Los recursos retrasarán un año el cierre definitivo del caso Arroyo después de sumar 2.744 días de proceso judicial

El caso Arroyo seguirá fluyendo por los tribunales, como mínimo, durante los próximos 365 días, el plazo estimado en el que el Tribunal Supremo viene resolviendo los recursos presentados contra las sentencias emitidas por la Audiencia Provincial. Y los recursos comenzarán a caer a partir de mañana mismo el plazo para presentarlos expira en cinco días contra el fallo que el viernes condenó a sendas penas de tres años de prisión y a abultadas inhabilitaciones para ejercer cargos públicos al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez (dieciséis años de inhabilitación), y al constructor de Mahía, Ramón López Casal (siete años), por los regalos que el segundo entregó al primero un piso a pie de playa en Villagarcía de Arosa y por las decisiones que adoptó el regidor en favor de sus intereses urbanísticos un estudio de detalle que elevaba de 500 a 650 la edificabilidad de un terreno en el pueblo. Por esto último también resultó condenado el todavía arquitecto municipal, Buenaventura Conde, en su caso a siete años de inhabilitación.

Sin medidas cautelares

Los dos afectados por las penas de prisión el regidor y el constructor siguen hoy, y seguirán por ahora, en situación de libertad provisional mientras que, en el capítulo de inhabilitaciones, el alcalde y el arquitecto continúan, y pueden continuar, ejerciendo sus funciones en el cargo. ¿Qué consecuencias tiene entonces una sentencia que puso fin a la friolera de 2.744 días de proceso judicial? Pues por ahora, en realidad, ninguna. Las acusaciones, eso sí, pueden solicitar la ejecución provisional del fallo solo en el apartado de las indemnizaciones 132.000 euros por cabeza para el alcalde y el constructor por la vivienda de Villagarcía, según reconocieron ayer distintas fuentes jurídicas del caso.

Pero sería algo excepcional, ya que los habitual ante un proceso de estas características es esperar, en primer lugar, a las presentaciones de los posibles recursos de casación contra la sentencia y, en segundo, a la resolución de los mismos por parte del Tribunal Supremo. El fallo adquiriría entonces firmeza y, solo en el caso de que fuera ratificado en todos sus términos, llevaría a Méndez y a López Casal a ingresar en prisión al tratarse de una pena superior a los dos años, ya que solo se suspende la condena por debajo de ese límite para reos sin antecedentes.

El tribunal provincial entiende que ninguno de los condenados provisionalmente en esta causa presenta riesgo de fuga, lo que motiva que no se apliquen medidas cautelares sobre ellos a expensas de lo que dictamine en su día el Supremo. Solo entonces, y en caso de condena, se aplicarían también las penas de inhabilitación que alejarían a Méndez de la política durante dieciséis años y al arquitecto municipal de su puesto durante siete. Al primero le decomisarían la vivienda que le regaló en su día (2004) el constructor, que pasaría a formar parte del fondo patrimonial del Estado, y ambos tendrían que abonar las sanciones.

Las defensas de los tres condenados preparan ya sus recursos y la acusación particular estudia también si hacer lo propio en relación a algunos de los absueltos (dos) por prescripción de sus delitos. Así que los 2.744 días de proceso para llegar al final del caso Arroyo se convertirán, como mínimo, en 3.109 (un año más).

Solo 84 folios frente a los 5.000 de la operación Malaya

La sentencia del caso Arroyo recoge a lo largo de sus 84 folios los entresijos de una trama urbanística que, en realidad, apenas parece un aperitivo en comparación con procesos paralelos, como el de la operación Malaya en Marbella ambos surgieron entre 2005 y 2006. Esta última sentencia (de octubre), que acaba de ser recurrida, ocupa 5.000 folios. Las penas y los delitos, eso sí, son muy similares, aunque en el caso marbellí son 52 los condenados. Aquí, solo tres. El exalcalde Julián Múñoz fue condenado a dos años. Aquí, Méndez, a tres.