El 64% de los vallisoletanos vive en un municipio con parques eólicos
La capital de la provincia se encuentra a la cabeza en cuanto a generación eólica
Dos de cada tres habitantes de las provincias de Valladolid y Palencia (64%) viven en municipios con presencia de parques eólicos. En España solo están ... por delante Zaragoza y Albacete (ambas con el 81% de su población), según el Informe que acaba de publicar la Asociación Empresarial Eólica. El dígito tiene fácil explicación. En Valladolid solo el 8% de sus ayuntamientos tiene aerogeneradores en su término. Y, aunque muchos vecinos lo ignoran, el término municipal de la capital (donde viven casi el 60% de los vallisoletanos) ya es una potencia en generación eólica.
En Navabuena, en terrenos de la ciudad que lindan con Villalba de los Alcores, se ubican 11 de los 13 molinos del proyecto Navillas, un gran parque promovido por la empresa Naturgy que está operativo desde 2019. En este corredor se «están tramitando otros proyectos similares», según confirma el concejal responsables de licencias municipales, Luis Vélez.
El avance de las energías renovables en España y Europa es imparable. Si se cumplen las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, hasta 2025 deberían instalarse en la península 3.123 megavatios anuales de eólicas. Eso supone duplicar el ritmo actual.
Crecimiento constante
Ya hay un 11% de españoles que tienen algún molino soplando en su consistorio, cifra que en Castilla y León superan de largo también Ávila (42%) y Soria (21%). No hay que olvidar que en Castilla y León está la cuarta parte de los parques eólicos de la península: 272 de los 1.250 de todo el país.
Este informe llega en un momento en el que se recrudece el debate sobre la implantación de las energías renovables en el territorio. Una realidad todavía más candente con el 'boom' de los parques solares fotovoltaicos, que también avanzan sin aparente planificación en Castilla y León.
La triple crisis energética (costes, generación y climática) unida a la guerra de Ucrania están llevado a todos los gobiernos a acelerar y tratar de despejar el camino hacia sociedades más sostenibles.
Nuevo escenario legal
Así, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó a finales de noviembre el nuevo decreto (46/2022) que regula las autorizaciones de instalaciones eléctricas. La nueva norma busca «asegurar la funcionalidad, la simplificación de trámites y la seguridad jurídica del promotor», asegura el decreto. Va en consonancia con los planes de la Unión Europea que el día 13 de diciembre podría aprobar nuevas medidas en un Consejo Extraordinario sobre Energía.
La abogada experta en tramitación ambiental Helena Sánchez-Reyes coincide en que el nuevo marco» simplificará y agilizará el despliegue de proyectos». Su texto también intenta «armonizar una normativa que hasta ahora estaba dispersa», concluye su colega y asesora en derecho agrario y rústico, Celia Miravalles.
Pero los expertos consultados coinciden en que también aporta algunos requisitos que podrían ayudar a limitar el «absoluto descontrol por falta de una planificación regional», del que habla el portavoz de Ecologistas en Acción en la Comisión de Medio Ambiente Urbanismo, Miguel Ángel Ceballos.
El nuevo decreto exige a las empresas que promuevan proyectos renovables una garantía económica de al menos el 20% de fondos propios respecto al coste final. Una obligación que debería borrar de un 'plumazo' gran número de proyectos especulativos que se han promovido en Castilla y León con mínimos capitales sociales (de unos miles de euros). Y que luego, una vez tramitados, eran revendidos a grandes firmas.
Otra exigencia que obligará a que los nuevos parques lleven la firma de empresas solventes es que deberán proveer un depósito para «cubrir los costes del desmontaje al final de la vida útil».
Además, también se toman medidas contra la actual 'picaresca' empresarial por la que se suelen 'despiezar' los grandes proyectos en varios planes para burlar las mayores exigencias de aprobación. A partir de ahora, la norma considera que hay «continuidad de instalaciones» en aquellos casos que «pertenezcan a un mismo grupo empresarial, evacuen en el mismo nudo de la red (...) siempre que la distancia de los aerogeneradores o paneles fotovoltaicos sean inferior a cinco kilómetros».
Control de expropiaciones
Una de las más novedosas aportaciones es que se acabaron las amenazas de expropiación que les llegaban a algunos propietarios de tierras remisos a vender frente a un proyecto eléctrico. Con la nueva norma, «la persona solicitante deberá disponer de acuerdos previos para al menos el 50% de las fincas y de la superficie afectada». «Esto es uno de los mayores quebraderos cuando negociamos con las empresas», admite Miravalles.
Frente a estas nuevas obligaciones, la Junta agiliza las siempre polémicas declaraciones de impacto ambiental que «se integrarán dentro del procedimiento de autorización administrativa previa». A partir de ahora, el silencio administrativo, una vez cumplidos los plazos legales, «tendrá efectos desestimatorios». Y esos tiempos serán de un mes para proyectos que no necesiten declaración de impacto ambiental y seis para el resto.
Más agilidad pero con solvencia
Helena Sánchez-Reyes, una a su condición de letrada la portavocía de Defensa del Valle Esgueva, una plataforma que lleva tiempo reclamando una gestión ordenada de los parques de renovables. Tras analizar la nueva normativa regional saca algunas conclusiones:
«El Decreto (46/2022) se inserta en el cumplimiento de las instrucciones de la Unión Europea de simplificar y agilizar el despliegue de los proyectos de energía renovable. Respecto a su contenido podemos destacar:
-Por primera vez se concreta qué capacidad económica deben tener las empresas de producción de energía.
Como novedad, se exige que acrediten la disponibilidad de la menos el 20% de fondos propios para la viabilidad de los proyectos pendientes de ejecución en la provincia.
-Reduce la información pública en línea con la normativa estatal y autonómica.
-Exigencia de una fianza o aval que garantice el desmantelamiento de las instalaciones, en cuantía suficiente para que lo haga un tercero y que se actualizará quinquenalmente. Dos notas críticas:
-Se debería exigir antes de la ejecución de las obras y no antes del inicio de la explotación.
-Se echa de menos que se regule el procedimiento de ejecución subsidiaria por parte de la administración-
-De forma un tanto confusa se prohibe la transmisión de las instalaciones antes de que se obtenga la autorización de explotación. ¿Esta prohibición alcanza también a los cambios societarios? En la actualidad se están llevando a cabo transmisiones de empresas antes de la autorización de explotación.
-Se introduce una novedosa limitación a las expropiaciones que exigirá disponer de acuerdos previos de al menos el 50% de las fincas y de la superficie afectada. Esta modificación es necesario que se conozca porque la amenaza de la expropiación se está utilizando como arma para conseguir acuerdos. También es conveniente que los vecinos hablen entre sí, porque se utiliza la falta de diálogo para engañarles respecto de los acuerdos con otros vecinos.
Sobre esta cuestión se echa de menos por parte de la administración que se valore a los efectos de la declaración de utilidad pública el destino de la energía producida.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
