Greenpeace explica que Garoña es «absolutamente prescindible» cuando se cumplen tres años de su cierre

Cuando se cumple el tercer aniversario de la parada de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Greenpeace destaca que ha quedado completamente demostrado durante estos años que esta planta, la más vieja de la Unión Europea,  es absolutamente prescindible para el sistema eléctrico español. La madrugada del 16 de diciembre de 2012 dejaba de producir electricidad y el suministro eléctrico no percibió la carencia, como se puede observar en la curva de demanda de Red Eléctrica de España, a pesar incluso de que la unidad I de Almaraz también estaba parada por procesos de recarga, y la unidad I de Ascó había sufrido también una parada el día anterior durante su proceso de arranque tras su recarga.  

La organización ecologista denuncia que, tras tres años sin producir electricidad, dos años y medio sin licencia de explotación y un año y medio sin realizar las evaluaciones pedidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la consideración de una nueva licencia, el organismo regulador está acelerando la publicación de un informe condicionado, sobre la licencia hasta 2031, para que el Ministerio de Industria pueda dar, en los últimos días de gobierno, la autorización a Nuclenor. De esta manera las compañías propietarias podrían reclamar pérdidas por «» en caso de que el próximo gobierno decidiera desmantelar la vieja planta atómica.

subrayó Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

La empresa propietaria de Garoña, Nuclenor, formada al cincuenta por ciento por Iberdrola y Endesa,  justificó la desconexión por la quiebra derivada, según ellos, de la aplicación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. En julio de 2014, la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC), les multó con 18,4 millones por haberlo hecho. No obstante, esta justificación empresarial ha servido de coartada para modificar ad hoc todas las leyes y reglamentos necesarios para solicitar una nueva licencia para operar hasta el año 2031 a pesar de tener, al mismo tiempo, una orden de cierre definitivo en vigor, según los ecologistas.

El pleno del CSN admitió esta solicitud sin explicar por qué acepta evaluar la planta por más de diez años, cuando jamás en la historia de la seguridad nuclear española se ha hecho algo así (2). En Francia, con amplia experiencia nuclear, llevan cinco años debatiendo públicamente los aspectos técnicos, económicos y medioambientales de llevar sus reactores nucleares a los 60 años de vida. En España, lo ha decidido el actual Gobierno por la puerta de atrás, tras colocar a su secretario de Estado de Energía como presidente del CSN.

En el último mes, tras la imposición de un tercer consejero propuesto por el Partido Popular, que fue rechazado por el Parlamento, rompiendo la neutralidad del organismo regulador; y dada la proximidad de las elecciones se ha acelerado el proceso. Así, el pasado 4 de noviembre se aprobó una modificación de las Especificaciones Técnicas de Seguridad (ETFs) de Garoña para aplicar un nuevo cálculo de presiones y temperaturas en la vasija del reactor de esta central nuclear. Esta modificación exime de realizar unas pruebas a no ser que les concedan previamente la licencia de operación hasta 2031.

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