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Edificio de la nueva Consejería de Economia en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
Un informe policial detecta un amaño en la compraventa del edificio de la Junta en Arroyo

Un informe policial detecta un amaño en la compraventa del edificio de la Junta en Arroyo

El Grupo de Delincuencia Económica señala que Urban Proyecta ya había pagado el proyecto del inmueble antes de salir a concurso público el arrendamiento con derecho a compra

M. J. Pascual

Miércoles, 3 de junio 2015, 13:06

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Dos de los informes clave sobre los que la Fiscalía sustentará su estrategia en los interrogatorios que arrancan el próximo 17 de junio están en el expediente de las diligencias previas 5035/13 que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid para esclarecer si hubo prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en dos operaciones urbanísticas que tienen como denominador común a ADE Parques, la sociedad pública de gestión de suelo dependiente de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, y algunas empresas de la comunidad con actividades mercantiles tan diversificadas que van desde la compra de suelo para la promoción de polígonos industriales, la viticultura, la restauración de patrimonio, la venta de vehículos de segunda mano a los parques eólicos. Aunque los nombres propios que están o han estado en algún momento al frente de sus actividades son casi siempre los mismos y salen de manera recurrente a medida que profundiza la investigación judicial.

Estos dos informes, que han sido realizados por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de Valladolid, se suman a los emitidos -también a instancias de la Fiscalía- por la Administración General del Estado sobre el edificio de Arroyo de la Encomienda y el parque empresarial de Portillo, y aportan una detallada cronología en la que se pone en evidencia que, el 14 de septiembre de 2005, la empresa Urban Proyecta PM3 SL abonó 31.320 euros en concepto de honorarios al Estudio Lamela por la fase de concurso 'Proyecto ADE-Valladolid'. Un detalle, este, que los investigadores consideran «especialmente relevante», porque el consejo de administración de la empresa pública ADE (entonces Gesturcal) no acordó iniciar el expediente para convocar el concurso público para alquilar un edificio con opción de compra hasta tres meses más tarde, el 26 de diciembre de 2005.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 30 de diciembre de ese año. El arquitecto autor del proyecto, Carlos Lamela ?que será el primero en declarar ante el juez, en calidad de testigo, antes de que lo hagan, como investigados, más de una veintena de cargos, excargos y empresarios? certificó cinco años más tarde el importe total de las obras del proyecto completo, 33,8 millones de euros. Ante estos datos, los inspectores se preguntan cómo se explica que «antes de ser público el expediente administrativo por el que se iniciaba el concurso, Urban Proyecta ya trabajaba contractualmente en un solar que aún no era suyo -el titular de esos terrenos era todavía el grupo inmobiliario Mahía, que se los vendió el 11 de enero de 2006- y encargaba el proyecto, al que denominó 'ADE-Valladolid', a un estudio de arquitectos que ya en septiembre de 2005 le estaba facturando por ese concepto».

Jugar con ventaja

Para los inspectores de Delincuencia Económica, estas circunstancias revelan «la evidente connivencia de los gerentes de Urban con responsables de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, pues antes de que se publicara el acuerdo de licitación en el Bocyl ya eran conocedores de que se iba a acordar el proyecto del edificio». Esta circunstancia, prosiguen, «permitía a Urban aventajar sustancialmente a otras empresas promotoras» dado el escaso margen de tiempo con el que otras aspirantes contaban para presentar un proyecto adecuado al acuerdo de licitación y que cumpliera mínimamente con los pliegos de condiciones.

Los terrenos de Portillo

  • El grupo de Delincuencia Económica desgrana la operación de adquisición de los terrenos de Portillo desde que se constituye Parque Empresarial de Portillo en 2005 hasta que ADE, el 28 de febrero de 2013, ordena un «traspaso de fondos en concepto aplazado de la operación Portillo» por 9,4 millones de euros. En los contratos de compraventa, que se formalizaron el 30 de diciembre de 2010, intervinieron ADE Parques, Cementos La Bureba y Parque Empresarial de Portillo.

  • Un año antes, en 2009, «en el momento previo a concertar con la empresa pública la adquisición de los terrenos, existe un más que evidente paralelismo entre personas de Cementos La Bureba y Parque Empresarial de Portillo». Los terrenos fueron vendidos a ADE Parques «tras haber existido sucesivas ventas entre ambas mercantiles, con el consiguiente incremento del precio de los mismos». Por su objeto social, domicilio e integrantes, concluyen, Cementos La Bureba y Parque Empresarial de Portillo «forman parte de una misma realidad». La Policía dirige también sus pesquisas hacia Urban Proyecta porque la promotora del edificio de Arroyo actuaba en Portillo desde 2006 adquiriendo suelo rústico y, por otro lado, impulsando, a través de Parque Empresarial de Portillo SL, las actuaciones que luego se materializaron en forma de contratos de promesa de compraventa con ADE Parques. «Resulta llamativo», apuntan, que los responsables de Urban, «junto con empresarios de la zona, hubieran hecho acopio de terrenos para un parque empresarial en Portillo; parece que la actuación estuviera concertada desde mucho antes de que se realizaran los convenios de colaboración con ADE». La empresa de la Junta terminó pagando por los terrenos unos 35 millones de euros, «un valor muy superior al que habría pagado de haber acudido directamente a los propietarios originales». A fecha de hoy, ese suelo está pendiente de presupuesto público para acometer la primera fase de urbanización, que reclama desde 2012 el Ayuntamiento.

