La senadora salmantina Elena Diego, más cerca del banquillo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido un auto por el que ordena continuar el procedimiento judicial contra la senadora socialista Elena Diego Castellanos y la concejala Cándida Egido Muñoz, ambas imputadas como presuntas autoras de un delito de prevaricación, El auto, hecho público esta misma mañana, y que está firmado por el magistrado Francisco Monterde Ferrer, encargado de esta causa, que es especial por la condición de aforada de Elena Diego, ordena que se de traslado de las actuaciones al ministerio fiscal y a la acusación popular, la Asociación Plataforma de Defensa de Villamayor para que, en el plazo de 10 días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o soliciten el sobreseimiento de las actuaciones. También podrán las acusaciones, excepcionalmente, solicitar la práctica de diligencias complementarias, para los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este establece que «cuando el Ministerio Fiscal manifieste la imposibilidad de formular escrito de acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos, se podrá instar, con carácter previo, la práctica de aquellas diligencias indispensables para formular acusación, en cuyo caso el juez acordará lo solicitado».

La resolución de la Sala de lo Penal se produce tras la toma de declaración de las imputadas por el magistrado el pasado 27 de febrero de 2013. El instructor considera como hechos probados que en agosto de 2008 la Concejalía de Gobierno e Interior del Ayuntamiento de Villamayor solicitó a la Alcaldía promover la contratación de monitores culturales y deportivos para actividades de ocio y tiempo libre para el curso 2008-2009. Se aprobaron las bases para la convocatoria de un concurso de méritos en régimen laboral temporal que se publicó en prensa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y tras la práctica de las oportunas pruebas, el tribunal calificador presentó una propuesta sobre los trabajadores laborales, que conforme a la baremación de sus méritos debían ser contratados, nueve personas cuya filiación completa constaba en la resolución de la alcaldesa.No obstante, continúa el auto, la Concejalía de Gobierno e Interior del Ayuntamiento, que presidía Cándida Egido, elevó propuesta a la Alcaldía, con fecha 29 de octubre, solicitando la aprobación del expediente de nómina correspondiente al mes de octubre de 2008, en la que constaba la contratación como monitora de Cultura del Ayuntamiento de María del Carmen Andrés Cimarra.

En esta propuesta se incluían, junto con las nueve personas contratadas según méritos preferentes, dos personas más: María del Carmen Andrés Cimarra, que ni siquiera había participado en el concurso de méritos, y Raquel Boyero Revilla, que tampoco era una de las nueve personas propuestas y contratadas, aunque había participado en el concurso de méritos.A pesar del informe en contra del interventor del Ayuntamiento, la alcaldesa y hoy senadora Elena Diego, dictó un decreto, en el que acordó contratar como monitoras a las dos personas propuestas por la concejala Cándida Egido.

Para el magistrado instructor, la conducta de la aforada Elena Diego Castellanos, podría ser constitutiva de prevaricación, «en cuanto aprobó la contratación de la señora Andrés Cimarra como monitora, obviando la tramitación de cualquier tipo de expediente, sin respetar los principios de mérito y capacidad y acceso igualitario a la función pública, desconociendo el resultado del concurso de méritos en el que ni siquiera había intervenido la citada, y manteniendo durante varios meses la situación, pese al informe del Interventor advirtiéndole de las irregularidades, y llegando a pagar a la misma una retribución superior a la correspondiente durante varias mensualidades». En el auto se considera cooperadora necesaria en los hechos a la concejala Cándida Egido González, al presentar «las propuestas de resolución arbitrarias e injustas que luego la alcaldesa convertía en decreto»