Herrera exigirá a Rajoy por la Justicia 30 millones más de lo que ofreció Zapatero

La Junta «quiere» asumir el reto que supone abrir cada día los juzgados, «pero no a cualquier precio». Y ese precio es de 163,2 millones de euros, según recoge el documento que será la base del inmediato (para enero) pacto de comunidad para negociar el traspaso de los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia y que el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez López, facilitó ayer a representantes de jueces, fiscales, abogados, procuradores y portavoces sindicales.

¿Ese dinero es mucho o poco? Exactamente, 30 millones más que la última oferta que ha llegado a la sede de la Junta procedente del Ministerio de Justicia del Gobierno saliente de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha fijado el monto total del traspaso en 133,5 millones de euros. Esos 30 millones más serán los que Juan Vicente Herrera exija al Gobierno entrante de Mariano Rajoy, en una negociación que quiere iniciar de inmediato.

«Que nadie tenga dudas de que queremos esa competencia. La gestión mejora desde la cercanía», reiteró el portavoz autonómico. Gestión sí, pero con esos 163,2 millones a buen recaudo en la caja de caudales de la Junta. Esa cifra sale de sumar los 139,5 millones en los que la Consejería de la Presidencia estima el coste anual del servicio más otros 23,7 millones de «aportaciones puntuales» para inversiones de reposición y de equipos y programas informáticos. En muchos casos se trata de proyectos «urgentes», matizó el consejero.

La Junta ha repasado escrupulosamente todas las partidas económicas de gasto, desde el turno de oficio al coste de los juzgados de paz, la situación de personal y la de las infraestructuras. Tras el detallado examen considera que la oferta estatal infravalora el coste real «de un servicio importante y fundamental» y reclama que el futuro traspaso incluya cinco «cláusulas de garantía» que comprometan al Gobierno central a asumir las desviaciones presupuestarias de acuerdos laborales vigentes y pendientes de aplicar, de la informatización de los registros civiles, de infraestructuras sin construir, de creación de órganos judiciales que se 'deben' a la comunidad y del «despliegue sobre el territorio» de la Oficina Judicial.

La memoria elaborada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2010 contempla 29 órganos, de los que siete están en funcionamiento. Una simple resta arroja que falta 22 y la Junta quiere que los sufrague el Gobierno central. «¿Es lo sensato, no?», apuntó José Antonio de Santiago. El portavoz recordó que acuerdos similares de salvaguarda se firmaron con Cataluña, al transferir los juzgados, y con Canarias, para que el Ministerio costeara infraestructuras, al traspasar el Insalud. Un ejemplo de sedes judiciales pendientes en Castilla y León son los juzgados de Arenas de San Pedro y Sepúlveda, el campus de la Justicia de Valladolid, institutos de medicina legal y archivos judiciales.

La reunión en la que De Santiago-Juárez facilitó ayer el documento con la cifra del coste efectivo del traspaso cierra una etapa de conversaciones que el consejero ha mantenido con «todos» los sectores afectados por la competencia desde septiembre. Hasta el 22 de diciembre podrán hacer aportaciones o sugerencias.

El objetivo de la Junta es firmar un «gran acuerdo, una posición de comunidad» a la vuelta de Reyes, en enero. Ese pacto social respaldará la negociación que se abrirá en Madrid con el ministro que nombre Mariano Rajoy. La «posición» que marque el acuerdo, si finalmente se concreta en esos 163,2 millones y las cinco cláusulas de salvaguarda, será una «posición de mínimos. A partir de ahí, se negociará», aclaró el consejero. «Por los tribunales de Justicia pasan muchos ciudadanos y lo único que perseguimos es buscar lo mejor para esta comunidad y para ellos», concluyó José Antonio de Santiago-Juárez. Herrera confía en que con Rajoy logre cerrar un traspaso que no fraguó con Zapatero ni tampoco con Aznar.