Exigen anular la declaración de Bien de Interés Cultural de las bodegas subterráneas de Aranda

Desde el momento de la incoación del expediente se mostraron contrarios a la declaración como Bien de Interés Cultural de las Bodegas subterráneas de Aranda y ahora las peñas de la ciudad han acudido al juzgado para solicitar la anulación de este proceso instruido por la Junta de Castilla y León a petición del Ayuntamiento.

Los ocho colectivos peñistas, que aglutinan a más de un millar de personas y propietarios de algunas de las bodegas más significativas, han presentado un recurso en la vía de lo Contencioso-Administrativo para que los tribunales echen atrás ese procedimiento.

Las peñas arandinas motivan su decisión de acudir al juzgado, «por ser un acuerdo tomado de forma unilateral y arbitrario por la Junta a petición del Ayuntamiento sin contar para nada con ninguno de los cientos de propietarios y usuarios de las mismas».

Mantienen que la Administración autonómica «jamás se ha preocupado ni le han importado nunca las bodegas de Aranda» y afirman, además, sentirse engañados por el Consistorio ya que, en su día, se les convocó a varias reuniones para confeccionar una Ordenanza Municipal Especial de Bodegas y preservar así de forma más local su conservación. «Un documento que es suficiente, pero que sin explicación alguna ha quedado supeditado bajo la Ley del BIC y desconocemos a lo que realmente nos obliga y limita en cuanto al uso, posesión o mantenimiento», detallan.

En cualquier caso, insisten en que nadie les ha sabido contestar sobre cuáles son los beneficios de la declaración de Bien de Interés Cultural que, a su entender, encarecerá y dificultará enormemente las tareas de conservación y mantenimiento habitual desde hace décadas. Ponen como ejemplo, la visita reciente de técnicos de Patrimonio a algunas bodegas propiedad de peñas, que han realizado obras de mejora, en la que se alertó de la necesidad de «modificar las obras ya ejecutadas o enfrentarse a posibles sanciones».

El recurso Contencioso se fundamenta en asuntos como la caducidad del expediente por el transcurso del plazo de 24 meses que establece la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León para tramitar el procedimiento de declaración de BIC. La falta de documentación, la ausencia de justificación de la relevancia y singularidad de las bodegas y la inexistencia de un Plan Especial impulsado por el Ayuntamiento que exige la Ley de Patrimonio Cultural son otros de los argumentos que se defienden en el recurso presentado por los peñistas.