El Gobierno autonómico calcula que Zapatero deja a deber a cada hogar de la región 2.108 euros

Si la relación entre el Gobierno central y la Junta fuera una relación a tres, en lugar de a dos, el tercero en discordia podría ser el cobrador del frac y no desentonaría nada. Según las cuentas del Ejecutivo autonómico, el central debe a la región, con cargo al ejercicio que está a punto de terminar, el de 2011, 1.374 millones.

«El señor Rodríguez Zapatero se despide dentro de dos días dejando a deber a cada familia de Castilla y León 2.108 euros», precisó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, al ser preguntado tras el Consejo de Gobierno de ayer si la comunidad afrontaba con garantías el cierre presupuestario del año. No es que en cada casa haya un cobro pendiente del erario público estatal por valor de esa cantidad. «Es que lo que no nos han pagado acaba repercutiendo en la calidad de los servicios que prestamos y el 80% de nuestro presupuesto se lo llevan la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales», argumentó el portavoz del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera.

Los 2.108 euros de ayer salen de dividir entre el número de familias los 650 millones de euros en transferencias finalistas incluidas en los presupuestos generales del Estado que, según ha denunciado Herrera, «no han llegado» y otros 724 millones de euros que ni siquiera están reflejados en las cuentas estatales y que la Junta ha reclamado ante el Tribunal Constitucional por entender que no se ha aplicado bien el reparto que regula el modelo de financiación autonómica. Las dos partidas suman esos 1.374 millones. Sobre los 650 primeros, la Junta confía en que «llegarán». Es más, el portavoz aseguró que seguramente una parte hay llegado ayer y anteayer. Los 724 restantes están pendientes de años de litigio.

No es la primera vez que desde la Junta se prorratean los asuntos económicos pendientes con el Gobierno de la nación entre los hogares de la comunidad. El portavoz aplicó este ejercicio aritmético el pasado mes de abril a lo que el Gobierno autonómico ha bautizado como la práctica política del 'yo invito y tú pagas', de aprobar cuestiones en el ámbito nacional que suponen un coste para las arcas de las comunidades. Un informe elaborado a instancias del propio presidente de la Junta valoró en abril el coste de aplicación de las decisiones «unilaterales» del Gobierno de la nación en Castilla y León en 951,22 millones de euros. Cada hogar castellano y leonés salía por 1.240,92 euros al año.

A todas las consejerías

El portavoz de la Junta aseguró ayer que la demora en el pago de las partidas de transferencias finalistas es «algo nuevo este ejercicio, porque nunca se ha esperado al final de año» y que «afecta a todas las consejerías». De Santiago-Juárez explicó que habitualmente se abonan de forma escalonada y que la concentración de impagos por parte del Ejecutivo central ha obligado al autonómico a «adelantar» parte de ese dinero en subvenciones que ya han cobrado empresas, instituciones y ciudadanos.

La teoría que defendió el portavoz es que la retención de ese dinero es una práctica más que utiliza Rodríguez Zapatero ante la UE para tener dinero en caja y «dar imagen de que cumple el objetivo de déficit y lo que hace es asfixiar a las comunidades autónomas y empujarlas a que presten peor sus servicios, que al final es donde repercute la falta de liquidez».

José Antonio de Santiago-Juárez añadió que «todas las administraciones, todas», están pasando por «tensiones de tesorería» -falta de dinero efectivo para acometer pagos-, pero remarcó que la situación de Castilla y León no alcanza el nivel de apuro que sufren otras comunidades. Puso como ejemplo Cataluña, cuyo Gobierno ha hecho pública una importante ristra de recortes en servicios tan sensibles como la asistencia sanitaria y que ha informado de que no podrá pagar la nómina de diciembre a sus funcionarios a finales de mes, por lo que deberán esperar a enero para cobrar.

También valoró el portavoz la propuesta de la CEOE de despedir funcionarios por entender que sobran. Fue tan escueto como contundente. «Yo puedo hablar por Castilla y León y aquí no sobran funcionarios», recalcó José Antonio de Santiago.