Amilivia insta a adelantar en cuatro meses la rendición de la Cuenta General de la Comunidad

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, instó hoy a los grupos de las Cortes a una reflexión para la modificación de la ley de Hacienda de la Comunidad y adelantar en cuatro meses, al 31 de julio, la rendición de la Cuenta General cuyo plazo ahora es el 30 de noviembre, lo que mejoraría el control y contribuiría a una gestión más eficiente.

Amilivia presentó en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad -obligada por ley- y el 'Análisis del endeudamiento de la Administración autonómica', complementario del anterior y ambos del ejercicio 2022', aun con el impacto de la pandemia y con presupuestos prorrogados por el adelanto electoral.

«Ruego a una reflexión», sugirió a los grupos, después de relatar las fechas en las que se rinde la Cuenta General en la mayoría de las comunidades, entre los meses de finales de junio, julio y septiembre. «Seis meses de retraso», observó sobre el momento en que se hace en Castilla y León.

Entre las recomendaciones, además de adelantar el plazo de rendición de la Cuenta General, se recoge que en situaciones de no aprobación de presupuestos -como es el caso de 2025- se deben prorrogar los ingresos por el importe que estime que va a recibir, acelerar el reparto de fondos específicos a las entidades que los van a gestionar, vigilar el comportamiento del endeudamiento general y modificar la ley para incluir la deuda de todas las entidades.

La Cuenta General de la Comunidad, rendida en plazo, se forma mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público autonómico, precisó, para desgranar que los créditos del presupuesto inicial de gastos e ingresos consolidado ascendían a 12.286, que alcanzaron los 13.290 millones con la incorporación de modificaciones por cuantía de 1.005 millones.

Los presupuestos iniciales para 2022 deberían ser inferiores a los de 2021, ya que en los presupuestos que se prorrogan existían créditos para realizar gastos circunscritos a ese ejercicio. Sin embargo, los créditos iniciales para 2022 son prácticamente idénticos a 2021. Posteriormente se tramitaron minoraciones de crédito, consecuencia de la prórroga, por importe de 52,3 millones de euros.

De acuerdo con los datos de la liquidación, las obligaciones reconocidas netas se situaron en 12.578 millones de euros. Desde el punto de vista funcional, el 56 por ciento del gasto presupuestario, se ha dedicado a sanidad, educación y cultura, lo que supone un aumento de 233 millones respecto al ejercicio anterior. Dentro del gasto destinado a sanidad, educación y cultura el destino es principalmente la atención primaria y especializada (un 61 por ciento).

En atención sanitaria el gasto fundamental se realiza en Atención especializada, con 2.858 millones (un 2,7 por ciento más que en 2021) y en Atención primaria, con 1.444 millones (un aumento de 4,4 por ciento). Respecto a la enseñanza, el principal gasto se destina al subprograma Educación secundaria, Formación profesional, educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas, por un importe de 1.021 millones (un 2,3% más que en 2021) y al subprograma Enseñanzas universitarias, con 422 millones (un 5,8 por ciento más que en 2021).

El sistema de financiación autonómica aportó a la Comunidad 7.655 millones en el ejercicio, el 64 por ciento del total de los ingresos de la cuenta consolidada. De ellos, las entregas a cuenta provenientes del Estado, 6.862 millones, suponen el 57 por ciento. El importe de la liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2020 fue negativo para la Comunidad en 372 millones, cuantía neutralizada por la Administración del Estado al no considerarse el impacto económico de la crisis sanitaria en las entregas a cuenta de dicho ejercicio.

El patrimonio generado es negativo por importe de 8.214 millones, con una disminución de 125 millones en 2022. El patrimonio neto es negativo por 6.099 millones, empeorando en 119 millones desde 2021, lo que explica la necesidad de recurrir al endeudamiento.

Como resumen, explicó que la Cuenta General de la Comunidad se presenta, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable su actividad económico-financiera, excepto por las salvedades por incorrecciones materiales, incumplimientos legales y por una limitación al alcance que pone de manifiesto el informe de fiscalización.

Al cierre de 2022, el volumen total de deuda en términos de contabilidad nacional, que es la computada por la Unión Europea para el control del déficit (Protocolo de Déficit Excesivo), en Castilla y León ascendía a 13.322 millones de euros. Su incremento con respecto al 2021 es del 0,81 por ciento. Teniendo en cuenta que para todas las comunidades esta cuantía es de 317.089 millones, la participación de Castilla y León en la deuda total de las comunidades se mantiene desde 2013 en el cuatro por ciento.

La deuda mediante empréstitos disminuyó en 417 millones ya que no se emitieron en 2022 nuevas obligaciones. Sin embargo, los préstamos con entidades de crédito continuaron creciendo (531 millones) y disminuyeron otras deudas a largo y corto plazo (68 millones).

