Castilla y León se alinea con Urkullu y García-Page, que piden prorrogar el estado de alarma

«Hoy me siento mucho más Arisqueta que nunca, estoy muy de acuerdo con lo que dice el Gobierno del País Vasco». El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, reivindicó este jueves su apellido materno para alinear a Castilla y León con la reclamación del lehendakari Íñigo Urkullu, que ha solicitado al presidente Pedro Sánchez una prórroga del estado de alarma, algo que expresamente ha planteado también el dirigente castellanomanchego Emiliano García-Page.

«A quien corresponde esa decisión es al Gobierno de España, lo que no puede hacer, me temo que lo hará, es volver a pasar la pelota a las comunidades. La ley dice que cuando la crisis es global, y hay nueve comunidades en estado de alerta máxima, gestionar las pandemias, gestionar el estado de alarma, es una obligación del Gobierno de la nación», argumenta el vicepresidente de Castilla y León. Igea añadió que si el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no lo hace es por «miedo» al coste político de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. «Están paralizados porque estamos en campaña», subraya el de Cs.

«Miren la incidencia de las comunidades que circundan a Castilla y León, eliminen el confinamiento perimetral, y naturalmente que estamos preocupados», invita el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal de los jueves. Francisco Igea asegura que los Servicios Jurídicos de la comunidad están valorando «todas las opciones» por si se produce ese 'vacío' postestado de alarma.

El dirigente de Cs ha vuelto la mirada hacia el País Vasco, que se ha visto obligado a suspender de nuevo las operaciones quirúrgicas programadas en sus hospitales ante la presión asistencial que ejercen los pacientes covid, y ha recordado que hay restricciones que permite el estado de alarma vetadas a las autonomías. «Hemos vivido ya esta situación. Alguien debería recordar cuáles son las decisiones que se han tomado en algunas comunidades y cual es ahora su incidencia acumulada. Hay comunidades que duplican a otras, otras que triplican, y no se puede decir que es lo mismo tomar medidas que no». Igea no ha puesto nombre a esas autonomías.

Además de poner a trabajar a los Servicios Jurídicos ante el escenario que puede abrirse el 10 de mayo, Igea ha afirmado que están intentando avanzar lo más posible en la vacunación. Castilla y León ha inyectado al menos una dosis al 35% de sus residentes y el 20% de la población diana para conseguir la inmunidad de rebaño (que se sitúa en el 70% del padrón) tiene la vacunación completa. «Si la irresponsabilidad del Gobierno hace decaer el estado de alarma, que nos pille con la mayor inmunización posible», justifica el vicepresidente, tras un Consejo de Gobierno en el expediente de mayor cuantía sobre el que informó el portavoz fue la reedición de la subvención anual de 20 millones de euros que la Junta abonará a los propietarios de la televisión privada autonómica (Radio televisión Castilla y León).

Alfonso Fernández Mañueco y sus consejeros analizaron también el efecto que ha tenido que la comunidad ganara en el Tribunal Supremo el litigio contra el Gobierno central por los 182 millones que el Ministerio de Hacienda adeuda a Castilla yLeón del IVA de diciembre de 2017. La ministra María Jesús Montero ofrece ahora, tras perder el pulso judicial con la Junta, «una solución global» para todas las autonomías. Igea ha dudado de que si el recurso lo hubiera interpuesto Cataluña, «se hubiera extendido a las demás».