Las empresas animan a los consumidores a reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos

Nos han enseñado a separar el papel, el vidrio, la materia orgánica y todos esos envases que no son nada de lo anterior, entre los que se incluyen los plásticos (por desgracia cada vez compramos más comida envuelta en ellos), para depositarlos en sus correspondientes contenedores. Pero quizás el ciudadano sea menos consciente de la importancia de reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos, muchos de cuyo componentes son además peligrosos.

Concienciar a la sociedad de la necesidad de recuperar los componentes reutilizables y de aislar los elementos peligrosos de todos esos aparatos, desde una pequeña batidora a un gran frigorífico, es el principal objetivo que comparten la Fundación Ecolec, la Junta de Castilla y León y las asociaciones de comerciantes de electrodomésticos y las empresas que se encargan de la gestión integral. Así se puso en evidencia ayer en la mesa de debate organizada por El Norte de Castilla para analizar la eficiencia en la eliminación de estos residuos, que fue inaugurada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien subrayó que las administraciones están vigilantes en el cumplimiento del Decreto 110/2015 de 20 de febrero de aparatos eléctricos y electrónicos, desde el «convencimiento» de los beneficios medioambientales que genera el buen uso y reciclaje de dichos aparatos.

Suárez-Quiñones agradeció a El Norte de Castilla su labor a la hora de promover un debate de reflexión sobre un asunto tan importante que afecta a la sostenibilidad del planeta, «una herencia que debemos dejar a nuestros hijos». En este sentido, el consejero recordó que el reciclaje es responsabilidad de todos los agentes, desde el productor al consumidor. Remarcó que «Castilla y León está muy comprometida» y recordó que la comunidad autónoma cuenta con importantes infraestructuras para reciclar este tipo de aparatos. Mencionó la planta de Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que la empresa Ilunión posee en La Bañeza (León) y la de Induraees en Osorno (Palencia), junto a otras 68 instalaciones autorizadas. «Todo un entramado empresarial, que además de reciclar, crea empleo directo e indirecto», defendió Suárez-Quiñones. Infraestructuras «preparadas para asumir los residuos de Castilla y León, pero también los de otras comunidades autónomas menos preparadas», apuntó. «El ciudadano es muy poco consciente de que también tiene que asumir sus obligaciones», se lamentó.

En el debate participaron Luis Moreno, director general de la Fundación Ecolec; Alejandro Fernández, de Ilunión Reciclados (perteneciente a la ONCE); José Prat, secretario general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE); José Manuel Fernández, presidente de la Acema, la Asociación regional de Comerciantes de Electrodomésticos que actúa en Castilla y León; Daniel Guerra, director comercial de Induraees; y Agustín Barahona, técnico especializado en residuos de la Junta de Castilla y León.

El moderador fue Eloy de la Pisa, jefe de la web de El Norte de Castilla, quien recordó que el «reciclaje es una piedra angular de nuestra sociedad porque somos derrochones por naturaleza. Si seguimos a este paso nos cargamos el planeta». De ahí, la importancia de «saber que un aparato que desechamos y cambiamos tiene una vida después».

Gases refrigerantes

La Fundación Ecolec es una entidad sin ánimo de lucro creada por las asociaciones empresariales del sector de fabricantes e importadores de grandes y pequeños electrodomésticos, que se ocupa de gestionar los residuos desde un punto de vista medioambiental, económico y social, de acuerdo a la nueva normativa. Su director general, Luis Moreno, puso como ejemplo ayer un simple frigorífico que «lleva en su interior gases refrigerantes dañinos para la capa de ozono, por lo que hay que evitar que lleguen al medio ambiente». También apuntó, que muchos de los componentes de una simple batidora, como el acero inoxidable, el cobre y el plástico, son reutilizables y, por lo tanto, no es necesario volver a extraerlos de la naturaleza si se recuperan.

Moreno afirmó que la cadena de reciclado es sólida y que Ecolec ha propuesto un sistema «eficaz y eficiente, sin que devenga en costes para los consumidores». Para esta fundación es clave la colaboración entre todos los agentes, desde los productores, las administraciones y entidades locales con los puntos limpios, la distribución y los consumidores. «Las tiendas más pequeñas no están obligadas y sin embargo nos han pedido contenedores», explicó. También señaló que, a pesar de la crisis, el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ha crecido el 26% en los últimos tres años. El director general de Ecolec explicó que van a lanzar una campaña solidaria y de conciencia medioambiental que consistirá en donar vacunas a África a través de la entrega de viejos aparatos.

Los chatarreros

La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) agrupa a 17 asociaciones regionales, los cuatro grupos de distribución que suministran a través de 100 plataformas logísticas a 6.000 tiendas, con una facturación estimada de precio venta al público en línea blanca de 1.320 millones de euros (el 52% del mercado). José Prat, su secretario general, confirmó que tienen acuerdos con Ecolec para que los consumidores puedan dejar sus pequeños aparatos en contenedores en sus tiendas (de 150 a 500 metros cuadrados), que después recicla la fundación.

Prat insistió en que «el consumidor valora el reciclaje, pero no está dispuesto a pagar más por ello» y mostró su preocupación por las dificultades que plantea la recogida en las tiendas del medio rural, donde lo habitual era que los vecinos entregaran los viejos aparatos a los chatarreros.

Por su parte, José Manuel Fernández, presidente de la asociación de comerciantes de electrodomésticos Acema, que cuenta con 350 tiendas en Castilla y León, defendió «los valores del comercio tradicional o de proximidad», entre otros la posibilidad de comunicar directamente con el cliente, como contrapunto a los incumplimientos de las empresas que venden a través de la web porque «no se encargan de la recogida de los electrodomésticos y aparatos que retira el consumidor cuando compra uno nuevo». Al parecer, el 13% de la facturación del sector se realiza a través de internet. En opinión de Prat, «se da un agravio comparativo con el comercio, que además asume el coste de esa retirada». Por ese motivo, anunció que presentarán denuncias contra determinadas páginas web.

El presidente de Acema, que también representa a las tiendas de Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, se mostró convencido de la eficacia de los Plan Renove para concienciar a los ciudadanos, ayudas que se han puesto en marcha en las tres comunidades autónomas mencionadas, pero no en Castilla y León. «Al final, la administración recupera las ayudas a través del IVA de las compras de los nuevos aparatos», argumentó José Manuel Fernández.

El director comercial de Induraees, gestor autorizado de recogida y transporte de estos residuos, se quejó de las dificultades que presenta Castilla y León a la hora de cumplir los objetivos que marca la ley, frente a las ciudades. «Castilla y León es extensa, y tiene poca población, hay que hacer muchos kilómetros», señaló Daniel Guerra, antes de quejarse de la competencia desleal que ejercen los llamados chatarreros. Dos aspectos en los que coincidió Alejandro Fernández, de Ilunión Reciclados, quien además se mostró preocupado por la caída de los costes de las materias primas que reciclan.

En este sentido, el representante de la Junta reconoció que «la baja densidad de población y la extensión de Castilla y León implica mayores costes en la recogida de residuos». Agustín Barahora argumentó que las inspecciones ya han llevado a la apertura de expedientes e insistió en que «la transmisión de la información al ciudadano es muy importante por parte de todos los agentes de la cadena».

El debate celebrado ayer en las instalaciones del diario estaba patrocinado por la Fundación Ecolec, la Junta de Castilla y León y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).