Los inspectores se detienen en un nombre propio que aflora de manera reiterada en esta y otras investigaciones relacionadas con las operaciones urbanísticas realizadas por ADE y que están sometidas desde hace meses a la lupa judicial: quien fue director de la división de Creación de Empresas, Internacionalización y Servicios de ADE entre el 19 de marzo de 2005 y el 3 de febrero de 2006, Alberto Esgueva Gutiérrez, que mantuvo relaciones en empresas privadas con uno de los administradores de Urban Proyecta PM3, Germán Martín Giraldo. Ambos fueron consejeros, subrayan, «de manera coetánea, al menos, en tres sociedades dedicadas a la producción de energía: Vientos de Gata, Vientos de Tamara y Energías Renovables de Ávila».

Considera la Policía que Alberto Esgueva es «la pieza» que une ADE con Urban en el expediente del edificio de Arroyo y en sus relaciones mercantiles con su administrador, Germán Martín Giraldo, y por otro, con Urban, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba (en el que figuraba como administrador único Francisco Esgueva, hermano de Alberto) en el expediente de compra a estas empresas, por parte de ADE, de los terrenos del municipio vallisoletano para la construcción del polígono industrial.

Unos terrenos por los que la empresa pública de la Junta llegó a pagar, en algunos casos, el metro cuadrado a 29,54 euros, un precio muy superior a otros proyectos en una operación que fue, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) «en contra de la eficiencia y la economía». Todo ello, concluye este primer informe, sin perjuicio de las posibles responsabilidades que les pudieran corresponder a los responsables de ADE. Rafael Delgado Núñez, el consejero delegado de esa empresa pública, ha sido llamado a declarar por el juez que instruye las diligencias y será con su interrogatorio como investigado con quien concluya la primera tanda de declaraciones, el próximo octubre. Fue Delgado, como director gerente de la Agencia de Desarrollo Económico que acordó que se iniciara el concurso público para la adquisición del edificio, quien nombró a Alberto Esgueva director de la división de Creación de Empresas, Internacionalización y Servicios.

En las conclusiones policiales se señala, respecto del edificio de Arroyo de la Encomienda que, desde el punto de vista puramente administrativo, se aprecia «una vulneración flagrante y reiterada de las normas de procedimiento». En principio, «se alude a la necesidad de adquirir un edificio en el que aglutinar diversos servicios administrativos», pero lo que ocurre finalmente es que la empresa pública, «fuera de su objeto social, termina adquiriendo el edificio en términos de derecho privado» con el objeto de servir de sede a dependencias de la Junta de Castilla y León, de cuyos presupuestos se nutre esta empresa pública. Pero además ADE «acaba formalizando contratos de alquiler que la Administración le tiene que abonar».

Destacan, además, que Urban Proyecta es la única que presenta una oferta y se hace con el solar en fechas muy próximas al inicio del expediente y se lo adquiere a Mahía, «una sociedad que, merced al PGOU de Arroyo, multiplicó por mucho su inversión en la zona». Y cuestionan que se haya conseguido el objetivo con el que se justificó en las Cortes la compra del edificio: abaratar los costes provocados por la dispersión de los servicios administrativos y conseguir suelo más barato al emplazarlo en el alfoz. «Esta investigación entiende que es dudoso que tal finalidad se llegara a conseguir, si se compara con edificios de similares características, incluso de Valladolid», apostillan.

Pagar dos veces

Respecto de ADE Parques, se concluye que «a la vista de los resultados, la gestión de los recursos económicos por parte de la empresa pública y la oportunidad de las decisiones adoptadas no parece que haya sido la más adecuada». Los investigadores avalan esta conclusión en que la Hacienda de Castilla y León hizo una provisión presupuestaria de 60 millones de euros para pagar un edificio que aglutinara una serie de servicios de la Consejería de Economía y Empleo y resulta que «no solo la titularidad acaba siendo de la empresa pública Ade Parques, sino que además la Administración que ha adquirido el edificio termina pagando un alquiler por algo que previamente ha pagado».

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