La Diputación de Ávila, condenada por vulnerar derechos en la contratación de siete técnicos

Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ávila impugna la contratación, por parte de la Diputación de Ávila, de siete técnicos para la identificación de oportunidades de dinamización económica y creación de empresas en el ámbito rural. Dicha medida, adoptada por la Junta de Gobierno provincial en junio, fue recurrida por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT.

Los tribunales dan ahora la razón al sindicato al entender que se vulneran «los derechos fundamentales regulados en los artículos 14 y 23,2 de la Constitución Española», ya que consideran que se ha negado el acceso en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos a dichos puestos de trabajo. El problema radica en que no se celebró una convocatoria pública para otorgar esas plazas de dinamizadores.

La Diputación optó por contratar a quienes desempeñaron estos puestos el año anterior por otra subvención similar de la Junta de Castilla y León, y así lo aprobó por unanimidad en la comisión de Gobierno. Desde FSP-UGT se calificó la medida como una «tomadura de pelo» y se advirtió del inicio de acciones legales. Este miércoles, tras conocerse la sentencia, el secretario de dicha federación, José Carlos Pajares, apuntaba que «no solo se ha condenado a una institución pública como la Diputación por vulnerar derechos fundamentales, sino que se han generado unas falsas expectativas en unos trabajadores que, después de la concatenación de contratos en años consecutivos, podrían haber intentado reclamar judicialmente su condición de indefinidos».

Pajares considera que, «ante la gravedad de los hechos», algún responsable de Diputación debería dimitir. «Quizá podría ser Carmen Jiménez Navarro [técnico de Turismo en la institución y concejal del PP en el Ayuntamiento de Ávila] la persona indicada, ya que fue la responsable de emitir un informe favorable del que se pudieron haber fiado otros responsables implicados continúa-. Quizá confundiendo libre designación, formula de acceso para quien está bien relacionado y no es capaz de aprobar una oposición, con oferta de empleo público».

Respuesta de la institución

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha defendido «la transparencia y la honorabilidad en los procedimientos de selección y contratación que viene haciendo esta casa», ya que se limitaron a seguir «al pie de la letra» las indicaciones de la Junta de Castilla y León.

García afirma que la recibieron, con fecha 30 de mayo, una resolución del Ecyl en la cual se les comunicaba la concesión de 175.700 euros para la contratación de siete técnicos. Al mes siguiente llegó la instrucción que regula dicha convocatoria, donde se recogía la posibilidad de contratar, sin previa oferta pública, a los mismos trabajadores de la anterior edición. El diputado provincial recalca que «estas siete personas ya han pasado un proceso de selección» en la convocatoria anterior- y han desarrollado «satisfactoriamente su trabajo».

Según sus palabras, «el conocimiento y la eficacia que tienen estas siete personas por haber desarrollado durante el año el trabajo, y bien resuelto», fue lo que valoró la Junta de Gobierno, y recalca que la decisión se tomó «por unanimidad». Aunque asegura que acatarán la sentencia «en todos y cada uno de sus términos», no descartan presentar recurso. De momento, están estudiando qué consecuencias va a tener el fallo del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ávila. Por otra parte, no entra a valorar las peticiones de dimisión de FSP-UGT.