La Guardia Civil destapa una trama de venta ilegal de perros con falso pedigrí

El Seprona de la Guardia Civil ha investigado a tres personas como presuntas autoras, en distinto grado de autoría, de los delitos de estafa, falsedad documental e intrusismo. Están implicados un comercial del sector en Ávila, así como el responsable de un criadero de perros y un particular, ambos de Burgos, según informaron fuentes de la Benemérita.

La investigación se remonta a junio de 2015, cuando una vecina de Valencia denunciaba haber adquirido a través de Internet un cachorro de raza Caniche Toy, provisto de L.O.E. (Libro de Orígenes Español); una vez entregado el animal éste parecía no reunir el estándar de pura raza.

Las pesquisas practicadas arrojaron a la luz que la compra se había gestionado a través de un comercial del sector ubicado en Ávila, si bien la entrega del can se consumó en un centro de cría burgalés.

Con la colaboración de la Asociación Canina Nacional, se practicó un estudio morfológico del animal, que responde al nombre Coco, verificándose las sospechas de la perjudicada, ya que el can no cumplía con los estándares de la raza.

A través de la Real Sociedad Canina Española (R.S.C.E.) se ha constatado que habían sido dadas de alta cuatro camadas de una madre con documento L.O.E. -conocido como pedigrí- que no se correspondía con la progenitora real. Entre los cachorros acreditados estaba el adquirido desde Valencia.

Adicionalmente, se obtuvo que el animal llevaba implantado el obligatorio microchip, labor propia y exclusiva de un veterinario, si bien en esta ocasión fue realizada por el criador, que carecía de titulación.

Se ha confirmado que el can fraudulento fue vendido al criador por un particular no profesional residente en Burgos, conocido del Seprona por reincidencia, al que le constan 800 inscripciones de cachorros en la R.S.C.E. El resultado de la Operación es tres personas investigadas, H.M.T. (33), D.F.M. (26), D.L.N. (44), y tres inspecciones administrativas practicadas a un centro de cría en Burgos.

Otros cuatro animales habrían sido vendidos en las mismas condiciones, oscilando su precio entre los 300 y 900 euros. Además de en Valencia se han detectado casos similares en Barcelona, Teruel, León y Cantabria.

La investigación fue coordinada por el Seprona de Burgos y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad.