividir grandes parques en instalaciones de menos de 50 megavatios para eludir controles y que la autorización sea autonómica y no ministerial. «Máxima rentabilidad a costa del deterioro del paisaje y la economía local», precisó.

Pablo Fernández, de Unidas Podemos, reclamó una planificación autonómica del despliegue eólico y fotovoltaico. «No van al fono del asunto que es 'renovables sí, pero no así», manifestó. Y Francisco Igea, todavía procurador de Cs, centró la cuestión de debate: «Se les olvidó meterlo en el decreto ley», apuntó a las bancadas de Vox y PP.