El PSOE pide a la Junta que tome medidas contra el empresario minero Victorino Alonso
Celestino Rodríguez asegura que Rajoy, Herrera y Villanueva son «asesinos del carbón»
SERGIO JORGE
Viernes, 25 de enero 2013, 20:54
El PSOE de León ha exigido este viernes a la Junta de Castilla y León que tome medidas contra el empresario minero Victorino Alonso, a la vez que ha pedido al consejero de Economía, Tomás Villanueva, que concrete una serie de iniciativas «en defensa del carbón y de los trabajadores», según ha señalado el secretario provincial, Celestino Rodríguez.
Por este motivo, el PSOE pedirá la comparecencia de Villanueva en las Cortes, ya que «la Junta tiene que dar un paso de forma inmediata y tomar medidas contra este empresario», al que Rodríguez ha acusado de utilizar «técnicas feudales y caciquiles».
El dirigente socialista ha señalado también que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el de la Junta, Juan Vicente Herrera, y Villanueva son «asesinos del carbón», y ha apuntado que «están mintiendo con el plan del carbón».
El senador socialista por León, Ibán García del Blanco, ha agregado que «España es un país dependiente del exterior en energía, y la única fuente propia la quiere cerrar el Gobierno». En este sentido, ha agregado que la intención del Gobierno es acabar con el carbón «por motivos oscuros, respondiendo a intereses de algún lobby energético».
Además, García del Blanco ha afirmado que el carbón «podría ser rentable a partir de 2018 manteniendo un 80% de la producción». La misma posición ha mantenido el presidente del comité de empresa de Coto Minero Cantábrico, Luis María Fernández, para el que «la minería es rentable sin ayudas, pero a través del obrero».
Fernández ha afirmado que los trabajadores están dispuestos a «asumir recortes, pero no la barbaridad que están ofreciendo y las formas». Y es que los empleados de Coto Minero Cantábrico han rechazado reducciones salariales «del 15 o el 20% del salario».
«Se les da un folio, sin membrete ni sello de la empresa, o es el encargado el que lee las condiciones. Si se niega el trabajador, va a un ERE, y luego se abre un periodo de consultas de 15 días. Es una coacción a los trabajadores», ha afirmado Fernández.
