Montes Torozos | Valladolid

Vecinos a la sombra de los aerogeneradores: entre la «asfixia» y la rentabilidad

Los bosques de molinos gigantes mandan en el paisaje desde que se coge la carretera que conduce a Villalba de los Alcores. Desde Valladolid, la Finca Navillas está al lado izquierdo de la vía. Unas verjas verdes y un pequeño paseo de árboles conducen a la granja, que está prácticamente enmarcada de parques eólicos y placas solares plantadas en un territorio de casi 6.000 hectáreas de monte de encina y roble. La ubicación de su propiedad, próxima a la subestación de La Mudarra, propiedad de Red Eléctrica de España, que es el punto de entrega de la energía, indican las hermanas Contreras, Lourdes y Paloma, les perjudica. «la línea (de evacuación de la energía eléctrica generada por las palas) atraviesa por el lindero, discurre por el límite del término pero luego, en lugar de seguir junto al camino, se desvía por el pozo, da un quiebro, ponen una arqueta y luego la línea atraviesa toda la finca». De entrada, en esta zona que les han expropiado para que discurra la infraestructura soterrada de evacuación, se van a remover toneladas de tierra «y las máquinas van a estropear el sustrato que hemos estado preparando durante años».

En Finca Navillas practican la agricultura biodinámica, que consiste en la integración de los cultivos y la ganadería, el reciclaje de nutrientes, el mantenimiento del suelo, y la salud y el bienestar de los cultivos y los animales. Cultivan lo que comen sus vacas y con esos forrajes también ceban los terneros, que en el momento oportuno de crecimiento venden directamente a una sala de despiece y esta, al consumidor final. «La finca era de mi padre y yo me incorporé en 2013. Es mi proyecto de vida», insiste esta agricultora y ganadera, experta en gestión administrativa y que se ha preparado durante años para realizar una agricultura sostenible. Desde que asumió la gestión de la granja, el sobrante de la energía 'verde' generada en la finca y no consumida les pemitió poner regadío y sembrar maíz que, tras pasar por un proceso de fermentación, «como un chucrut», explica Lourdes, sirve de también de alimento para el ganado.

Esta propietaria, al igual que otros particulares y empresarios que integran la asociación SOS Montes Torozos, reclama a la Junta de Castilla y León y al EREN que se revise la legislación en materia de autorizaciones a los nuevos parques eólicos, con el fin de ordenar el mapa de estas instalaciones que tienen un alto impacto paisajístico y medioambiental, para atajar la sobreexplotación y saturación en los términos municipales. «No pondrían una fábrica al lado de un bloque de pisos o de un hospital, ¿no? Pues esto es igual. Nos están asfixiando. Aquí producimos alimentos y lo que pedimos es que estos parques se instalen en zonas no productivas ni tan cerca de los pueblos. Esgrimen el interés social para no estimar las alegaciones que presentamos y así autorizar estas instalaciones, pero son empresas las que se lucran. Nos sentimos desamparados por la ley», indica esta emprendedora.

El parque eólico el Cerrato VI y su infraestructura de evacuación afecta a 76 propiedades privadas y comunales (fincas, monte, caminos...) de los términos municipales de Quintanilla de Trigueros, Trigueros del Valle, Corcos del Valle, Cigales, Villaba de los Alcores, Valladolid y La Mudarra. En el periodo de información pública se presentaron 16 alegaciones, tanto de particulares como de empresas. En el caso de la familia Contreras, sus alegaciones pasaron primero por el silencio administrativo para, tras un largo proceso, ser rechazadas y con el argumento de la «utilidad pública» de las instalaciones, se concede autorización administrativa al trazado propuesto por Cerrato Eólica SLU y se aplica la expropiación forzosa para los cuatro kilómetros de zanjas por donde se soterrará la vía de evacuación de alta tensión. Paloma Contreras subraya que van a seguir defendiendo sus derechos y que están preparando un recurso contencioso administrativo contra la Junta y la empresa promotora del parque.

«Vamos a ir a la vía judicial por el vacío que existe en la normativa de servidumbres, se escudan en el término de utilicad pública pero lo desarrollan empresas privadas. Nos vamos a defender porque el daño es irreparable, son diez años tratando el terreno», confirma esta profesora y arquitecta, autora del diseño de la vivienda sostenible en la que viven. «Queremos que se revise y plantee un instrumento de planeamiento suprarregional que establezca cuánto, cómo y dónde poner estas instalaciones de energía. Ahora se pueden construir en todo suelo rústico común y en todo lo que no esté protegido, e incluso a poca distancia de un espacio protegido, como ocurre aquí».