La deuda sobre PIB en Castilla y León en 2022 fue del 20,7 por ciento. El total de las comunidades autónomas fue del 23,6 por ciento. Nueve comunidades tienen un porcentaje de deuda sobre el PIB más alto y siete más bajo.

La deuda per cápita en Castilla y León era de 5.615 euros en 2022. La media nacional alcanzaba los 6.679 euros por habitante. La tendencia en el número de habitantes de Castilla y León desde 2013 es descendente, mientras que la deuda en términos absolutos sigue la tendencia contraria, aunque en los dos últimos ejercicios el aumento ha sido menos pronunciado.

En los próximos cinco ejercicios la Administración general de la Comunidad tendrá que hacer frente a la amortización de más de la mitad del importe de sus préstamos (53,85 por ciento) y en diez años tendrá que asumir el vencimiento del 87,09 por ciento del saldo de deuda viva.

La procuradora del PP Rosa Esteban, que rebatió la critica y «lecciones» del PSOE, resumió que el informe reafirma el rigor con que la Junta ha gestionado los servicios públicos con una estabilidad financiera y se detuvo en el gasto en sanidad o en educación, como «reflejó de que se cuida a los ciudadanos».

Igualmente, calificó de «razonable» el crecimiento de la deuda ante la situación adversa por el impacto del COVID, afirmó que el Consejo de Cuentas no detecta irregularidades y solo algún defecto técnico y concluyó que el presupuesto fiscalizado tiene rigor y control, lo que contrapuso al Gobierno, a quien acusó de «un reparto partidista de fondos para mantener en el poder», en referencia a Sánchez.

«Castilla y León cumple con sus ciudadanos, con sus cuentas y con la ley», resumió, para asegurar que el Gobierno falla en equidad y el reparto de fondos en función de los apoyos que recibe. «Castilla y León tiene una deuda contenida y responsable», valoró respecto a otras comunidades. «El Consejo de Cuentas presenta conclusiones reales y recomendaciones inteligentes». «Así se gobierna en tiempos de incertidumbres», remató.

La socialista Rosa Rubio manifestó que los presupuestos prorrogados es «una especialidad» del presidente de la Junta, recordó que a dos días de aprobarse las cuentas de 2022 apretó «el botón electoral» bajo el argumento de un «falso pacto» y criticó que no se tuviera en cuenta que los presupuestos prorrogados tenían que ser inferiores a los de 2021, por lo que después se tramitaron minoraciones de crédito.

También, acusó a la Junta de «maquillar» las cuentas al recoger un fondo COVID que era coyuntural ante la llegada de los nuevos fondos europeos, incidió en peores datos de crecimiento económico y empleo por detrás de la media nacional que unió a la baja ejecución presupuestaria en algunos apartados.

Rubio señaló la partida de 1.004 millones de modificaciones presupuestarias, un 59,20 por ciento más que en el año anterior, lamentó que no se recogiera un fondo de contingencia e incumpliera la ley y se refirió a 95 millones de euros de facturas de sanidad en el cajón. «En cuanto no sale el Gobierno de España a su rescate, la Junta naufraga», resumió.

También, reseñó que, aunque hay que reformar el sistema de financiación autonómica, Castilla y León ha recibido en los últimos siete años 67.443 millones de este modelo, que supone 26.000 millones más frente al periodo de Gobierno de Rajoy. «Mañueco se endeuda para poder pagar deuda, es la tercera Consejería», anotó.

La procuradora de Vox Susana Suárez, que se refirió al impacto de la Covid en este informe, se centró en algunos incumplimientos como que los presupuestos prorrogados tenían que ser inferiores, llamó la atención de por qué acudió a créditos en vez de emitir deuda pública y valoró que se mantenga en un 4 por ciento el porcentaje de deuda sobre el conjunto de las comunidades.

En su turno, apoyó las recomendaciones efectuadas en ambos informes y reafirmó el compromiso de Vox que una gestión eficaz del dinero de todos los ciudadanos de la Comunidad.

El procurador de UPL José Ramón García incidió en salvedades que se deben corregir, aludió a recomendaciones de años anteriores que no se tienen en cuenta «por falta de voluntad», lamentó la baja ejecución en inversiones reales en León, Salamanca y Zamora y consideró elevado el nivel de endeudamiento.

Así pidió reforzar el control interno en las consejerías, planificar presupuestos más realistas para una ejecución más eficaz en el capítulo de inversiones y reducir las modificaciones presupuestarias, para concluir en que cumpla las recomendaciones del Consejo de Cuentas.

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