López Madrid, en libertad tras ser detenido por el pago de una comisión de 1,4 millones a Ignacio González

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Javier López Madrid. / Archivo

  • La Guardia Civil cree que ese dinero, que llegó a Suiza, pudo servir para financiar al PP de Madrid

  • El expresidente de la Comunidad de Madrid ha llegado poco antes de las 13.00 horas a la Audiencia Nacional, donde espera en los calabozos a ser llamado a declarar

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La Guardia Civil detuvo la pasada noche al consejero de la constructora OHL Javier López Madrid -y yerno de su presidente Juan Miguel Villar Mir- en el marco de la operación Lezo por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II. López Madrid fue contactado en Londres, donde se encontraba, por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes le comunicaron que estaba siendo investigado y que tenían una orden de detención contra él. Finalmente, López Madrid se entregó en Barajas y fue liberado el viernes tras el pago de su fianza.

Según fuentes de la investigación, la implicación de López Madrid en la operación Lezo pasa directamente por el pago de una comisión de un 1,4 millones de euros para conseguir la adjudicación en 2007 por parte de la Comunidad de Madrid del tren a Navalcarnero, un proyecto frustrado valorado en cerca de 350 millones de euros. Aquella coima se pagó desde una filial en México de OHL a una cuenta de Suiza, vinculada con testaferros de González. La UCO cree que ese dinero pudo servir para financiar al PP en Madrid.

El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. La Guardia Civil requirió información este jueves en la sede de OHL y de otras empresas como Indra, Saerco, Licuas y PwC, en este último caso por los proyectos de la agencia pública de comunicación ICM.

En un comunicado, la compañía OHL defendió que sus procesos de licitación, adjudicación y contratación se han realizado con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo. La constructora subrayó que nunca ha pagado ninguna comisión a ningún partido político y que ha prestado "máxima colaboración" con las autoridades judiciales y los agentes de la UCO en el marco de la 'operación Lezo' en la que ya han sido detenidas 13 personas. El grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir ha reiterado que tiene una política de "tolerancia cero" con la corrupción y ha recordado que, "hasta la fecha", nunca ha sido condenada por este delito.

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Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). / Santi Donaire (Efe)

López Madrid pasará a disposición judicial previsiblemente este viernes, al igual que Ignacio González, su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero, junto a otras cuatro personas, por su relación con el supuesto desfalco del Canal de Isabel II. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha llegado poco antes de las 13.00 horas a la Audiencia Nacional, donde espera en los calabozos a ser llamado a declarar. González ha sido trasladado a la sede de la Audiencia en la calle Génova en un coche de la Guardia Civil tras pasar dos noches en las dependencias de la Comandancia Tres Cantos (Madrid).

Registros en Burgos

Mientras tanto, la UCO ha efectuado registros en Burgos, al menos uno de ellos en la la empresa Arranz Acinas, en la 'operación Lezo'. Según han avanzado periódicos locales de Burgos y han confirmado a Efe fuentes de la investigación, efectivos de la UCO se desplazaron ayer a Burgos para llevar a cabo registros en dicha empresa constructora.

En concreto, los registros se desarrollaron en sedes de Arranz Acinas en Burgos capital y en domicilios de la familia propietaria, ha informado El Mundo-El Correo de Burgos en su edición del viernes. Se llevaron a cabo durante toda la jornada y, por el momento, se desconoce el resultado de los mismos o si la Unidad Operativa de la Guardia Civil se llevó algún tipo de documentación o material.

El objetivo de los registros, enmarcados en la denominada Operación Lezo, consistió en recabar información sobre la posibilidad de que hubiera conexiones de la constructora con el supuesto desvío de fondos del Canal Isabel II. La Unidad Operativa de la Guardia Civil trabajó en solitario, sin requerir del apoyo de los efectivos del Instituto Armado en Burgos.