La sobreexplotación de parques eólicos, sostienen, está dando al traste con proyectos de empleo en la zona y mencionan el reciente caso de la Granja Potosí, dedicada a la cunicultura, una explotación que llegó a tener 2.000 conejos. Atribuyen a los «ultrasonidos» de los aerogeneradores que los animales «se volvieron infértiles, se volvieron locos y se comían unos a otros». La empresa, en la que se invirtieron más de dos millones de euros, ha tenido que cerrar. Los promotores no lograron de la empresa energética la indemnización que reclamaron por las pérdidas y en estos momentos están inmersos en un pleito contencioso.

Añaden el impacto medioambiental en la fauna salvaje de la zona y no solo paisajístico. «No hay conejos, no hay jabalíes, no hay pájaros». Los Montes Torozos, recuerdan las hermanas, son zona Zepa de protección de aves y los molinos «interfieren» en sus rutas migratorias. Pero en todo momento quieren dejar claro que «no decimos no a las renovables, soy ejemplo de autoconsumo, llevo más de diez años con renovables y con ello mantengo a los animales, pero no de manera destructiva con el medio ambiente», apostilla la ganadera.

Durante el recorrido por su finca, acompañada de sus mastines 'Kira', 'Alegría' y 'Macarena', «porque aquí hay muchos lobos», Lourdes remacha: «En Torozos proliferan estas instalaciones sin un control legislativo, todo se admite bajo el paraguas de interés social, cuando lo explotan empresas privadas, y estas aprovechan los procedimientos administrativos. Estamos de acuerdo en que los recursos que generan los parques vayan a los ayuntamientos, pero que se regule donde se ponen, porque nos estamos cargando el medio ambiente, la cultura, el patrimonio».

En el territorio de la provincia de Valladolid hay instalados 22 parques eólicos con una potencia de 756 megavatios (según los datos, a diciembre de 2022, de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León), pero si hay un lugar donde han proliferado los molinos como setas gigantes en tan solo dos años es en la comarca terracampina de Montes Torozos.

«Es exagerado», reconoce el alcalde de Villaba de los Alcores, Manuel Gutiérrez del Campo. Su pueblo tiene 374 habitantes y el término municipal se extiende por 101,7 kilómetros cuadrados. Una zona rústica tradicional de labranza que bordea el monte y donde cada vez más lo que se planta son aerogeneradores y placas solares. En la comarca hay 1.100 hectáreas de placas. Para este regidor, estas son una especie invasiva «peor» que los molinos para la actividad agropecuaria y el paisaje, pero indica que la rentabilidad de ambos «es innegable» para los ayuntamientos y particulares, que en lugar de arrendar las fincas para que se labren, las ponen a disposición de las empresas promotoras, «que ofrecen un dineral a los propietarios». Calcula que por hectárea de fotovoltaicas están ofreciendo entre 1.200 y 1.500 euros al año. «La gente es dueña de sus tierras, viene una empresa, les ofrece un dineral y hacen sus cuentas...».

El munícipe se apresura a señalar que el Ayuntamiento «no puede hacer otra cosa» que permitir el cambio de uso del suelo porque «es la Junta o, en su caso, la Administración central, en función del tamaño y potencia de los parques, las que autorizan y deciden dónde se ponen». Al municipio de Villalba de los Alcores, por la construcción del parque, la promotora le inyectó 1,5 millones de euros. A ello se suman los 200.000 euros al año que recibe por «el impuesto» a las empresas que explotan la energía 'verde' en el municipio y que son «las que vienen y hacen negocio».

Con este ingreso a las arcas municipales, en Villalba pueden organizar, expone el alcalde, diversas actividades sociales para los vecinos: desde pagar a un profesor de inglés, a clases de gimnasia o mantener la guardería, aunque también lo usan para construir infraestructuras, como la pista de pádel. «Al Ayuntamiento le viene bien, le beneficia a todo el pueblo, aunque entiendo también a los propietarios que protestan, están en su derecho», concluye Manuel Gutiérrez.