Bar La Cañada, en La Cistérniga. El afectado vive junto al establecimiento.
Bar La Cañada, en La Cistérniga. El afectado vive junto al establecimiento. / R. O.

Afectados por el ruido alertan de que los ayuntamientos incumplen la legislación

  • Condenan al de La Cistérniga por no evitar la ‘bulla’ ocasionada por un bar del municipio

Aunque se han producido avances desde la aprobación de la Ley del Ruido de Castilla y León, en mayo de 2009, queda mucho camino por recorrer. La conciencia social es mayor, algunos ayuntamientos y empresarios han reaccionado y las denuncias que se interponen por exceso de decibelios suelen fallarse a favor de los denunciantes, pero los niveles de ruido siguen sin alcanzar la legalidad y todavía estamos a años luz de la ‘paz’ que se escucha en gran parte de los países occidentales. Entre las asignaturas pendientes: que los particulares no se conformen y se animen a denunciar sin necesidad de llegar al borde del ataque de nervios y que los ayuntamientos –en el caso de Valladolid, fundamentalmente los de los pueblos– cumplan con las obligaciones establecidas en la normativa regional.

Hace tan solo unos días, el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid daba la razón a un vecino de La Cistérniga y condenaba al Ayuntamiento de esa localidad a tomar medidas, «como es su obligación», para poner fin a los ruidos ocasionados por el bar La Cañada y a abonar las costas del proceso judicial. Se da la circunstancia, en este caso, que el exceso de ruido probado por el informe aportado por la defensa jurídica del demandante, propietario de un inmueble en la calle Cañada Real de Soria, junto al establecimiento hostelero, no hace referencia al estruendo ocasionado por la música o la televisión, sino al de las persianas, el movimiento del mobiliario y, sobre todo, al griterío de la gente en la puerta de emergencia del establecimiento.

Y es que, tal y como explica el letrado que ha llevado el caso, Agustín Bocos, aunque el Ayuntamiento argumentó en un principio que no tenía competencias sobre el ruido que se genera en una terraza comunitaria, la sentencia ha puesto de manifiesto que las instituciones locales están obligadas a intervenir ante denuncias vecinales que adviertan del incumplimiento de los parámetros establecidos por la Ley del Ruido. De hecho, la organización que preside el letrado vallisoletano, la Asociación Juristas contra el Ruido, ya auguró hace unos años, con motivo de la prohibición del consumo de tabaco en los bares, que se incrementarían los conflictos vecinales por las molestias que generan los fumadores que se concentran a las puertas de los bares.

Vía penal: último recurso

El vecino de La Cistérniga ha ganado la primera batalla y después de varios años de protestas. El procedimiento se ha dilatado porque se inició contra el propietario del bar y por la vía penal y, como explica el letrado, «las sentencias condenatorias penales por contaminación acústica solo llegan a buen término cuando hay prevaricación en los responsables municipales o el daño medioambiental es muy grande y normalmente, tal y como sucedió en este caso, los denunciados son absueltos». Por otro lado, el fallo actual condena al Ayuntamiento por el exceso de ruido, pero desestima su responsabilidad en lo que al presunto incumplimiento del horario de cierre por parte del establecimientos de refiere, por ser esta cuestión competencial del Gobierno regional.

En cualquier caso, contra ella cabe recurso de apelación, como ha sucedido con la sentencia condenatoria al Ayuntamiento de Medina del Campo, fallada también por la vía contenciosa y argumentada por el mismo letrado –uno de los mayores especialistas españoles en procedimientos por ruidos–. La Justicia dio este otoño la razón a un vecino medinense al que molestaba el estruendo ocasionado por el camión municipal de la basura y condenaba al Ayuntamiento no solo a pagarle una indemnización de ocho mil euros, sino a adoptar las pertinentes medidas para reducir esta contaminación acústica del servicio municipal de limpieza.

La lucha de Francisco García había sido larga, desde el año 2007, y hasta ese momento totalmente infructuosa –ni siguiera llegaron a efectuarse las pertinentes mediciones– hasta que llegó al juzgado, aunque, finalmente, el Ayuntamiento ha decidido presentar un recurso de apelación. Habrá que esperar a una sentencia firme.

A diferencia de los ayuntameintos, que por falta de medios o por dejadez no suelen cumplir sus responsabilidades en materia de Ruido, Bocos reconoce que en los últimos años el Ayuntamiento de Valladolid se ha ‘puesto las pilas’ y prácticamente ha resuelto «gravísimos» problemas como los que se producían en la calle de bares Francisco Suárez. «Hay que reconocerlo. Esa calle era un auténtico calvario (había locales sin licencia, discotecas con licencias de churrerías, etc) y el Ayuntamiento lo ha resuelto de forma satisfactoria. El mayor problema de Valladolid capital quizás se concentra ahora en la calle Macías Picavea».

La mayoría de las denuncias por ruidos que tramita esta asociación, creada en 2001, continúan produciéndose por la falta de aislamiento acústico en los locales de ocio, aunque también son habituales las que tienen como origen un vecindario poco solidario (ruidoso, discutidor o fiestero) o la existencia de animales, fundamentalmente perros a los que no se les proporciona el cuidado necesario y se quejan durante varias horas al día.