Un hombre que fue encarcelado por error cumple un año sin indemnización

Pasó once meses en prisión por un delito que no cometió y ahora lleva dos años justos en libertad esperando a que el Ministerio de Justicia le indemnice por un error que le costó al protagonista, un obrero colombiano afincado en Fuensaldaña, «todo lo que tenía». Perdió el trabajo, se vio ahogado por las deudas y ahora está a punto de quedarse sin casa por impago. Y su expediente de reclamación patrimonial aún en trámite.

«Solo quiero que se den cuenta de que estoy reclamando mis derechos porque fue mucho el sufrimiento que pasé durante los once meses que pasé en la prisión», resume este inmigrante afincado en la provincia desde hace más de una década y con el permiso de residencia permanente concedido. Su batalla legal para reclamar una indemnización que alcanza los 71.177 euros comenzó en mayo de 2010. El ministerio contestó a su escrito cuatro meses después. «Entonces hablaban de un plazo de seis meses y ahora resulta que en febrero volvieron a mandarme otro oficio diciendo que daban seis meses más».

Y así sigue, esperando. Esperando mientras ve cómo la vida que tenía bien encarrilada antes del garrafal cúmulo de errores que le llevaron a la cárcel sigue desmoronándose. «Perdí el trabajo a raíz de la detención y ahora apenas voy sobreviviendo con algunas chapucillas en la construcción», explica la víctima. Su situación es casi desesperada porque hace poco se le agotó también el subsidio por desempleo de 420 euros y debe más de 3.000 a su casero. Su pareja, además, sufre una situación similar.

«Gracias a Dios estoy bien de salud y no me puedo quejar porque en el pueblo me llevo bien con todo el mundo y esta situación no me ha perjudicado en ese sentido», se consuela este colombiano de 41 años. La suerte solo le sonrió en el último puente de la Constitución, cuando pudo volar a su país natal después de lustros fuera. «Justo me coincidió la huelga de controladores y, después del esfuerzo que me costó poder volver unos días a casa, me quedé 24 horas en el aeropuerto, aunque gracias a eso recibí una indemnización -esta vez sí- de 600 euros que me vino muy bien», relata.

Cadena de desatinos

Esa misma agilidad es la que ahora reclama a la administración que le condenó en un caso más que flagrante de cadena de errores policiales y judiciales registrado a raíz de que dos individuos, aún sin identificar, atracaran a mano armada una sucursal de Cajamar de Cigales el 25 de agosto de 2008. Daniel Ramos, que aquella mañana estaba muy lejos de allí, tuvo la mala suerte de vivir en el mismo bloque que uno de los sospechosos que, según una testigo, sí cometió aquel robo.

El obrero fue detenido cuatro días después y al día siguiente el juez le envió a prisión. La magistrada que juzgó los hechos el 25 de junio de 2009 -once meses de prisión después- «puede decirse que 'alucinó' al ver las pruebas» contra un acusado que se enfrentaba a sendas penas de cinco años de prisión y al pago de 10.830 euros -el botín-. Así lo refleja una sentencia que recoge literalmente que «era imposible físicamente» que el acusado estuviera en el lugar de los hechos. La jueza le puso en libertad una hora después de que finalizara la vista oral.